El legislador por el MPF, Pablo Villegas, cuestionó la decisión de privar de su arma reglamentaria a la policía provincial cuando no esté de servicio. Señaló que la normativa vigente establece otros parámetros. Además criticó la situación del área de seguridad de la provincia entendiendo que “está estallada”.
Ushuaia.- El legislador provincial Pablo Villegas se refirió a la decisión del gobierno de la provincia de quitar el arma reglamentaria a los agentes de la policía provincial mientras no se encuentren prestando servicio.
En Radio Provincia, Villegas criticó la decisión del subjefe de la policía provincial y recordó que la misma está a contramano de la legislación vigente entendiendo que la policía no ejerce su función por turnos sino las 24 horas.
Villegas sostuvo al respecto que “en lo personal no comparto una decisión de esas características por distintas razones” entre las cuales mencionó “el marco legal vigente” dado que “es muy clara la Ley 735 que es la Ley de personal que establece cuales son las obligaciones y derechos que tiene el personal policial en función del estado policial que genera su condición de tal”.
Además recordó que entre las obligaciones de los agentes “está la de portar su arma reglamentaria, a la vez de ser un Derecho reconocido por la propia legislación, ese estado policial le implica el deber de intervenir y hacer cesar la comisión de un delito; preservar el orden público, el descuidar el patrimonio, la vida y la integridad psicofísica de las personas”.
Y recordó que esta función de los agentes de la policía provincial “es durante las 24 horas del día y esto se desprende de la Ley 735 y su Decreto reglamentario” por lo cual “no comparto la decisión que se ha tomado que además pone al desnudo una situación grave que es la de interpretar a contrario censu (sic) que el personal policial al cual el Estado ha invertido para formarlo y capacitarlo, no está en condiciones psicológica de portar el arma fuera de su horario de servicio”.
Por lo cual “ya sea por una cuestión legal o de sentido común uno n o puede estar de acuerdo y manifiesta, en términos personales, una profunda preocupación por todo lo que deja al denudo o pueda proyectar una decisión de estas características”. Y opinó que “esta decisión no es compartida por la mayoría del personal policial que uno conoce y lo considera idóneo y capaz para la prestación de un servicio tan elemental, tan básico y tan caro a la vida y los intereses de los fueguinos como es prestar la función policial”.
De esta manera anticipó que hablará con “la legisladora Carrasco de la Comisión de Seguridad para convocar a una reunión sobre este tema y otros que tienen que ver con la seguridad en la provincia”.
Villegas precisó además que “el Decreto reglamentario y la propia Ley 735 establece cuales son los casos excepcionales en los que se les puede retirar el arma reglamentaria a la policía y es en los casos frente a una situación de vulnerabilidad psicológica o frente a una situación dónde un agente está sometido a un proceso judicial y esa situación lo puede poner en una situación de vulnerabilidad”.
Además reflexionó que en la normativa “no está en el marco de las atribuciones de un Subjefe de la policía tomar esta decisión y a la vez poner este fundamento de poner a resguardo al personal policial fuera del horario de servicio como si se tratara de una persona distinta a la que cumple funciones mientras está en el horario de servicio”.
Hecha las aclaraciones sobre las normativas vigentes, Villegas señaló que “si desde el Gobierno quieren producir un debate en un tema que es muy discutido en otras jurisdicciones del país sobre la vigencia temporal de ese estado policial si es estando en servicio o no, debemos generar la discusión y cada uno defenderá sus convicciones pero de acuerdo a lo que hoy en día dice la norma, el estado policial es las 24 horas y no se puede suspender”.
Por lo cual, y dado que la decisión de la policía se adoptó luego de que un agente de la policía provincial se quitara la vida con su arma reglamentaria, en Ushuaia, Villegas consideró que “hay que “poner el ojo en el proceso de formación de los cuadros policiales y en la asistencia de psicológica a los agentes”.
Por otra parte Villegas advirtió sobre la situación de la Secretaría de seguridad de la provincia dado que a su entender “está estallada” porque “por el lado de la policía surgen estas cosas o algunas otras, por el lado de los Bomberos Voluntarios le deben más de 65 millones de pesos, los convenios de deudas que se suscribieron oportunamente no se están cumpliendo y hay asociaciones que tienen deudas, en materia penitenciaria tenemos un Gobierno que le da 15 autos al servicio penitenciario” y si bien “rescato la inversión en materia logística para la seguridad, lo hago en la medida que sea razonable dado que ¿Es razonable entregarle autos al servicio penitenciario para trasladar condenados a los distintos lugares o era mucho más lógico comprar tipo tráffic o Combis que puedan hacer los traslados con varios internos en un solo viaje?”.
Y aseguró que “el servicio penitenciario está en una situación de crisis que no ha sido abordada ni revertida por este Gobierno y la necesidad de una unidad carcelaria en la ciudad de Ushuaia es conocida desde hace años y no estuvo en la agenda pública de esta gestión durante los 3 años y medio” por lo tanto “muchas veces los jueces tienen la decisión de ordenar prisión domiciliarias fuera de lo que prevee la ley procesal porque no hay lugar para los internos”.
Por lo tanto opinó que “el área de seguridad, más allá de la propaganda que quiera hacer este gobierno de vendernos un importante aporte en materia logística en automotores, sinceramente está estallada y va a ser un gran problema a resolver en la próxima gestión de gobierno”, además reveló que “los representantes de la Federación de Bomberos nos decían que prácticamente no podían salir porque no podían pagar los seguros por las deudas millonarias”.
