El titular del Laboratorio del Fin del Mundo dio detalles de los motivos por los que se plantea una modificación a la ley 1136, que creó la entidad. El proyecto fue girado por el Ejecutivo con tratamiento de urgencia y prevé extender el mandato del directorio, encuadrar a los empleados en el sector privado y prescindir de los controles del Tribunal de Cuentas provincial, al tratarse de una sociedad anónima, entre otros puntos.
Río Grande.- El Dr. Carlos López, director del Laboratorio del Fin del Mundo, fue consultado por FM Aire Libre sobre los motivos de las modificaciones a la ley de creación de la entidad, nro. 1136, tras conocerse el proyecto girado por el Ejecutivo con tratamiento de urgencia.
Indicó que el Laboratorio “fue la primera sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y la ley 1136 en su momento marcó el nacimiento de nuestra empresa, pero con la dinámica que fue adquiriendo esta empresa a nivel farmacéutico, nos encontramos con algunos inconvenientes. El capital inicial de la sociedad era de 900 mil pesos que aportaba el estado provincial y 100 mil que aportaba el Banco Tierra del Fuego. En la sociedad solamente se podía aumentar el capital inicial hasta un quíntuplo de su valor, o sea hasta 5 millones de pesos. Gracias al desarrollo que hemos tenido y a las ventas que hemos realizado, tenemos un capital varias veces superior. Se necesitan modificaciones para que la asamblea de accionistas, en este caso el gobierno y el BTF, puedan aprobar el aumento de capital. Cualquier equipamiento que manejamos está valuado en dólares y en cifras muy superiores a lo que es quintuplicar el capital”, afirmó sobre uno de los aspectos a revisar de la norma.
Agregó que “otro de los puntos es la duración del mandato del directorio, que es de tres años, renovable por otros tres, y queremos extenderlo. Por la calidad de gestiones que llevamos en la industria farmacéutica entendemos que no alcanza y tiene que seguir el directorio. Esto no implica ningún condicionamiento para el gobierno que va a asumir en diciembre, porque los tres integrantes del directorio tenemos la renuncia a disposición y la mejor predisposición para colaborar para que la empresa siga adelante. No es una búsqueda de perpetuidad en el directorio, sino dar un plazo mayor, sobre todo en las negociaciones con las empresas farmacéuticas, que es un mercado bastante complejo”, expuso.
También se refirió a la situación del personal, que no será estatal sino privado. “El otro punto es la caracterización de la relación laboral que tienen los empleados. Por ser una sociedad anónima nos regimos por la ley 19.550 y desde el principio iniciamos con aportes a ANSES, y no tenemos la obra social provincial. Es un punto de discusión, porque no terminamos de definir si somos estatales o privados. Tenemos un dictamen de la caja de previsión de la provincia, firmado por los asesores legales y el presidente, donde dice que está bien que aportemos a ANSES. Nosotros hicimos la consulta a la caja y el dictamen dice que está bien el aporte que estamos realizando a ANSES, porque no somos empleados públicos. Acá entra también en juego el pacto fiscal que firmó la provincia, por el cual no se pueden incorporar empleados públicos”, advirtió.
Con respecto al control del Tribunal de Cuentas y las auditorías, destacó que la relación con el organismo “es muy buena y nos ha ayudado un montón. Han tenido que trabajar bastante sobre la figura del laboratorio, y de hecho hay una comisión que está estudiando el caso”, pero escaparía al control ciertos aspectos que se deben mantener “en secreto”, sostuvo.
“Nosotros presentamos un informe sobre toda nuestra trayectoria y entregamos 28 mil fojas para que tengan acceso a la totalidad de lo realizado hasta el momento. Por otro lado tenemos una auditoría de uno de los estudios contables con más prestigio en Ushuaia, que revisa constantemente lo que estamos haciendo. Nosotros presentamos nuestro manual de compras hace unos dos años al Tribunal de Cuentas y hay cuestiones que deben ser dinámicas, porque en la industria farmacéutica todo es a valor dólar. Si nosotros nos demoramos una o dos semanas un expediente, los precios aumentan hasta un 20% tanto en materia prima como en equipamiento”, dijo, teniendo en cuenta la demora del Tribunal en la revisión de los expedientes.
La eliminación de la injerencia del Tribunal “no es por el tema de las compras en sí ni de las contrataciones. Hemos llegado a un nivel dentro de lo que es el mercado farmacéutico nacional e internacional, al punto que hay contratos con empresas nacionales y multinacionales donde rige el concepto del secreto y la confidencialidad. Mostrarlo implicaría dar a conocer desde fórmulas de compuestos hasta procesos de análisis y de fabricación. Hay que mantener dentro del secreto de los contratos ese tipo de fórmulas, porque estamos manejando medicamentos de alta tecnología y la manera de hacer estos medicamentos cuesta millones de dólares, muchísimo más de lo que nosotros lo valorizamos”, dijo.
Aclaró que “auditorías tenemos, quiero desbaratar cualquier tipo de teorías conspirativas y quedamos a disposición de la Legislatura para plantear el tema. Queremos manejarnos con la ley de sociedades anónimas de la Argentina, para facilitar la inversión de distintas empresas que no quieren invertir en laboratorios puramente estatales. Por otro lado, esto es proteger al estado, porque se hacen operaciones muy grandes y, si es una empresa estatal, tendría que responder con fondos estatales. Si es una inversión del estado, no queda endeudado”, manifestó.
Consultado acerca de por qué no puede controlar el Tribunal de Cuentas cuando se trata de fondos públicos los que se integraron al capital inicial, reiteró que “nosotros hemos ingresado un informe de 28 mil fojas y no tenemos nada que ocultar al Tribunal. Es por una cuestión de manejo y de cómo se ve desde afuera; es decir cómo ven los inversores privados la posibilidad de invertir. Por ejemplo, nos llamó una persona para ver si estábamos habilitados para hacer la vitamina D. En ANMAT buscaron a todos los que hacen vitamina D y nosotros no figuramos, porque tenemos un permiso provincial y está en marcha el expediente nacional. En todo lo que es tecnología hay mucho secreto que tenemos que manejar. No hay nada conspirativo pero yo no puedo dar la fórmula de cómo hacemos las sales para el Atazanavir, o la fórmula del control de calidad bacteriológico. Esto está vinculado a la tecnología”, subrayó.
“Una cosa es el manejo de los fondos y otra el manejo de los contratos que implican cuestiones tecnológicas. No hay nada oscuro atrás y pretendemos ser un ejemplo de políticas públicas, pero también queremos tener las herramientas necesarias para afrontar el desafío de hacer medicamentos de muy alta tecnología. Somos el primer laboratorio a nivel nacional que hemos firmado un convenio con una multinacional como Bristol Myers Squibb. Esto es histórico y hemos hecho contacto con un montón de gente de la industria farmacéutica que nos está buscando por el hecho de haber cerrado un trato tan importante, y quieren invertir. Pero tenemos una limitante, que es no saber si somos estado, o sociedad anónima del estado. Queremos aclarar esto nada más e incluso ofrecimos al Tribunal de Cuentas que ponga un auditor dentro de nuestro cuerpo de auditores. Nosotros tenemos una auditoría interna, una auditoría externa, pero no podemos presentar las estrategias de abordaje de cómo nos vamos a manejar en la industria farmacéutica. Hay algo que no nos permite gestionar bien”, indicó sobre la manera en que está redactada la ley.
“Yo pido que la gente se quede tranquila y no nos queremos quedar en ningún sillón donde no nos quieran. Tenemos mucha pasión por aprender y mucha capacidad para gestionar y hacer, y a los hechos me remito, porque hemos puesto al Laboratorio de Fin del Mundo en el nivel de los más altos de la Argentina y a nivel Sudamericano”, concluyó.
