El abogado Javier Pintos se refirió a la situación que atraviesan una docente y un ingeniero a quienes se les inició un sumario administrativo y una causa judicial por la supuesta presentación de certificados médicos falsos. Dijo que la causa no se resuelve y desde hace dos años están sin cobrar sus haberes y sin poder trabajar en otro lado, porque siguen siendo parte de la administración pública. Aseguró que se los llevó a una situación de “indigencia total” y presentó un amparo responsabilizando a los funcionarios actuantes.
Ushuaia.- “Estoy patrocinándolos en una causa civil”, comenzó confirmando el abogado Javier Pintos, refiriéndose a la situación que están atravesando la docente Sara Lía Altamirano y el ingeniero Daniel Heizmann, que se desempeñaba en el IPV, a quienes se les inició una investigación por supuestos certificados médicos falsos.
El letrado indicó que “hay una causa penal que está en trámite que está hace prácticamente dos años, que se genera por una denuncia que hace la ministro de Salud en contra de este matrimonio. Automáticamente con la denuncia se les inicia un sumario y en ese momento se los suspende a los dos en sus funciones sin goce de haberes, administrativamente”, explicó por Radio Provincia.
Pintos mencionó que “se tardó prácticamente un año y medio para evaluar la prueba que había y llamarlos a indagatoria, una año y medio de investigación para recién llamarlos a indagatoria manteniéndolos suspendidos sin goce de haberes”, remarcó. Señalando luego que “en este momento la causa, que lleva más de dos años, tiene un procesamiento dictado en contra del matrimonio por falsificación de certificado médico, esa es la acusación”, indicó.
Agregando que “lo que sí está armado y cuestionado es eso que salió en algún momento en la prensa sobre que vendían o entregaban certificados a otras personas, eso está absolutamente fuera de la realidad”, advirtió. Mencionando que al matrimonio lo imputan “absolutamente por todos los certificados médicos que tienen en su legajo, una cosa totalmente ilógica porque hay certificados de más de 10 años”.
El abogado dice que es “absolutamente irracional que una persona durante más de 10 años no tenga ni siquiera un resfrío y que todos los certificados médicos que presenta sean truchos”. Incluso dijo que en un momento el hombre tenía una derivación “por un problema de salud grave”, que quedó sin efecto “y no se lo atendió más por su tema que es una enfermedad degenerativa grave y por eso es que en este momento he presentado un amparo para que resuelva la justicia laboral”.
Pintos cuestionó “lo ilógico de mantener durante más de dos años a un matrimonio con un chico menor sin tener sueldo y sin darle ninguna ayuda del Estado, que los llevó a una situación de indigencia total y absoluta. Ellos no pueden reclamar ni siquiera planes sociales, no pueden tener una caja de ayuda del Estado y están vendiendo sus cosas porque no tienen como sostenerse a raíz de que se los ha acusado hace más de dos años y todavía no hay una resolución judicial”, comentó.
Incluso comentó que el caso se encuentra “recién en la primer etapa del proceso” y recordó que “el reglamento de investigaciones administrativas que se aplica dice que se los puede suspender por 30 días y con una prórroga de hasta 60 días; ahora mantener a un matrimonio con hijos durante dos años sin que puedan cobrar haberes y sin liberarlos para que puedan obtener recursos de otra forma es totalmente ilógico y arbitrario”, expresó.
Señalando que presentó un amparo donde responsabiliza a los funcionarios intervinientes por la situación de la familia, entre ellos al “Ministro Jefe de Gabinete porque tiene conocimiento pleno de esto y dejó la situación así”, catalogándola como de “abandono de persona”. Para concluir señaló que el Estado provincial los ha “penado y castigado” con la situación a la cual los llevó.
