El Senado debatirá este miércoles desde las 14 el proyecto con media sanción que establece la emergencia alimentaria hasta el año 2022 y que obliga al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias por $10.000 millones.
Buenos Aires.- La sesión será de las denominadas «sobre tablas», ya que el proyecto no cuenta con el dictamen de comisión. Pero los legisladores de todos los partidos consideraron que este era el camino adecuado para que la norma pueda ponerse en funcionamiento en el tiempo más rápido posible.
En la cámara baja el texto había sido aprobado por 222 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención. El Gobierno se comprometió a no vetar la norma y a oficializarla sin demoras, por lo que entre su presentación en la mesa de entradas de Diputados, su aprobación y su promulgación habrán pasado sólo 10 días.
Allí, el jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, expresó que «los problemas sociales se resuelven con políticas económicas» y «lo que estamos haciendo acá son paliativos».
«Los problemas sociales se resuelven cuando Argentina retome un rumbo de crecimiento», afirmó.
La iniciativa se gestó en medio de un convulsionado clima de protesta de los movimientos sociales contra las políticas de Mauricio Macri. El Gobierno dio su visto bueno al proyecto, que se negó a aprobar por decreto.
La discusión por el supuesto «costo fiscal» del proyecto, se destrabó luego de que el oficialismo comprobase que no se trata de un «gasto adicional» en medio de sus programas de ajuste fiscal implementados por el gobierno nacional sino de una «reasignación de partidas».
A través de un informe del Centro de Economía Política Argentina se conoció que el 90% de los niños, niñas y adolescentes no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación por el ingreso mensual de Asignación Universal por Hijo (AUH). El estudio midió el impacto del aumento de precios de alimentos de la canasta básica sobre dicho haber mensual.
«Si se analiza el poder de compra de la AUH en términos de la Canasta Básica Alimentaria por adulto equivalente, surge que no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 2 años», agrega el informe.
Tras el debate, el diputado oficialista, Daniel Lipovetsky señaló que «está bien» avanzar con esta ley porque «no han cambiado las condiciones como para no prorrogarla (a la emergencia)». «Hoy por hoy lo principal es estar cerca de la gente, y en ese marco me parece bueno que aprobemos la ley», remarcó.
E insistió que el próximo año «van a seguir estas condiciones porque tenemos un país realmente desigual, con una parte de la población -más de un tercio- por debajo de la línea de la pobreza hace muchos años».
En cuanto a lo que se espera en el Senado, si bien el hoy candidato a vicepresidente por el oficialismo Miguel Ángel Pichetto, se manifestó en contra de la declaración de emergencia alimentaria, el bloque de Juntos por el Cambio ya tiene definida su postura y se reunirá antes de la sesión para ultimar los detalles discursivos. Lo propio hará la oposición.
No estará presente en el recinto la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, quien extendió su estadía en Cuba hasta el 19 de septiembre.
Puntos destacados
Una vez entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete deberá reasignar los fondos para incrementar en al menos un cincuenta por ciento las partidas destinadas a políticas públicas de alimentación hasta diciembre, que los propios diputados estimaron durante la sesión en torno a los $10.000 millones.
Por la forma en que fue redactado el proyecto, desde el oficialismo consideran que la metas fiscales que se propuso Cambiemos no se verían obstaculizadas, así como tampoco se invade -sino que «ratifica»- la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias para alimentación y nutrición.
El texto, además, faculta al jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente las partidas, tomando como «referencias mínimas» el aumento de la variación porcentual del rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
Además, indica que «el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada «Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional» que apruebe el Congreso de la Nación».
Y se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que «garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina».
Y enumera los preocupantes números del INDEC, como «la pobreza en Argentina que llegó al 32% de las personas al finalizar el segundo semestre de 2018»; «la indigencia, pasó de un 4,8% en el segundo semestre de 2017 a un 6,7% en el mismo período de 2018»; y que además «se estima que al finalizar el presente año es probable que la pobreza afectará al 38% de la población y la indigencia al 10%».
Además enfatiza que el incremento de la Canasta Básica Total (CBT) que fue de 2,5% durante julio 2019 y llegó a $ 31.934,44 para una familia tipo de 4 integrantes como umbral mínimo para no caer en la pobreza», junto a una inflación estimada para el mes de agosto de 4%.
