La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich advirtió que la devolución de la movilidad automática no va a generar ningún cambio inmediato para los jubilados, y esto dependerá de futuras recomposiciones salariales para el sector activo. “A partir de esta ley se implementarían dos sistemas diferentes para la movilidad previsional”, dijo, teniendo en cuenta la diferencia en el cálculo del haber para los que se jubilaron antes y después de la vigencia de la ley 1.210.
Río Grande.- La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich fue consultada por Radio Universidad sobre la aprobación de la ley que devuelve la movilidad automática, prevista en la sesión ordinaria de hoy. “La lucha de los jubilados con la situación previsional inició con la aprobación del paquete de leyes de enero de 2016 y se dilataron seis meses los pagos de la movilidad. En 2018 la ley 1210 le dio el tiro de gracia al 82% móvil, al establecer que la movilidad era por promedio de escala, desapareciendo la relación directa de los jubilados con su haber de referencia, que había sido determinado por cargo, categoría y función”, repasó.
A partir de allí “todos los adicionales pasaron a formar parte de la masa salarial que se suma y se divide por la cantidad de agentes, y da un coeficiente por el cual se aplica la movilidad previsional”.
Las expectativas por la sesión de hoy no son demasiadas porque “las leyes tienen vigencia hacia adelante y no son retroactivas. Acá se está restituyendo un modo de calcular la movilidad y no va a generar ningún cambio al haber del jubilado, porque esto va a depender de que se produzca una recomposición salarial. Seguimos atados a que haya incrementos salariales en el sector activo”, sostuvo.
Con respecto a la retroactividad, “hay un reclamo de los jubilados que accedieron al beneficio antes de la ley 1210 y están pidiendo el recálculo del 2018 en adelante, pero eso no se va a resolver la sanción de esta ley. Esto va a depender de que las demandas judiciales que se hicieron tengan una sentencia favorable y la ley no habilita ningún tipo de reintegro”, afirmó.
“A partir de esta ley se implementarían dos sistemas diferentes para la movilidad previsional, por un lado para los jubilados que tuvieron su beneficio antes de enero de 2018, que volverían al cálculo de categoría, cargo y función; mientras que los jubilados que obtuvieron su beneficio desde la sanción de la 1210 hasta la fecha, como su haber fue determinado por promedio de los últimos 120 meses, la movilidad va a seguir siendo por promedio de escala. El único beneficio es que no van a tener que esperar seis meses para la actualización”, expuso.
Consultada sobre la cantidad de jubilados en la actualidad, y los que se fueron sumando en la gestión Bertone, dijo que “cuando asumió Bertone había unos 300 jubilados que habían presentado su trámite en diciembre de 2015 y varios tenían el beneficio otorgado pero no habían presentado la renuncia. De 20 ó 30 jubilaciones por mes, de pronto en un mes tuvieron que sacar 300 trámites y eso originó una demora bastante compleja. Desde el 2016 a la fecha, hay unos 500 ó 600 jubilados nuevos, la gran mayoría determinadas con el promedio por escala. La cifra total de jubilados no cambia mucho porque también se producen bajas de beneficiarios. En este momento no se llega a los 7 mil beneficiarios”, estimó.
Por otra parte se la consultó sobre las deudas con la caja, y aseguró que los números no están claros en la provincia. Observó que el Tribunal de Cuentas “no pudo determinar los recursos provenientes del Fondo Residual. Pasaron 16 años en los cuales los deudores fueron pagando sus deudas, se ejecutaron propiedades, se remataron varias, hubo un sinnúmero de expedientes yendo y viniendo del Tribunal de Cuentas a la Legislatura, y al momento de determinar la deuda que podría haber tenido el Fondo Residual respecto de la caja, no existió. La prueba más clara de que hubo una defraudación respecto del dinero recuperado por el Fondo Residual es que en la ley de emergencia -1068- vuelven a aparecer mágicamente los 208 millones que ya habían sido reconocidos en el 2000”.
“Desde el momento que se sancionó la ley de emergencia vengo solicitando al Tribunal de Cuentas que informe fehacientemente el monto total de los recursos extraordinarios creados en el marco de la 1068 y pueda determinar a qué se afectaron, porque al sistema previsional no ingresaron. Podemos inferir que el Poder Ejecutivo lo que hizo fue sustituir sus obligaciones corrientes de aportes y contribuciones con esos fondos, que no fueron al fortalecimiento del sistema previsional. En la última cuenta general que emitió el Tribunal de Cuentas estableció que más de 300 millones de pesos de utilidades del banco que se debieron destinar al fortalecimiento del sistema previsional, fueron utilizados por el gobierno para otros gastos que nada tenían que ver con el sistema”, indicó.
Hasta ahora “no se sabe en qué gasta el Ejecutivo los recursos que son de todos y estamos en un serio problema, porque habla muy mal de cómo funcionan las instituciones. Está cercano el vencimiento del mandato de una gestión pero los números no cierran y la información no surge”.
Además, agregó que la actual gestión habría generado una nueva deuda de la caja, según su criterio: “Cuando se trató el presupuesto 2020 para la caja yo tomé conocimiento de que hay un recurso que continúa siendo obligación de pago del Poder Ejecutivo y que por interpretación de Rubén Bahntje no ingresó y no se reclamó. Yo entiendo que la obligación de pago continúa vigente. En caso de que ese recurso ingresara y se considerara para el presupuesto 2020, el sistema previsional no sería deficitario”, dijo.
Respecto de este monto de deuda, manifestó que “en 2017 eran más de 800 millones de pesos y el déficit de la caja son 705 millones, así que hablamos de un recurso que cubre ampliamente el déficit del sistema. Estos son los recursos de la cláusula transitoria de la ley 1068, que dice que hasta tanto no haya ingresado al IPAUSS el producido del fideicomiso, el Poder Ejecutivo está obligado a continuar abonando las cuotas del decreto 761. Esa condición no se ha cumplido y, mientras tanto, la obligación de pago del Poder Ejecutivo continúa vigente, pero el señor presidente no interpreta lo mismo. Yo realicé esta observación en el proyecto de presupuesto y lo puse en conocimiento del Fiscal de Estado, del Tribunal de Cuentas, de los tres bloques legislativos y del presidente de la Cámara, para que analicen cómo van a proceder con esta nueva deuda que se ha generado de parte del Ejecutivo hacia el sistema previsional”.
La directora cifró expectativa de cambio con el nuevo gobierno. “Esperemos que el gobierno que va a asumir sea capaz de escuchar, de debatir, que las leyes que salgan en la Legislatura no sean a puertas cerradas y con un acceso militarizado, como ha gobernado la señora Bertone. Obviamente el voto de las urnas ha dicho que el pueblo no avala este comportamiento”, concluyó.
