A contramano del mundo, que viene reduciendo la tasa de pobreza, este indicador no deja de crecer en la Argentina, en lo que constituye tal vez la cara más cruel de la falta de progreso de la economía del país.
Buenos Aires.- La última medición del INDEC arroja que 35,4% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y que estaría afectando a 15,9 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran 3,4 millones de personas que son indigentes, en base a una estimación de habitantes del orden de los 45 millones de argentinos.
Es decir que hoy en la Argentina hay más de ocho veces la proporción de pobres que había en 1974 (4%). Uno de los datos más duros, que además condiciona el futuro del país es que uno de cada dos niños es pobre según los datos a 2018 del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estos datos lamentablemente se estiman que aumentarán habida cuenta que la situación económica empeoró.
Resulta paradójico que mientras en el mundo se combate –y con bastante éxito- la pobreza en la Argentina aumenta la cantidad de personas que tienen menos posibilidades.
Cabe señalar que, en 1990 había en el mundo 1.850 millones de pobres, cifra que se redujo en 1.100 millones 25 años después, hasta algo más de 700 millones, según los últimos datos del Banco Mundial – es decir cerca de uno de cada diez habitantes del planeta-.
El dato conocido hoy no es el más alto de la serie para la Argentina ya que el pico corresponde a 2002: la cifra de aquel entonces medida con la canasta de consumo actual, estaría cerca del 60%, según estiman los economistas. Pero el próximo resultado será peor. Dado que el segundo trimestre insinuó una mejora efímera antes del deterioro que siguió a las elecciones primarias, el número del segundo semestre probablemente se deteriorará, hasta alcanzar el 37%, de acuerdo con un informe dado a conocer por el economista Eduardo Levy Yeyati.
Inflación
Los datos de distribución del ingreso difundidos recientemente por el gobierno también permiten evaluar la gravedad de la situación. Las cifras del INDEC arrojan que los ingresos del 50% de los hogares alcanzaba en el segundo trimestre del año, hasta $28.591, es decir por debajo del costo de la canasta básica ($31.148 dato de junio pasado para Capital y Gran Buenos Aires).
Los indicadores de pobreza se ubican por encima de la situación heredada por la administración de Mauricio Macri (a fines de 2015 la proporción de pobres se ubicaba en torno de 29% de la población, según la UCA).
El deterioro de la pobreza no sorprende a la luz de los resultados económicos de la actual administración y la redistribución regresiva del ingreso: culminará su gestión con una caída de 5% en el producto bruto interno.
Cierto es que el gobierno de Macri heredó una marcada distorsión de los precios relativos, con el dólar y las tarifas retrasados – cuatro años atrás, la factura de luz de un hogar medio valía casi como una pizza -.
Pero la corrección de estas distorsiones fue de la mano de una aceleración inflacionaria que llevará al índice de precios al consumidor acumulado durante la gestión de Cambiemos a un aumento cercano a 300%. Con esta disparada tampoco extraña que la pérdida de poder adquisitivo del salario ronde el 18% comparado con fines de 2015.
Larga data
No sería justo, de todas formas, atribuir la falta de crecimiento a la presente administración. Se trata de un problema que aflige a la Argentina desde hace décadas, ya que desde el último cuarto del siglo pasado, la economía nacional viene enredada en una sucesión de procesos de “stop and go” que la ubican como el país que más recesiones tuvo desde los sesenta. Desde una perspectiva más reciente, cabe señalar que hoy el producto bruto por habitante es igual al registrado en 2009, es decir una década sin crecimiento.
Ante la falta de posibilidades para una gran parte de la población, el sector público pasó a ser un refugio. Hoy el Estado destina unos 19 millones de cheques mensuales, entre unos 7 millones de jubilados, más de 3 millones de empleados estatales o 4 millones de asignaciones universales por hijo.
En consecuencia, el próximo gobierno no sólo tendrá la desafiante tarea de intentar retomar un crecimiento sostenido, sino que también deberá administrar de manera eficiente la enorme masa de recursos que hoy demandan las necesidades sociales en momentos en que se han cortado las fuentes de financiamiento.
Al respecto, un informe de la consultora IDESA dado a conocer este lunes muestra que del total de ingresos no laborales que reciben las familias, sólo un quinto va hacia los hogares de bajos ingresos, mientras que el doble de esa proporción va en favor de los hogares de altos ingresos.
El principal componente de las transferencias del Estado y, por lo tanto, de los ingresos no laborales, son las jubilaciones y pensiones. Dentro del gasto previsional, una parte importante se genera por los regímenes especiales de jubilación (los denominados “regímenes de privilegio”) que pagan haberes muy superiores a los del régimen general y la doble cobertura previsional que superpone beneficios de jubilación y pensión, afirma IDESA.
Estos fondos públicos van mayoritariamente en favor de los estratos socioeconómicos medios y altos. En contrapartida, las transferencias asistenciales, que mayoritariamente focalizan en sectores más vulnerables –como la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales–, son de magnitudes bajas en comparación con el gasto previsional.
Poner fin a la pobreza es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y durante los últimos 20 años la tasa de pobreza extrema se redujo en un punto anualmente. Aunque, de acuerdo al Banco Mundial el mundo no será capaz de erradicar la pobreza extrema para 2030.
En el 2000 algunos de los países con mayor pobreza extrema eran China, India, Indonesia, Pakistán, entre otros, desde el 2000 y hasta el 2015, cuando se establecieron los Objetivos del Milenio ya han reducido la pobreza extrema en un 70%.
Pero fue necesario un acuerdo mundial para lograr estos resultados. Sin duda, el erradicar la pobreza demanda una política de largo plazo que exceda un gobierno. En este sentido, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza decía recientemente: “No se puede resetear la Argentina cada cuatro años sino que hay que tener un conjunto de políticas y cosas que no se rediscutan, como pasa en países vecinos, y que se traduce en un crecimiento sostenido y reducción de la pobreza”.
