Gobernadores peronistas y de partidos provinciales cuestionaron este miércoles medidas económicas anunciadas en los últimos días por el presidente Mauricio Macri tras la aplastante derrota en las últimas PASO, a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y advirtieron que las mismas pueden perjudicar a las provincias.
Buenos Aires.- Los mandatarios provinciales se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el fin de analizar el impacto en la coparticipación de las medidas impositivas anunciadas por el Gobierno nacional sobre el IVA, Ganancias y el congelamiento de los precios del combustible.
Del encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, de Tierra del Fuego Rosana Bertone, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros.
Los gobernadores de la oposición agregaron en el documento de dos carillas de extensión que «estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos».
Quienes tomaron la iniciativa a la hora de expresar su malestar fueron los representantes de las provincias petroleras, quienes argumentaron que el congelamiento de precios de combustibles será de gran perjuicio.
Por tal motivo, Río Negro y Neuquén recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Macri para congelar el precio de los combustibles por tres meses.
Según argumentaron en la presentación judicial se trata de una norma «manifiestamente inconstitucional».
«El Poder Ejecutivo Nacional se arrogó inconstitucionalmente, mediante el DNU que impugnamos, el dictado de normas de carácter legislativo, en detrimento de las que son propias del Congreso de la Nación», enfatizaron.
La demanda, trabajada en conjunto con la fiscalía de Neuquén, apunta contra «el Estado Nacional, por ser el autor directamente responsable del perjuicio» que ocasiona a esas gobernaciones.
«El DNU que impugnamos, en tanto modifica inconstitucional y arbitrariamente, el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro, y en su perjuicio, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial», sostuvo el escrito presentado por el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltinek.
El artículo 117 de la Constitución le asigna competencia originaria al máximo tribunal para los casos en que las provincias son parte.
El decreto cuestionado es el 566/2019, que estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los 90 días siguientes deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de cuarenta y cinco pesos con diecinueve centavos por dólar estadounidense ($45,19/u$s) y un precio de referencia BRENT de cincuenta y nueve dólares por barril u$s59/bbl).
«Los ingresos provinciales se verán afectados en forma negativa, por una menor recaudación tanto de regalías como de impuesto a los ingresos brutos, en tanto se encuentra directamente vinculada a la diferencia entre el precio de mercado del petróleo crudo ´Brent´ y la paridad efectiva entre el peso argentino y el dólar estadounidense», indicó la presentación judicial.
Por su parte, Río Negro afirmó que como la medida tiene una vigencia de 90 días, «la pérdida total estimada asciende a $582.7 millones».
Según sostiene la presentación, «la procedencia y necesidad de que comparezca a juicio es evidente: si bien el Estado Nacional no es ‘parte’ de la relación jurídica que liga a la Provincia de Río Negro con las concesionarias de explotación de hidrocarburos –que le liquidan y pagan las regalías respectivas (compensatorias de la detracción de un recurso natural, de su dominio originario conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional)– la afecta directamente con el dictado del inconstitucional DNU 566/2019».
«La sentencia a dictarse no sólo deberá ser declarativa de la inconstitucionalidad, por los motivos expuestos en esta presentación, sino que –y así lo requerimos expresamente- deberá declarar la nulidad del DNU 566/2019. La sanción de nulidad está prevista expresamente en el artículo 99 inciso 3º, segundo párrafo de la Constitución Nacional. Y tal nulidad es absoluta e insanable, de modo que su declaración tiene efectos retroactivos respecto de la norma anulada», sostuvo.
«Por supuesto que no pretendemos que esa CSJN examine cuál pudo ser el mejor sino, simplemente, que declare que la medida resulta irrazonable, haciendo aplicación del estándar que ha sabido enunciar: ´el examen de razonabilidad de las leyes en punto a su constitucionalidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños´», se añadió.
La Pampa también recurrió a la Corte por el congelamiento del precio de los combustibles
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, presentó este miércoles un recurso de amparo ante la Corte Suprema contra el decreto del presidente Mauricio Macri que congeló los precios de los combustibles por 90 días.
El mandatario provincial sostuvo que, con esa medida que consideró «electoralista», La Pampa perderá entre 200 millones y 300 millones de pesos en regalías hidrocarburíferas.
«Estamos pidiendo que cese la medida y que sigamos cobrando lo que veníamos cobrando en regalías», afirmó Verna, quien participa en Buenos Aires de una cumbre de gobernadores peronistas.
El mandatario peronista viajó a Buenos Aires junto al fiscal de Estado, Alejandro Vanini, encargado de la presentación ante la Corte Suprema.
Verna dijo que el congelamiento de los precios de los combustibles beneficia a los pobladores, pero perjudica a los Estados provinciales.
«En el caso de La Pampa, se perderán entre 200 millones y 300 millones de pesos en regalías. Creo que a las medidas electoralistas, el Gobierno debería afrontarlas con su propio dinero de su coparticipación», argumentó el gobernador.
Verna volvió a quejarse porque Mauricio Macri no invitó a La Pampa a la reunión que se desarrolló el martes con el resto de las provincias productoras de petróleo.
«Macri debería enterarse que La Pampa es una provincia petrolera. Es plata que la provincia de La Pampa no va a disponer para la ayuda social. Pero Macri no está enterado de que somos una provincia petrolera», indicó el mandatario pampeano.
Sostuvo también que «son medidas electoralistas porque Macri no las comparte» y añadió: «son por tres meses. ¿Vos pensás que te van a cambiar la vida con 2 mil pesos?».
«El costo para La Pampa de estas medidas claramente electoralistas supera los mil millones de pesos. El Gobierno nacional ha mandado un cálculo, que en Hacienda no saben explicar y que habría elaborado la AFIP, donde nos dicen que La Pampa perdería solamente 70 millones de pesos. Creo que son demasiado optimistas. Ese cálculo está exagerado», enfatizó.
Los Gobernadores piden que se retrotraigan las medidas
Los gobernadores peronistas y de partidos provinciales consensuaron un documento donde solicitan al Gobierno Nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, «en resguardo de las finanzas provinciales», indicaron a la salida del encuentro.
Los mandatarios provinciales se reunieron este miércoles por espacio de dos horas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas «no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales» y amenazaron con «ir a la Justicia» en tanto sigan en pie.
El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que «hemos acordado un documento común donde solicitamos al Gobierno Nacional que se retrotraigan las medidas anunciadas» y «ratificamos la importancia de que no disponga de las recursos que son de las provincias».
«Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por el gobierno nacional», dijo y advirtió que «si no tenemos respuesta de parte de las autoridades iremos a la Justicia».
«Si bien estamos supeditados a lo que plantea el gobierno, tenemos un plan de acción que tiene que ver con garantizar los derechos de las provincias porque tenemos la obligación institucional de preservar esos recursos», aseguró Urtubey.
Destacó que «a más tardar, la semana que viene, vamos a estar viendo cómo continuar».
El documento establece que los mandatarios provinciales «no» están «en contra de las medidas» pero que fueron resueltas «en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas».
«Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos y olocándonos en una grave situación de desfinanciamiento», indica el texto.
Agrega que el Gobierno Nacional «no puede disponer inconstitucionalmente» de esos recursos y que las juridicciones están en «grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes» lo que amenazará con «la paz social» por las «malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tenemos ninguna responsabilidad».
Califican además de «arbitraria y perjudicial» las medidas y sostienen que dejan a las provincias al borde de una «crisis» que las obligaría a tomar acciones de tipo «excepcional» lo que «agravaría la situación del país».
