En una sesión que duró poco menos de tres horas y que transcurrió en armonía, la Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley de emergencia alimentaria consensuado por la oposición para dar respuesta a la crisis económica y social que afecta a los sectores más desfavorecidos de la población, acelerada tras las devaluación del último mes.
Luego de tres meses sin actividad en medio de un año eleccionario, los diputados avalaron con 222 votos a favor, ningún voto en contra y la abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, la norma que busca aumentar en un 50% los recursos a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición y que prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional.
La iniciativa pasó al Senado y según pudo confirmar Ambito, la sesión se realizará el próximo miércoles a las 14.
Mientras en los alrededores del Congreso, organizaciones sociales reclamaban por la efectiva sanción de la ley, adentro los legisladores debatían sobre un proyecto que llegó con el consenso de la oposición y que si bien, en un primer momento el oficialismo se mostró reacio, a último momento, aceptó dar el debate y aportar sus votos para habilitar la sesión especial -que requería el voto de los dos tercios de los presentes por no haber pasado por comisión- y aprobar la emergencia.
El titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, celebró ante todo el orden en el que transitó la sesión, y dijo: «Inclusive no compartiendo cosas que se han dicho, hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad» y agregó: «No venimos con baldes de combustible, todo lo contrario, y dejamos de lado cosas que no eran propias del tema».
Respecto de la emergencia alimentaria, el diputado cordobés señaló que «es cierto que el Gobierno podría haber hecho por DNU la prórroga, lo discutimos, pero el proyecto viene a plantear la prórroga hasta 2022 y nos parecía adecuado que esa definición la tome el Congreso».
Por su parte, el jefe del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, elogió que el oficialismo acompañe la iniciativa e indicó que este proyecto viene a «dar una respuesta por parte del Estado frente a una demanda que surgió de diversos sectores». Además, remarcó que «los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales sino con políticas económicas».
En tanto, el titular del Bloque Justicialista, el salteño Pablo Kosiner, expresó «si hoy estamos debatiendo acá es porque necesitamos instrumentos que lleguen de manera institucionalizada a los sectores más vulnerables».
Otro de los que tomó la palabra fue el diputado de Consenso Federal, Marco Lavagna, quien señaló: «El problema que tenemos ya no es de coyuntura, es un problema estructural que a lo largo de los años se va complejizando. Primero decíamos que la pobreza estructural era del 18 por ciento, luego del 20 y hoy estamos hablando de una pobreza estructural que está un poco más arriba del 30 por ciento».
El diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la emergencia alimentaria, indicó: «Estamos planteando esta ley porque el país está en emergencia. Cualquier política pública para combatir el hambre llega tarde. Algunos se regodean por dar quórum o hablan de que esta ley es un problema fiscal, esto es un problema de fondo que hay que solucionar».
«Llegamos hasta acá con la unidad de todas las bancadas opositoras. El hambre del pueblo no puede ser la variable de ajuste. Quiero decirle a Pichetto que tiene razón esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri», concluyó.
A su turno, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que al principio de la sesión intentó sin éxito que se trate también la emergencia jubilatoria, expresó: «Por supuesto que vamos a acompañar una ley para paliar el hambre de los argentinos, pero desde las PASO los especuladores se la están llevando en pala. Esta ley es un paliativo. Hay que discutir medidas de fondo. Es irreconciliable el interés de los grandes banqueros con el de las mayorías».
Tras la votación en general, la norma pasó a votarse en particular donde el artículo 4 recibió una pequeña modificación en su redacción. Donde el proyecto original decía que se iba a disponer de «un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición», la nueva redacción incluyó «de los créditos presupuestarios vigentes».
Según había explicitado ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso en su informe sobre el impacto fiscal, si el incremento de las partidas se calculaba sobre los créditos vigentes al 31 de agosto -de los programas sociales afectados- el costo de la medida ascendería a $10.489 millones.
Además, la iniciativa votada faculta al jefe de Gabinete a actualizar las partidas trimestralmente, tomando como referencias mínimas el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la variación de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC. También, habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Principales puntos del proyecto
El proyecto de Emergencia Alimentaria, que ahora deberá recibir la aprobación de Senadores, establece un incremento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondiente a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Además, habilita a la Jefatura de Gabinete, «a partir del 1 de enero del año 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Las cuestiones clave son las siguientes:
– El proyecto de emergencia alimentaria se enfoca en cubrir las necesidades nutricionales de niños (hasta los 14 años), embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza.
– Estipula una suba del 50% (como mínimo) de las partidas nacionales que se deben destinar a alimentación y nutrición en lo que resta de 2019.
– Para 2020, prevé que las partidas presupuestarias se actualicen cada tres meses, vinculadas al avance de la inflación y la Canasta Básica Alimentaria definida por el INDEC.
– La situación de «emergencia» se extiende, según propone el proyecto, hasta el 21 de diciembre de 2022.
