Mediante el dictamen 04/2019, emitido el 22 de este mes, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, dio respuesta a la denuncia radicada por la Asociación de Profesionales de Turismo y confirmó que el ingeniero Ricardo Vukasovic estuvo ejerciendo una doble función, que configura un “conflicto de intereses”. Remitió copia a la gobernadora y distintas dependencias del Ejecutivo a fin de que hagan cesar esta situación, y expuso el “riesgo para el erario público” de este tipo de figura. Vukasovic había sido denunciado por ser asesor ambiental de la empresa Gancedo SA y a la vez funcionario de la Secretaría de Hidrocarburos.
Río Grande.- El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre emitió el 22 de este mes una nueva resolución vinculada con la obra del corredor costero Canal Beagle, y advierte que responde a una de varias denuncias que están siendo investigadas por el ente de contralor, que ya se había expedido con anterioridad, ordenando que brinde información a las organizaciones ambientalistas.
Se trata del dictamen 04/2019, originado en la denuncia de la Asociación de Profesionales de Turismo, por la doble función del ingeniero forestal Ricardo Vukasovic como funcionario público y asesor de la empresa Felipe Gancedo SA, que lleva adelante la obra del corredor costero.
El fiscal confirma que “en el período comprendido por la denuncia”, el ingeniero forestal Ricardo Vukasovic se desempañaba como funcionario de la Secretaría de Hidrocarburos y asesor de la empresa contratista del estado, lo que implica un “conflicto de intereses” por la incompatibilidad manifiesta de ambas funciones.
El fiscal remarca que el corredor costero “es una de las obra de mayor magnitud de la provincia, siendo la Administración quien ejerce el control respecto del desarrollo y ejecución de la misma”, por lo cual tener a un funcionario como asesor de la empresa implica “una directa colisión con las directrices constitucionales y legales en materia de prevención de conflicto de intereses”.
Vukasovic se desempeña como Subsecretario de Producción y Desarrollo Energético de la Secretaría de Hidrocarburos y, de acuerdo al dictamen, en febrero de 2018 “pidió la inscripción en el Registro Provincial de Consultores Ambientales”, para pasar a desempeñar esa función paralela dentro de la empresa Gancedo.
En el dictamen se remarca la “simultaneidad” de su labor como “Responsable Ambiental para la firma Felipe Gancedo SA en el marco de un contrato con la administración pública”. Si bien el fiscal aclara que “no hay una norma específica en la provincia referida a incompatibilidades y conflicto de intereses”, la nación “ha suscripto compromisos internacionales en materia de transparencia y anticorrupción que obligan a los estados provinciales a exigir a sus funcionarios, de cualquier rango, el debido respeto a los mismos”.
Menciona entre ellos la Convención Interamericana contra la corrupción, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que contienen disposiciones que apuntan a “evitar perjuicios y riesgos” al erario público.
“Las incompatibilidades protegen al erario público frente al riesgo de que un agente que cumple diferentes funciones produzca un perjuicio a su financiamiento o funcionamiento”, resalta, entendiendo que el conflicto de intereses atenta contra “la imparcialidad en el ejercicio de la función, la igualdad de trato e independencia de criterio”.
La resolución se limita a comunicar esta situación a la gobernadora y distintas dependencias del gobierno, a fin de hacerla cesar, sin ninguna medida sancionatoria.
El informe de Turnes
Por otra parte también se conoció sobre el fin de semana el informe que le habría costado el puesto al arqueólogo Lucas Turnes, quien se negó a firmar el estudio de impacto ambiental y arqueológico de la obra antes de la audiencia pública del año pasado.
Siendo Director General de Patrimonio Cultural y Paleontológico, expuso una serie de irregularidades en el estudio de impacto arqueológico en particular, que se realizó “en siete días”, con la participación de tres profesionales, cuando el pliego licitatorio hablaba de al menos 30 arqueólogos y palentólogos que debían contar con equipamiento especial para el relevamiento.
El contenido de este informe es parte de una demorada respuesta a la Asociación de Profesionales de Turismo por parte del secretario de Cultura Gonzalo Zamora, que concretó el 22 de agosto, argumentando que dicha demora se debió “al cierre del edificio por problemas de calefacción”.
En la respuesta consta copia de la nota enviada el 15 de enero pasado por la Directora Provincial de Museos y Patrimonio Carina Quattrocchi al mismo secretario de Cultura Zamora, reclamándole “el plan de gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico, quiénes son los responsables del monitoreo y rescate del patrimonio, destino del mismo, teniendo en cuenta que, el Museo del Fin del Mundo, es el espacio final de resguardo”. La directora de Museos dice que había tomado conocimiento del inicio de la construcción de la ruta 30 en el mes de enero “por los medios de comunicación”, y le recuerda a Zamora que “dentro de las misiones y funciones asignadas a la suscripta, mediante Decreto 1608/18, Anexo I, se encuentran:… Desarrollar y conducir acciones necesarias a fin de rescatar, conservar…. Como así también… Entender en los trámites de declaración de interés patrimonial sobre bienes, sitios y edificios históricos… En ese sentido y teniendo en cuenta que es una ruta que atraviesa sectores de valor patrimonial, es que se reitera lo expresado por el Lic. Lucas Turnes en Informe N°62/18 en el cual requiere, entre otras cosas, especial cuidado en el tramo de la traza Tramo 1 Sección 2 que atraviesa e impacta sobre 9 yacimientos y el cementerio de peones de Estancia Remolino, con posible presencia de enterratorios humanos en inmediaciones a dicha estancia, Decreto Provincial N°888/12 (Declaratoria de Patrimonio Histórico Provincial de cementerios y enterratorios), teniendo en cuenta también que se encuentran enterrados miembros de la comunidad yagán”.
La directora agrega que “esta Dirección Provincial carece de toda información y no ha sido convocada ni ha participado en la gestión de sectores con potencial valor turístico vinculado al Patrimonio histórico cultural y paleontológico”, tal como lo había expresado el año anterior mediante nota 201/08.
Además adjunta el informe N°1/19, presentado por el Director General de Patrimonio Cultural y Paleontológico Lucas Turnes, poco después despedido, por el cual “solicita el Estudio de Impacto Arqueológico”, no habiendo avalado el que presentó la empresa Gancedo en 2018.
El informe de Turnes, dirigido a la Jefatura de Gabinete, expone que “personalmente” fiscalizó “las labores realizadas por la empresa Arqueoambiental, responsable de la realización del Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico durante los días 21 al 28 de noviembre de 2018”, por lo que dicho trabajo se resolvió en 7 días.
“Durante el trabajo de campo se detectaron serias irregularidades, que fueron oportunamente transmitidas al Secretario de Cultura al finalizar el trabajo de campo, el día 28 de noviembre de 2018”, dice.
Entre ellas detalla “el tiempo dedicado a una prospección intensiva a lo largo de 132 km”, “la cantidad personal contratado para realizar el relevamiento (2 arqueólogos y 1 paleontólogo)”, la falta de “prospecciones sub–superficiales, que permitieran detectar restos arqueológicos no observables a simple vista”; la falta de antecedentes de los profesionales contratados “en el relevamiento de yacimientos de capas antropogénicas en concheros, condición explicitada en el pliego licitatorio”, con la aclaración de que este desconocimiento “resultó en una severa limitación durante el trabajo de campo”. Agrega que “una extensa sección del tramo 2 se relevó mayormente en vehículo, hecho que afectó seriamente la capacidad de detección de material arqueológico”, con descripción precisa de cada una de estas zonas.
“En el tercer tramo no se realizó un relevamiento de la traza propuesta por la empresa constructora, sino que los profesionales de la empresa Arqueoambiental se desplazaron mayormente por la costa, debido a que esta zona presentaba menos dificultades para desplazarse a pie”, continúa.
“Si se consideran las diferentes irregularidades detectadas durante el trabajo de campo, debería realizarse una nueva prospección intensiva, de acuerdo a las condiciones explicitadas en informes anteriores. Para poder concretar el Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico de forma rápida y eficaz será necesario contar, como mínimo, con un equipo de 10 arqueólogos que incluya profesionales con experiencia en la detección y excavación de complejos de capas antropogénicas en concheros y 3 paleontólogos con experiencia de trabajo en Tierra del Fuego”, recomienda Turnes.
“Los profesionales contratados deben dividirse en tres equipos, para poder abarcar en forma simultánea los tres tramos de la obra vial. Para poder cubrir cada uno de los tramos se requerirá como mínimo de 30 días”, estima.
“El equipo de trabajo deberá estar provisto de los materiales e insumos detallados en el pliego licitatorio (vehículos con movilidad doble tracción, cuatriciclos, GPS de alta precisión, notebooks, indumentaria adecuada, palas, estacas, bolsas de diferentes tamaños e insumos de librería). Una vez finalizado el trabajo de campo, se estima que serán necesarios, como mínimo, otros 30 días por tramo para poder procesar los datos recolectados en el campo y elaborar el informe de impacto arqueológico y paleontológico. Además, fuera de este esquema de trabajo, deben contemplarse las excavaciones de rescate y/o salvataje, que sólo deberían realizarse como último recurso, en caso de que no sea posible desviar la traza de la ruta”, dice.
Todavía resta que el Secretario de Cultura dé respuesta al pedido de informes del relevamiento realizado por la consultora Terramoena, que identificó los yacimientos y realizó el rescate, completando las “64 cajas” de las que habló Zamora y que están en proceso de clasificación, mediante un contrato pagado por la provincia para remediar el daño ambiental de la traza diseñada por Gancedo.
