La presidente de la asociación Bahía Encerrada, Stella Maris Domínguez, recordó todas las observaciones realizadas al gobierno fueguino, que fueron desoídas, no sólo desde los ambientalistas sino desde los entes de control. Lamentó haber tenido que llegar a una denuncia penal, pero celebró que la justicia esté actuando y haya avanzado con las primeras imputaciones. Coincidió con la posición de la vicegobernadora electa de parar la obra y revisar todo lo actuado. “De parte de los funcionarios es la primera vez que escucho una posición clara, bien intencionada y queriendo hacer bien las cosas”, dijo.
Río Grande.- La presidente de la asociación ambientalista Bahía Encerrada, Stella Maris Domínguez, dialogó ayer con Radio Provincia sobre el avance de la causa penal iniciada luego de la denuncia que radicaron la semana pasada, por el daño que se está provocando con la obra del corredor costero Canal Beagle.
“Nosotros venimos preocupados desde hace rato y hemos advertido al gobierno con notas, con pedidos de información, y terminamos en esta situación, tratando de prevenir un daño que sea irreparable”, dijo.
“El Ministro de Obras Públicas dice que la obra se va a hacer, que se van a cumplir todos los pasos, pero desde el principio estas cosas no se están respetando. Todas las acciones que surgieron fue después de las notas que presentamos al Tribunal de Cuentas, porque fueron a fiscalizar el tramo 2 después de que nosotros mandamos las notas y publicamos las fotos con la cantidad de árboles que habían talado, con el ancho de la ruta para la colocación de un obrador. No podemos creer en alguien que dice que va a respetar la legislación vigente cuando la realidad nos muestra que no es así”, fustigó.
“La empresa presentó un estudio de impacto arqueológico sin consistencia científica y por eso tuvimos que llegar a esta instancia judicial. No nos gusta estar en esta posición, pero me alegro de que la justicia esté actuando y ahora verificará si hay delito o no. Yo no quiero inmiscuirme en cuestiones políticas, y detrás de esto no hay ningún interés ni político ni económico en absoluto. Por supuesto creo que si hubieran ganado las elecciones quizás nada de esto hubiera salido a la luz”, concedió.
Recordó que “en la audiencia pública del año pasado no había tres fanáticos ambientalistas manifestando que no se debía seguir con la ruta, sino que había científicos preparados a quienes se debía escuchar. Todos expusieron que el impacto ambiental que se había presentado no tenía rigor ni la consistencia que debía tener. Esto no era culpa de la empresa que lo había presentado sino del estado provincial que lo aceptó. Se hicieron observaciones pero no se corrigió absolutamente nada”, cuestionó.
“No es que llegamos a esta instancia recién ahora. Antes de que se firmara el contrato con la empresa, ya habíamos realizado observaciones. Cualquier gobierno puede cometer un error pero tenían la oportunidad de subsanarlo. El gobierno está para defender los intereses de la provincia, los intereses ambientales, y notamos que en este caso no lo hicieron en absoluto”, sostuvo.
“No nos oponemos al desarrollo turístico, ni al desarrollo económico, ni a la posibilidad de trabajo para la población de Tierra del Fuego, pero queremos que las cosas se hagan bien. La traza se podría haber modificado y hasta último momento no se supo por dónde iba a ir y por qué sector iba a pasar. Es preocupante que los funcionarios no entiendan que las cosas se deben hacer bien y es lamentable que se llegue a las instancias judiciales. Para mí es el límite de una situación, porque había errores que se podían subsanar”, reiteró.
“La empresa hizo lo que se le dio la gana, pero el problema no es de la empresa sino del organismo que lo permitió, porque el gobierno está para defendernos. Tenemos información de que la empresa sigue trabajando y la obra del tramo de Moat a Almanza arrancó en enero. Tenemos las notas con el destrozo que se observa, cuando en ese sector la obra era una mejora de la traza, no los destrozos ni el ancho de la ruta que se observa. En el primer tramo, de Baliza Escarpados hasta Almanza, tenemos entendido que están trabajando y, si el 20 de agosto no hubiera estado una persona haciendo el recorrido, no nos hubiéramos enterado. No había ningún cartel y ninguna información”, expresó.
“Posteriormente a eso tuvimos una reunión con el secretario Pérez Toscani, que nos llamó a su oficina. Nos explicó que hubo irregularidades, pero que simplemente era la falta de carteles y que no habían avisado al gobierno que iban a trabajar en ese sector. Para el área de Medio Ambiente esa es la única irregularidad que hay y está convencido de que la ruta se tiene que hacer”, aseguró la ambientalista.
Agregó que “el estudio de impacto arqueológico fue realizado por la empresa también sin sustento científico y ante eso hicimos la demanda ante la justicia. Tiene que haber un responsable que analice si hay restos arqueológicos en el sector donde van a intervenir, y toda la costa del Canal Beagle está minada de restos arqueológicos. Es parte de la historia de Tierra del Fuego y eso se tiene que respetar”, reclamó.
“El sector desde Baliza Escarpados a Río Encajonado es uno de los más visitados por los turistas y por los locales para hacer trekking. La gente que viene a Tierra del Fuego no viene a visitar un casino ni a ver luces de neón. La gente elige este destino para llegar a un lugar natural. Hay un valor natural, un valor histórico y también tenemos que poner en valor el paisaje, que lamentablemente se está destruyendo, con el argumento de llegar a algún lado al que se puede acceder desde otro lugar, porque se puede modificar la traza”, subrayó.
“Acá decidieron hacer la ruta más allá de cualquier inconveniente y la idea es seguir avanzando. Si bien no tenemos fundamentos concretos, creemos que al margen del desarrollo turístico acá hay otros intereses, que son intereses inmobiliarios, e intereses con relación a las salmoneras”, disparó.
Se mostró convencida de que hay otro plan detrás de lo que se dice oficialmente y mencionó que hasta ahora “un solo funcionario salió a manifestarse en contra de las salmoneras pero nunca sacaron una ley prohibiendo las salmoneras en aguas territoriales. Una cosa son los discursos y otras los hechos, que demuestran otra cosa”, dijo.
Asimismo, coincidió con la posición de la vicegobernadora electa Mónica Urquiza de que se debe parar la obra cuanto antes y revisar todo antes de continuar. “De parte de los funcionarios es la primera vez que escucho una posición clara, bien intencionada y queriendo hacer bien las cosas. Hasta ahora de parte de los funcionarios escuchamos discursos donde dicen que la ruta va a seguir, no reconocen los errores y hablan de intereses políticos. Nosotros hemos ofrecido nuestro acompañamiento, pero no nos escuchan. Somos varias organizaciones que tratamos de coordinar lo que hacemos, sin empañar el trabajo de unos y otros, con el respaldo de los socios a quienes representamos”, destacó.
“Nosotros vamos a seguir insistiendo y lamentablemente tuvimos que llegar a la instancia judicial. Nos hubiera encantado que todos los mecanismos del estado hubieran funcionado. Nosotros estuvimos en la Legislatura cuando llamaron a los ministros por el tema de la expropiación. Lograron el acompañamiento legislativo pero la expropiación todavía no se realizó, sin embargo la obra se empezó a hacer. El Tribunal de Cuentas les solicitó que solucionaran el tema de la expropiación antes de firmar el contrato, para no tener inconvenientes posteriores, pero así y todo se firmó el contrato, se aprobó iniciar la obra y la expropiación todavía está en litigio”, advirtió.
“No entendemos la rapidez con que hacen algunas cosas y la lentitud para hacer otras. La responsabilidad de lo que está sucediendo en Tierra del Fuego es de los tres poderes y la comunidad tiene que abrir los ojos, tener una postura y decir dónde quiere vivir. Por respeto a nuestros antepasados, se deben respetar restos arqueológicos que son invaluables e irrecuperables, y es una pena que no se pueda trabajar en forma coordinada”, concluyó.
