El proyecto de la legisladora del MPF Cristina Boyadjián podría tener como destino el archivo, luego de la suspensión de la reunión de ayer para darle tratamiento, a la que no asistió ni la propia autora. Desde diversos sectores manifestaron la oposición, no sólo por posiciones ideológicas vinculadas con la interrupción del embarazo, sino por el planteo de compensación económica a la mujer violada que lo lleve a término. La legisladora Angelina Carrasco advirtió que va contra leyes vigentes y además es un tema que debe tratar el Congreso de la Nación. Consideró aberrante que se pretenda que el estado “estigmatice a las víctimas de un delito”, al ponerles un rótulo mediante su registro previo para recibir la asistencia, requisito que además estigmatiza al hijo producto de la violación. Para el Movimiento de Mujeres, se intenta “comprar” la decisión de no abortar.
Río Grande.- La legisladora del FPV Angelina Carrasco fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre la suspensión de la reunión de la comisión de salud convocada para ayer, en la que se iba a tratar el proyecto de la legisladora del MPF Cristina Boyadjián, que plantea una compensación económica y hasta una vivienda para la mujer violada que lleve a término el embarazo producto de la agresión.
“Yo estaba ingresando a la Legislatura y me avisaron de la suspensión. Yo no integro la comisión 5 pero quería asistir porque no comparto este proyecto. Ya todo el mundo se explayó con relación a los cuestionamientos jurídicos, y este proyecto busca forzar una discusión que la Legislatura no es competente para darla. Cualquier decisión que se quiera tomar con relación a la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que definir en el Congreso de la Nación, donde están representadas todas las provincias. Cualquier norma que saquemos, si está en contraposición con la legislación de fondo, no va a tener efecto y va a resultar inconstitucional. Ese es un aspecto importante”, subrayó.
“Lo que generó mucha polémica es esta compensación con una pensión equivalente a una categoría inicial de la administración pública. Para mí eso es lo más preocupante, y se llega a un punto en que se extreman tanto determinadas posturas, se radicalizan tanto, que se sostienen cuestiones inconcebibles, como esta pensión que plantea el proyecto. De alguna manera se está materializando el delito, cuando la respuesta del estado ante la víctima de un delito debe ser acompañarla, lograr justicia para ella, poner en movimiento el aparato penal para buscar el responsable, someterlo a proceso y condenarlo, como ocurre con cualquier víctima de un delito”, expresó.
“Lo que tiene como grave esto es que estigmatiza a las víctimas de un delito, les pone un rótulo con esta pensión y el registro que queda de haber sido una mujer violada, y ese rótulo también es para ese hijo producto de una violación. Es doblemente estigmatizante, y lo más grave es que se naturaliza esta circunstancia que no se debería naturalizar”, cuestionó.
Recordó que “hace un tiempo atrás salió un artículo donde llamaba ‘madrazas’ a las nenas que eran madres, y eso me asusta porque, más allá de la posición que cada uno asuma en esta temática, todos debemos coincidir en que esto no está bien. Cuando empezamos como sociedad a relativizar un delito realmente me preocupa, y estamos poniendo en riesgo consensos básicos que tenemos como sociedad. Esto me parece lo más grave de todo este proyecto que se quiere tratar”, sostuvo.
Sin consenso dentro del propio bloque, menos todavía en los restantes que componen la Legislatura, y con un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y movimientos feministas, el proyecto de Boyadjian, que no fue a defender ayer, tendría como destino el archivo.
Ley Micaela todavía en espera
Por otra parte, la legisladora Carrasco se refirió a la dificultad para terminar de consensuar la adhesión a la Ley Micaela, que prevé capacitación en violencia de género. “Había consenso y surgieron divergencias por el alcance de la palabra ‘género’ –dijo-. En un principio se había avanzado en el consenso y luego se cuestionó que la ley hablara de capacitación en temáticas de género y violencia contra las mujeres. Algunos legisladores querían que solamente quedara la capacitación en violencia contra las mujeres. Lo que nosotros planteamos es que las dos cosas van de la mano y no están disociadas. Cuando se habla de violencia contra las mujeres, indefectiblemente hay que hablar de cuestiones de género, porque la situación de desigualdad que se da en la sociedad es por la condición de mujer y caracteriza la violencia contra las mujeres. No se pueden disociar estas dos cosas y me parece inaudito lo que se plantea. Por eso quedó el proyecto para resolverlo en la próxima reunión de comisión”, indicó.
“El proyecto de adhesión a la Ley Micaela está estancado desde noviembre del año pasado. Simplemente plantea una capacitación al personal del Estado en cualquiera de los tres poderes, para poder enfrentar una problemática que es real. Todo el mundo habla de los índices en materia de femicidio, y nosotros tenemos un proyecto que solamente pretende capacitar al personal y ya lleva meses discutiéndose. No tiene razón de ser”, lamentó.
Presupuesto 2020
Finalmente se la consultó sobre el debate del presupuesto 2020, ante posturas encontradas sobre quiénes deben darle tratamiento, si los actuales legisladores o los entrantes. “Como legisladores tenemos un mandato y estamos legitimados a tratar cualquier tipo de proyecto. Sería natural que se trate en esta Legislatura, muchos legisladores van a continuar y lo ideal sería que se pudiera tratar abiertamente. Tenemos las facultades, pero eso no significa que no podamos abrir las puertas para que las autoridades del gobierno entrante puedan integrarse a esa discusión. Hay cuestiones a nivel macroeconómico que no están resueltas y hay una realidad que implica que la discusión del presupuesto se pueda demorar”, concluyó.
Críticas del Movimiento de Mujeres
“El proyecto pone en juego un embarazo como si fuera una mercancía”
Desde el Movimiento de Mujeres de Ushuaia, Elida Recchi criticó no sólo el proyecto, sino la ausencia de su autora en la reunión de comisión de ayer, de la que pretendían participar. Destacó el compromiso de la presidente de la comisión, Liliana Martínez Allende, de no abordar el debate sin previo aviso a la colectiva.
Río Grande.- Élida Recchi, integrante del Movimiento de Mujeres de Ushuaia, concurrió ayer con un grupo de militantes a participar de la reunión de la comisión 5, donde se iba a tratar el proyecto de Cristina Boyadjian que prevé asistencia financiera para la mujer violada que lleva a término su embarazo. La reunión se suspendió por falta de quórum, y entre los ausentes estuvo la propia autora.
Por FM Master’s, Recchi dijo que “desde la campaña nacional por el aborto legal libre, seguro y gratuito y las organizaciones que la integramos, entre ellas el Movimiento de Mujeres, nos habíamos pronunciado ante la preocupación que surgió por la presentación de este proyecto, que intenta impulsar un programa de protección integral del niño por nacer y de la mujer gestante. En ese programa se propone un resarcimiento económico e inclusive la posibilidad del acceso a una vivienda para aquella mujer que quede embarazada producto de una violación”, resumió de la propuesta de la mopofista.
“Nos parece sumamente preocupante, y por eso nos hicimos presentes, y nos hemos manifestado por diversos medios. Esperábamos presenciar la reunión de comisión y escuchar el posicionamiento de quien lo proponía, que es la legisladora Boyadjian, pero no se hizo presente. Ella es la autora del proyecto y, mientras estábamos esperando en el pasillo, se acercó la legisladora Martínez Allende para manifestarnos que, por falta de quórum, se suspendía el tratamiento en comisión. Como no estaba la autora del proyecto, no se iba a poder discutir ni darle el tratamiento respectivo”, explicó.
“Eran varios los proyectos que estaban en el orden del día, pero nosotros nos hicimos presentes puntualmente por este. La legisladora Martínez Allende nos manifestó su mirada particular, y dijo que está en desacuerdo con este proyecto presentado. Entendía que había otros legisladores que también están en contra, pero es llamativo que quienes estaban en contra tampoco se hicieran presentes para poder discutirlo o, en su defecto, pasarlo a archivo si se considera que es una iniciativa que va en contra de los derechos que se vienen legislando desde hace tiempo”, planteó.
“Recordemos que desde 1921 la mujer puede acceder a un aborto por causal de violación, y en estos términos es legal en Argentina. Este proyecto va en contra de este marco legal, y pone en juego un embarazo como si fuera una mercancía, al ofrecer a la mujer una ayuda económica o una vivienda”, fustigó.
No hay fecha de una próxima reunión de comisión todavía, pero “el compromiso de la legisladora Martínez Allende fue no tratar este tema ayer, y notificarnos en caso de que se incluya en las próximas reuniones de comisión”, concluyó.
