La legisladora electa y Secretaria de Derechos Humanos calificó de “aberrante” el proyecto ingresado por la legisladora Cristina Boyadjián, porque “normaliza la violación” y pretende que, a cambio de dinero y vivienda, una mujer lleve a término el embarazo. Recordó que desde 1920 es legal la interrupción del embarazo en caso de violaciones, por lo que resulta anacrónica la propuesta de la mopofista. También advirtió que podría haber “sanciones internacionales”, de sancionarse la ley, por incumplir no sólo con leyes nacionales y la Constitución, sino con compromisos asumidos por Argentina ante el mundo.
Río Grande.- La legisladora electa y actual secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos del Municipio de Ushuaia, Victoria Vuoto, marcó su posición en contra del proyecto de la legisladora del MPF Cristina Boyadjián, que busca impedir que las mujeres violadas aborten, dándoles a cambio asistencia financiera y vivienda.
Por Radio Nacional Ushuaia expresó que “es un proyecto que me preocupa considerablemente, y creo que a todos debería preocuparnos. En su denominación pareciera tener un fin loable, pero cuando uno entra en el análisis concreto, advertimos que estamos retrocediendo 200 años en el debate. Al mismo tiempo estamos tirando de plano y de lleno contra todos los tratados de Derechos Humanos que ha suscripto el Estado nacional y las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales de Derechos Humanos a los Estados en general y a la Argentina en particular”.
“La observación más reciente fue publicada en junio de este año y pertenece al comité general de la ONU. Más allá de recomendar que avancen en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, dice que, mientras tanto, no introduzcan nuevas barreras. Este proyecto es una nueva barrera porque, cuando uno va al contenido, identifica claramente que hay mecanismos como la creación de compensaciones económicas y habitacionales, que fuerzan a la mujer que cursa un embarazo producto de una violación o de un delito contra la integridad sexual, a llevar a término su embarazo”, sostuvo.
“Eso realmente es algo descabellado, algo que puede ser caracterizado como un trato inhumano, cruel y degradante, y no lo dice Victoria Vuoto sino que lo dijo el comité que evalúa el seguimiento de la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres. Justamente en la recomendación 35 le dice a los Estados que eviten cualquier acción que tienda a forzar a las mujeres a terminar con sus embarazos, porque eso es cometer violencia contra las mujeres y esa conducta es equiparable a un trato cruel, inhumano y degradante. El Estado estaría cometiendo una acción por la cual debe responder internacionalmente, al obligar a una mujer a continuar con su embarazo”, advirtió.
“Realmente me parece absolutamente descabellado que, a dos meses de terminar el mandato de esta Legislatura, pretendamos discutir la creación de compensaciones económicas para que las mujeres continúen con sus embarazos, y no estemos discutiendo por qué hay altos índices en nuestra provincia de violaciones y delitos sexuales, de abuso infantil; cómo se investigan esta causas, si las mujeres tienen el tratamiento y acompañamiento adecuado frente a un caso de violación, si se les da el kit que corresponde obligatoriamente para evitar la transmisión de enfermedades sexuales y la pastilla del día después, justamente para evitar el embarazo producto de una violación”, reclamó.
“Esas tienen que ser nuestras prioridades. Estos debates no sólo atrasan sino que van en contra de todo el andamiaje constitucional que forma parte de nuestra Constitución, porque a partir de la reforma del ’94, tiene jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Acá se plantea que, a la que siga adelante con el embarazo, se le da una vivienda o una ayuda, y es realmente descabellado pensar que una mujer pueda pasar por una situación traumática tan grave como una violación con un embarazo producto de ella, y pretender que se quede tranquila porque tiene una ayuda económica”, enfatizó.
“Es una forma de forzar la continuidad de ese embarazo para una mujer en una situación extrema de vulnerabilidad, como representa la violencia sexual, que pueda estar atravesando por una vulnerabilidad económica”, manifestó.
Proyecto en soledad
Se le preguntó si este proyecto representa la posición del gobierno electo, teniendo en cuenta que Mónica Urquiza es vicegobernadora electa e integra el bloque con Boyadjian, lo puso en duda. “El proyecto lleva la firma solamente de ella. Yo estuve estudiando el proyecto y únicamente lleva la firma de esta legisladora, no de todo el bloque. Yo confío realmente en que no sea la voluntad del bloque ni de la Legislatura, y que el proyecto ni siquiera tenga dictamen favorable en la comisión de salud. Sería la decisión más sensata y adecuada a nuestro marco normativo internacional, a los tratados internacionales de derechos humanos, y la decisión más responsable. No se puede pretender discutir un aspecto de estas características cuando en dos meses se termina el mandato, siendo que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso llevó casi un año de debate. Me parece muy irresponsable”, fustigó.
En caso de prosperar, recordó que “en diciembre habrá otra Legislatura y el tema se puede volver a discutir, pero una vez que está sancionado, en lo inmediato hay que ver cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado provincial por el incumplimiento de los tratados internacionales. No es un tema menor, y las acciones que se hagan en caso de que la ley sea sancionada, pueden traer responsabilidad internacional”, ratificó.
Sin lógica
Victoria Vuoto no encontró explicación lógica para el proyecto que plantea Boyadjián, en esta coyuntura política. “En esta última semana el aborto se legalizó en México, en Australia. Todos los países están avanzando en ese sentido, porque justamente las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos van en ese sentido. Son recomendaciones que le hacen a los Estados, y luego hay una medición del avance de las distintas políticas que implementan los Estados, en este caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Los Estados tampoco quieren estar respondiendo a las sanciones de los organismos internacionales y están entendiendo que hay otros caminos. De hecho, la penalización no dio ningún resultado y es una de las cuestiones que yo planteo: desde 1920, salvo en causales como la violación, el aborto está penado, y supuestamente el fin de la norma es impedir que la práctica se lleve adelante. Lamento informar que con la prohibición ese fin nunca se cumplió”, sentenció.
“La práctica se lleva adelante, tenemos una alta tasa de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, y las mujeres de clase media que tienen recursos económicos pueden hacerlo de forma segura, mientras que las mujeres en situación de vulnerabilidad ponen en riesgo su vida. La discusión tiene que ser otra, obviamente acompañada de una gran política de prevención de los embarazos. La política de anticoncepción es muy importante, y también la de educación sexual integral”, dijo.
Dado que la semana pasada surgió un debate con la obra social estatal, por la cobertura de las pastillas anticonceptivas, Vuoto agregó que “ayer también, hablando con una colega, me dice que hay dificultades en la entrega de la pastilla del día después, que es justamente para evitar el embarazo. Tenemos un retraso en las discusiones que tenemos que estar dando y hay que poner el foco en las cuestiones más importantes”, reclamó.
Lo cierto es que, para Vuoto, “este proyecto de ley es aberrante, porque normaliza las violaciones. Estamos hablando de que violan a nuestras mujeres y creamos una herramienta para que terminen su embarazo. No nos preocupamos por lo central, que es que a nuestras mujeres las violan. La Legislatura debe pensar herramientas para evitar que se ataque a nuestras mujeres, y que se las acompañe adecuadamente. Están invertidas las prioridades en el debate y no encuentro la razón para debatir esto, porque es una discusión atrasada. Desde 1920 en adelante la interrupción del embarazo en los casos de violación es legal, y la mujer tiene derecho a saber que puede acceder a esa práctica y que no está obligada a llevar adelante ese embarazo. Una ley provincial no puede ir contra una ley nacional tampoco. Esta ley choca de plano con todo, con la legislación nacional, con la Constitución y con los tratados de derechos humanos”, insistió.
Debate en comisión
Finalmente se le preguntó si estará presente este miércoles en la reunión de la comisión de salud, donde se abordaría este tema. “Si las obligaciones cotidianas que tengo en la Secretaría me lo permiten, me gustaría ser parte del debate y ver cuál es el resultado. Los legisladores deberían saber que puede haber sanciones internacionales y, de todas maneras, yo empecé a circularizar el proyecto con organismo internacionales, para que puedan poner una palabra. Si el debate va a seguir en comisiones, posiblemente tengamos otras opiniones al respecto”, concluyó.
