El dirigente de la Multisectorial Río Grande explicó que “todos los presupuestos están elaborados en base al petróleo Brent que fijó el gobierno, y las inversiones están absolutamente condicionadas a esos presupuestos”, por lo que esta decisión de cambiar las reglas de juego “de la noche a la mañana” se va a traducir el falta de inversiones, que afectarán fuentes de trabajo y abastecimiento. “Hoy están todas las obras paradas en el sector petrolero y el gobierno nacional vuelve a esta lógica de interferir sobre los recursos naturales de la provincia”, criticó.
Río Grande.- El referente de la Multisectorial Río Grande Moisés Solorza fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre las derivaciones de la decisión del presidente Macri de disponer por decreto de necesidad y urgencia el congelamiento del valor de los combustibles, y la “intervención” que implica sobre recursos que son de las provincias.
Ayer siguió de cerca las alternativas de la reunión entre las empresas petroleras y el gobierno nacional, “después de la intervención brutal que hizo el gobierno nacional a través de un DNU, cambiando las reglas de la noche a la mañana por una cuestión meramente electoral, y por su propia incapacidad de llevar adelante una política energética viable”, fustigó.
“Este tipo de variaciones compromete inversiones del sector y es realmente preocupante. Si las inversiones no se llevan adelante, hay personas que van a quedar sin su fuente de trabajo, en una situación muy compleja en el país”, advirtió.
Repasó las marchas y contramarchas del gobierno, que decidió la dolarización y ahora intenta poner un freno, perjudicando a las ocho provincias petroleras. “El esquema diseñado por el gobierno nacional desde un comienzo, primero con Juan José Aranguren, luego con Javier Iguacel y ahora con Lopetegui, tiene componentes que escapan a la lógica. Primero tomaron como referencia el valor internacional del crudo y eliminaron el barril criollo; luego liberaron el precio de los combustibles a nivel nacional, dolarizaron la economía después de que las provincias firmaran un pacto fiscal. En ese pacto fiscal se aplicaba una serie de incrementos impositivos a los combustibles que llevó a Tierra del Fuego a aumentar el 170% el valor, y de eso es responsable también la gobernadora, que firmó el pacto, y la Legislatura que con su mayoría automática aprobó cada iniciativa del gobierno provincial y pasó a ser una escribanía ante este tipo de situaciones”, sostuvo.
“Nosotros no somos un país petrolero. Somos un país agroexportador con presencia de petróleo, y con áreas absolutamente productivas como Vaca Muerta y la Cuenca Austral. Ya desde junio de 2016, cuando se rediseñó el esquema petrolero argentino con la resolución de Aranguren, se le puso un valor de incentivo al precio del gas, del petróleo y por ende de los combustibles líquidos. Ese valor está absolutamente dolarizado. Hoy el gobierno nacional, encorsetado por el FMI, no puede tomar un esquema distinto y acude a las herramientas que le quedan, que son las internas. No quiere tocar al campo aumentando las retenciones y echa mano a las petroleras. Todos los presupuestos de la industria en general están elaborados en base a un dólar de referencia que fijó el gobierno, como es el petróleo Brent, y las inversiones están absolutamente condicionadas a esos presupuestos”, subrayó.
“De la noche a la mañana el gobierno nacional decide que el valor del petróleo crudo no es el valor de referencia internacional, y que el valor de los combustibles se va a retrotraer al 9 de agosto pasado. El dólar ha sufrido un incremento más que importante, porque ronda los 60 pesos, y el petróleo Brent está a 61 dólares, pero el gobierno pretende pagarlo a 58 dólares. Esas variables las empresas no están dispuestas a asumirlas como costos y lo van a traducir en falta de inversiones”, aseguró.
“Los esquemas presupuestarios ya están cerrados a un valor internacional y, como el gobierno nacional no maneja la variable dólar, esas fluctuaciones tardan en llegar a los consumidores finales. Por un lado baja el petróleo internacional pero aumenta el dólar, y ese sendero de precios nunca lo vemos reflejado en el valor final del combustible”, señaló.
Sin política de hidrocarburos
Por otra parte, se le consultó sobre la forma en que Roch está sacando su producción, vía Chile. “YPF está resguardando y dando prioridad a su producción. La empresa Roch tiene que transportar su producción líquida a la planta de almacenamiento que está en Cruz del Sur. Cuando viene el barco, YPF despacha su combustible y hace esperar de alguna manera a las compañías que tienen convenios de despacho con empresas privadas, como Roch”, detalló.
“Roch tiene un problema de infraestructura, no puede terminar su gasoducto y está quemando el gas de los pozos nuevos, y por otro lado no puede concluir un oleoducto, que necesita entre 7 y 9 millones de dólares para llegar a una zona de acopio. Roch está sacando en camiones la producción todos los días a través de Chile, y lamentablemente esto va a continuar hasta que no se piense en una estrategia integral entre las petroleras, en conjunto con la provincia. Estos vaivenes con la política nacional y local hacen que las petroleras tengan desavenencias y no puedan planificar con un ministro realmente presente”, planteó.
“Estamos viendo claramente la inexistencia de planificación y de unificación de criterios con el gobierno provincial, y una falta de articulación con la principal productora del país, que es YPF, para que no tengan que llevar en camiones a Chile la producción de la provincia”, dijo.
La petroquímica para Caputo
La solución sería destilar combustibles en la provincia, pero Solorza atacó tanto “el mamarracho” del convenio chino de Ríos, como el intento ahora de Bertone de entregar esa inversión a Nicolás Caputo y Mirgor. “Estamos cansados de que cada cuatro años prometan el puerto o la petroquímica. Hemos propuesto el polo energético en la zona norte, y son cuestiones prioritarias para la industria, pero no se está planificando que ese petróleo que hoy se manda a Chile se procese y genere combustible para nuestra gente y las campañas antárticas. Seguimos siendo exportadores de materias primas sin agregarle valor. Nosotros producimos petróleo, lo vendemos a las refinerías, y después compramos las naftas a un precio inalcanzable”, dijo de un circuito que no resiste lógica.
“Si seguimos pagando estos costos en dólares, trasladarlo a los vecinos es realmente inviable. Hoy están todas las obras paradas y condicionadas a que, a través de un decreto se volteen todas las obras que tiene en marcha el sector petrolero. El gobierno nacional vuelve a esta lógica de interferir sobre los recursos naturales de la provincia. Yo creo que en algún momento hay que empezar y justamente Gustavo Melella me ha preguntado en qué tipo de proyectos estamos trabajando, para aportar lo que creemos que es mejor para nuestra provincia. Particularmente creo que el famoso convenio chino, desvirtuado, vapuleado y menospreciado, tiene que resolverse en términos políticos, y la política tiene que servir para resolver los problemas de la gente”, manifestó.
“Este convenio se desvirtuó en el gobierno de Fabiana Ríos y la solución no era darle el proyecto a los amigos de Nicolás Caputo y de Mirgor. Habría que haberlo reestudiado y acondicionado a los tiempos que vivimos, y que la política se ponga de acuerdo en llevar adelante una inversión con la seguridad jurídica que merece el tratamiento de la cuestión hidrocarburífera en la provincia. No podemos tener seguridad jurídica cuando cometimos los mamarrachos que cometió Ríos primero, y después los despropósitos que cometió Bertone, intentando quedar bien con los amigos de Mauricio Macri, al darles un convenio que está judicializado y que puede poner en riesgo hasta los bonos que puso en garantía el gobierno de la provincia para obtener el préstamo”, alertó.
“Esto se hace simplemente por caerle en simpatía a Caputo y Mirgor, y me parece que no le corresponde al estado inmiscuirse en este tipo de cuestiones, si no es para mejorar y engrandecer un proyecto. La sociedad está reclamando respuestas laborales y, si eso se lleva adelante, podemos hasta tener consecuencias judiciales a largo plazo, porque hay empresas que comprometieron una inversión, que se la está volteando para dársela a amigos del poder”, afirmó Solorza.
“Hay que tener seriedad, juntar a los actores en una mesa, y ponerse a rediseñar un proyecto, dejando de lado cualquier tipo de juicios que puedan venir contra el estado y nos puedan condicionar en el futuro. La política debe dar una muestra clara de que los hidrocarburos son nuestro sustento y nuestra diversificación a futuro, y no estos mamarrachos del gobierno de Ríos y el de Bertone. Ojalá que Gustavo Melella tenga la capacidad política para poder resolverlo, agregar valor a nuestros hidrocarburos y dar soluciones laborales genuinas”, deseó.
Agregó que la petroquímica “es fundamental para tener una usina en la zona norte, con un interconectado provincial, para que el gas no se vaya por un caño”.
Fracaso en las negociaciones
Sobre el cierre de la edición se conoció el fracaso en las negociaciones entre las petroleras, las provincias y el gobierno de Macri, por lo cual se analizan medidas en conjunto de las provincias productoras de hidrocarburos. El Gobierno nacional, a través de sus ministros de Hacienda Hernán Lacunza y de Interior Rogelio Frigerio, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se comprometió a analizar un conjunto de iniciativas que le presentaron las empresas y provincias petroleras para morigerar el efecto negativo que tiene sobre ellas el congelamiento de precios del petróleo y los combustibles.
De la reunión participaron los ejecutivos de Capex, Exxon Mobil, Pampa Energía, Pluspetrol, Sinopec, Roch, Raizen, YPF, PAE, Shell, Chevron, CGC, Vista Oil & Gas, Total, Wintershall, ENAP Sipetrol, Trafigura, Tecpetrol y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH).
Por las provincias participaron el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el de Neuquén, Omar Gutiérrez; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González; el ministro de Infraestructura y Energía de Mendoza, Martín Kerchner y la ministra de Hacienda de Mendoza, María Paula Allasino. Los funcionarios reconocieron en el encuentro que el Gobierno nacional quiere “transformar el decreto en un acuerdo”, para lo cual “hay 91 días, a más tardar, para hacerlo”, según expresaron fuentes oficiales al término de la reunión, que se desarrolló por poco más de una hora en el Palacio de Hacienda.
