En medio del malestar de los mandatarios ante la erosión de sus recursos por las medidas post PASO de Mauricio Macri, el Gobierno nacional trabaja en un “esquema de rescate” para hacer frente a la encerrona en la que se sumieron las provincias tenedoras de Letras del Tesoro en pesos (Letes) y Letras Capitalizables (Lecaps), afectadas por la reprogramación de pagos que la semana pasada Nación fijó para personas jurídicas.
Buenos Aires.- Con esa ingeniería que aún debe terminar de definirse, desde la Casa Rosada buscan paliar la emergencia de la mano de hacerse cargo del pago a las provincias de los cupones que vayan venciendo. Una postal que se inserta en las negociaciones entre oficialismo y oposición frente a la necesidad de Macri de lograr el aval en el Congreso a la avanzada en pos de la pax cambiaria, que incluye la prórroga de vencimientos de deuda.
Esa decisión había sido parte del reperfilamiento lanzado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para enfrentar las tensiones cambiarias. Pero complicó las previsiones de los Ejecutivos (cerca de una decena), que contaban con esos recursos para distintos compromisos, como el pago de vencimientos de deuda en dólares y de sueldos y aguinaldos.
Entre las provincias que recurrieron a estos instrumentos se encuentran Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Juan, Salta, Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Fe y La Rioja.
Algunos de esos distritos comenzaron a ser citados por la Casa Rosada para avanzar en una solución -en algunos casos urge-, pero la atmósfera en general en los despachos provinciales es aún de preocupación.
Por la mañana, incluso, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, amenazó con llevar a la Justicia el conflicto.
“Ya que defaultean ellos, la Argentina no puede obligar a que las provincias defaulteen también”, disparó el mandatario peronista, tras remarcar que en su provincia tienen recursos en Letes para que “no pierdan su valor”.
“Estamos hablando con el Gobierno, vamos a discutirlo en el Congreso, y si no lo resolvemos vamos a ir a la Justicia”, advirtió, en declaraciones a Buenos Días América.
Otra provincia en estado de alerta es Santa Fe, donde el reperfilamiento les afectó el libre uso de u$s 20 millones, con vencimiento en parte este mes.
“Por una medida de prudencia en la Provincia tenemos la costumbre de adquirir los dólares de cada vencimiento de deuda seis meses antes”, explicó el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione.
“Es lo que se hizo con los vencimientos de septiembre y octubre, solo que en vez de tener los dólares se compraron en Letras”, sostuvo el funcionario del socialista Miguel Lifschitz, en declaraciones a El Litoral.
La medida de reprogramacion de pagos a tenedores de Lecaps y Letes -por 180 días- alcanza sólo a personas jurídicas, lo que incluyó en un principio a una decena de provincias que invirtieron en esos instrumentos, por cerca de u$s1200 millones.
Ese “reperfilamiento” define la cancelación de sólo el 15% del monto adeudado en las respectivas fechas de vencimiento, del 25% a los 90 días del pago anterior (más el interés) y, a los 180 días corridos, del saldo remanente.
El malestar desatado entre gobernadores disparó un trabajo conjunto, en pos de resolver la queja, en los despachos de las carteras de Interior -que comanda Rogelio Frigerio- y de Hacienda.
“Estamos hablando y buscándole una alternativa a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial”, aseguraron desde filas nacionales el pasado domingo, además de confirmar que evaluaban la factibilidad de “ir pagándoles los cupones mientras van venciendo”, “como a las personas humanas”.
La estrategia de la reprogramación de Letes golpeó a los gobernadores, ya agobiados por un recorte en sus recursos y por un mayor peso de sus compromisos, frente a un pesado mix que incluye el impacto de la trepada del dólar, de las medidas pro consumo de Macri (como la suba del piso de Ganancias y la quita del iva a alimentos de la canasta básica, que recortan la coparticipación y que 15 distritos llevaron a la Corte) y del congelamiento del precio de los combustibles, que golpea regalías de provincias petroleras.
