El Dr. Félix Santamaría, abogado de varios jubilados que reclaman el pago de retroactivos por descuentos que no corresponden, advirtió que la caja tendrá que afrontar el costo de juicios millonarios, que tendrán sentencia favorable a los demandantes, en base a los antecedentes. Apuntó contra la decisión de la gobernadora Bertone de autolimitar su dieta, y sostuvo que ya el Tribunal de Cuentas se pronunció y deberá pagar los aportes correspondientes al haber que fija la ley 855. Actualmente se está descontando a los pasivos el 15% de la diferencia y todos esos montos deberán ser reintegrados.
Río Grande.- Luego de conocerse la presentación que realizó el ex gobernador José Estabillo, por descuentos que no corresponden legalmente, el Dr. Félix Santamaría fue entrevistado por Radio Universidad 93.5 para conocer la situación y, si bien no es su representante, tiene varios casos análogos y a punto de emitirse dictamen.
Estabillo planteó la inconstitucionalidad del decreto por el cual la gobernadora decidió reducir su dieta, y el letrado sostuvo que “el planteo es similar a otros que se vienen sosteniendo desde la sanción de la ley de emergencia en 2016 y la ley 1210 en 2018. Es más, hay jurisprudencia que viene sosteniendo el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, respecto de que el haber del gobernador aún no está definido. Siempre es enojoso el tema del haber del gobernador y genera críticas”, observó, ante los cuestionamientos al mopofista por este reclamo.
Recordó que “la ley que se fijó apenas asumió Estabillo estableció el haber en 9 mil pesos que, con la convertibilidad, equivaldrían a 9 mil dólares. Hoy en pesos sería lo que está cobrando un juez del Superior Tribunal de Justicia, es decir unos 450 mil. Luego por la ley 277 se fijó en 7.500 pesos; eso fue reducido a 4.500 pesos en el gobierno de Manfredotti; en la época de Colazo volvió a los 7.500 y en la época de Cóccaro se subió a 15.000 pesos. En la gestión Ríos se fijaron dos leyes específicas, la 805, que establecía una proporción sobre la máxima categoría de la Legislatura para equiparar cualquier cambio inflacionario; y luego se aprobó la 855, que está vigente en este momento, y fija un 5% por encima del promedio de los intendentes de Ushuaia y Río Grande”.
El problema surgió con la ley 1068 de emergencia previsional, donde se fijó el congelamiento. “Una vez superada esta emergencia, automáticamente volvió la plena vigencia de la ley 855, pero por un decreto la gobernadora mantuvo el haber de la jubilación, llegando a despropósitos. Por ejemplo, el presidente de la Legislatura cobra de bolsillo 74 mil pesos, contra un legislador provincial que cobra 140 mil pesos de bolsillo, sin contar desarraigo. Es decir que el legislador cobra el doble que el presidente de la Legislatura”, subrayó.
“El Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas dicen que el haber del gobernador se encuentra indeterminado, pese a la vigencia de la 855, porque la Justicia ha dicho que no está incluida la totalidad de los ingresos del gobernador, de carácter remunerativo y no remunerativo. Los ítems no remunerativos son las asistencias que da el Estado para el cargo del Poder Ejecutivo, que son vivienda, custodia, entre otros. El Superior Tribunal de Justicia dice que es necesaria una determinación”, expuso por un lado, considerando necesario reglamentar el artículo de la Constitución referido a la dieta, para terminar con la discusión.
“La gobernadora actualmente cobra 105 mil pesos, cuando los intendentes rondan los 160 mil por mes. Los que están referenciados son los cargos políticos, que tienen una proporción. Por ejemplo, un subsecretario cobra un 63% de lo que cobra el gobernador, y esto tiene un impacto directo sobre los haberes tanto de activos como de pasivos. En su momento yo patrociné un expediente general del BTF donde aplicaban esta limitación, y se demostró que en el banco este tope del gobernador no se debía aplicar. Se hizo el reclamo y se pagó un retroactivo importante en un fallo que resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Este no es el único caso”, advirtió.
“Lo que plantea Estabillo yo lo estoy planteando con otros actores. La autolimitación de la gobernadora para mantener su sueldo más allá del impacto inflacionario no puede extenderse al sector pasivo y tiene que pagar los aportes provinciales. Esa autolimitación no está fundada en ninguna norma de emergencia, alcanza únicamente a su gestión y no a otras gestiones, por eso tiene que hacer como mínimo el aporte diferencial y es lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas en lo que hace a aportes y contribuciones”, indicó.
“Inclusive, para el cálculo del fondo de sustentabilidad previsional, el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que la diferencia se tiene que pagar. El fondo de sustentabilidad plantea que aquellos funcionarios que cobran más que la gobernadora y estén jubilados, tienen que pagar un 15% de la diferencia, y una cosa es la diferencia si se cobran 104 mil pesos a si se cobran 300 mil. La diferencia se debe computar de acuerdo al valor que fija la ley 855, que es más alto que la dieta actual. Ese es un precedente muy importante del Tribunal de Cuentas, que está diciendo que el haber de la gobernadora es el que surge de la ley 855 y no del decreto autolimitativo, a los efectos previsionales”, remarcó.
“No podemos hacernos los distraídos y la gobernadora tendrá que hacer el pago diferencial de aportes, para que las personas puedan cobrar en función de lo que establece la ley 855, que es el promedio de los intendentes de Ushuaia y Río Grande, más el 5%. Son varios los que están referenciados al sueldo de la gobernadora, con cargos de ministros, secretarios, subsecretarios, tanto bajo el régimen anterior de la ley 244 como bajo el régimen de la 561. Hay muchos reclamando por este tema y no solamente está judicializado el caso de Estabillo”, manifestó Santamaría.
Se le consultó sobre el caso del ex intendente Jorge Martín, y explicó que “él cobra en base al sueldo del intendente actual, pero lo que ocurre es que, como la gobernadora cobra menos, le hacen un descuento del 15% por la diferencia en base al fondo de sustentabilidad. El Tribunal de Cuentas ya zanjó la discusión. Los Concejos Deliberantes no aceptaron la modificación de la ley de emergencia 1068 y terminaron con sueldos más altos que los legisladores, que supuestamente tienen un rango superior por la competencia. Inclusive hay empleados de la Legislatura que ganan más que los legisladores, por la antigüedad. El presidente del BTF cobra con el rango del gerente general, que se basa en el convenio con bancarios, que consiguieron un 50% de aumento salarial en lo que va del año. Hoy el presidente del BTF, designado por la gobernadora, está percibiendo tres veces más que quien lo designó, siendo un funcionario designado por el Ejecutivo con rango de subsecretario”, contrastó.
El abogado insistió en la necesidad de reglamentar el artículo 73, que establece la dieta del gobernador, para “terminar con estas discusiones, más allá de que resulta enojoso plantear un aumento para los cargos políticos. El sueldo de la gobernadora tiene relación con los aportes que hace a la caja de previsión y con mucha gente que está con reclamos”, dijo.
“El caso de Estabillo lo lleva un colega y está en plena prueba, mis casos están para alegatos, es decir que próximamente tendremos una resolución, aunque no va a ser este año. Algunos casos están en definición, ya para dictamen. A la larga o a la corta van a tener una resolución y la caja va a tener que estar obligada a pagar todos esos retroactivos, que va a ser una suma importante. El derecho lo tienen y en algún momento estos juicios van a tener que ser pagados. Esto va a generar además del capital, los intereses y las eventuales costas”, sumó.
“Si el gobernador quiere trabajar ad honorem, está perfecto, pero eso no quita que deba hacer los aportes en base a la dieta que establece la ley 855, porque no se puede trasladar eso a los haberes de los jubilados. Incluso un funcionario puede percibir el haber y lo puede donar, como hacen algunos que hasta donan el haber completo, pero eso no quita que tengan un sueldo, porque eso hace a la misma Constitución, que lo primero que fija es el haber del gobernador”, concluyó.
