La directora por los pasivos, Elisa Dietrich, explicó que son las únicas que dieron aumento luego del mes de agosto, por lo cual cobrarán la movilidad solamente los jubilados referenciados a estas dependencias. Se trata del Municipio y Concejo Deliberante de Ushuaia y del Banco Tierra del Fuego. La resolución es transitoria y con el fin de paliar la falta de reglamentación de la ley de movilidad jubilatoria de parte del Poder Ejecutivo. Además se le pidió a la empresa Laboratorio del Fin del Mundo “que registre a sus empleados y funcionarios dentro del sistema previsional provincial”, tras el dictamen del Tribunal de Cuentas. Desde su creación nunca hizo aportes a la caja de Tierra del Fuego, sino a ANSES, y se gestiona la transferencia de esos fondos.
Río Grande.- La directora por los pasivos de la caja de previsión, Elisa Dietrich, informó por Radio Universidad sobre la resolución que tomó el Directorio para resolver la deuda del Poder Ejecutivo en materia de reglamentación de la ley de movilidad jubilatoria automática, habiendo tres dependencias que dieron aumentos salariales a los trabajadores en actividad.
“El miércoles fue la primera reunión de directorio del mes de octubre, porque la anterior no se pudo realizar por falta de quórum. Entre los temas de mayor preocupación de los jubilados, estaba la reglamentación de la ley que modificó la movilidad jubilatoria. Estuvieron presentes algunos jubilados, el presidente en principio no quería tratar los proyectos, pero se logró que se trataran. Obviamente no acompañó el proyecto de reglamentación que yo había propuesto y yo hice lo propio, fundando mi voto por el cual no acompañé el proyecto elaborado por la comisión de trabajo”, dijo.
“Se aprobó una resolución de Directorio, con algunos cambios en la redacción, a los efectos de que se pueda liquidar la movilidad el mes que viene a los únicos tres organismos que informaron que los trabajadores tuvieron aumentos de sueldo a partir de agosto. Al margen de que nosotros podemos proponer una reglamentación, el que reglamenta es el Ejecutivo y hasta el momento no lo ha hecho respecto de la ley de movilidad. Sin reglamentación no hay un instrumento legal para que la caja pueda pagar la movilidad a los jubilados cuyos trabajadores en actividad cobraron un aumento, como es el caso de la Municipalidad de Ushuaia, de Banco de Tierra del Fuego y del Concejo Deliberante de Ushuaia. Era necesario aprobar una resolución para poder liquidar la movilidad, que será solamente para estos tres casos, es decir que no es de carácter general, sino provisorio hasta tanto el gobierno saliente o el entrante resuelvan emitir el decreto reglamentario, con el mecanismo para aplicar la movilidad”, explicó.
“Las áreas técnicas no podían proceder al cálculo de lo que se tiene que pagar hasta tanto no tuvieran un instrumento que los avalara. Hasta ahora no hay conocimiento de que ningún otro organismo haya dado aumento salarial a sus trabajadores, y son más de 50 los organismos provinciales. La ley establece que ya no hay un período de espera de seis meses para ajustar los haberes de los jubilados luego de un aumento, sino que al mes siguiente se tiene que pagar. Por ahora entendimos razonable que se continúe abonando con el mismo mecanismo, hasta que la reglamentación determine cuál va a ser. Cada organismo que dé un aumento, tiene que informarlo a la caja para que pueda trasladarlo a los jubilados al mes siguiente”, sostuvo.
Consultada sobre el déficit de la caja, dijo que “el 97% del monto total de los haberes previsionales se cubren con los aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad. El resto del gasto, que incluye gastos de funcionamiento, se cubre con otras fuentes de financiamiento. No todos los recursos que se crearon en la ley de emergencia 1068 han llegado de la manera que debieran. En lo que no hubo diferencias fue en los descuentos por el aporte solidario a los trabajadores, pero los aportes extraordinarios de sumas mayores, como las utilidades del BTF o la detracción del 15% de ANSES, no ingresaron como debieran. El 50% de las utilidades del BTF debió ingresar para el fortalecimiento de la caja, pero el gobierno de la provincia lo usó para pagar aportes y contribuciones corrientes, es decir que sustituyó las reservas presupuestarias para el pago de obligaciones corrientes, por los fondos de carácter extraordinario”, indicó.
“La caja, tal cual está, tiene sus dificultades financieras, pero tenemos recursos que no han ingresado en todo 2019 a la caja y debía aportar el Ejecutivo. Son recursos establecidos por ley y entiendo que el presidente debe reclamar el pago, pero el presidente entiende que no, y no lo contempló en el presupuesto para 2020, por eso voté por la negativa ese presupuesto. Yo puse en conocimiento de esto a Tribunal de Cuentas, al Fiscal de Estado y a los bloques legislativos, para que lo evalúen en el marco de la discusión del presupuesto de la caja. El Tribunal de Cuentas me contestó que van a proceder a hacer una investigación para determinar lo que corresponda, pero al día de hoy no hay una opinión del organismo de control para exigir el pago de estos recursos. Son recursos sumamente importantes pero no le importan ni a la política, ni al Tribunal de Cuentas, ni al Fiscal de Estado, ni a ninguno de los legisladores en ejercicio”, cuestionó.
A fin de dimensionar la importancia de estos fondos que no ingresaron en 2019, dijo que “son 400 millones por mes que se pagan en haberes a los jubilados y estos fondos deben superar fácilmente los 800 millones”.
Respecto de la crisis en la OSEF, lo atribuyó al congelamiento de los salarios de los trabajadores, porque “si el haber hubiera acompañado el proceso inflacionario con un 50% o más de la pérdida del poder adquisitivo, habría un 50% más de recursos para financiar el sistema asistencial”, al tiempo que cuestionó “el desconocimiento” de la legisladora Martínez, al manifestar que no entendía cómo habían bajado los ingresos de la obra social, mientras subieron todos los costos.
Aportes al día
Consultada sobre el pago de aportes en general, dijo que “hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. El único inconveniente que he denunciado más de una vez al Tribunal de Cuentas es que el pago de las obligaciones corrientes del Poder Ejecutivo está siendo financiado con recursos que debieron ingresar a fortalecer el sistema previsional. Los municipios y entes descentralizados están dentro de lo normal, a veces se produce alguna demora, como con la empresa Ushuaia Integral –la empresa de transporte de colectivos de la Municipalidad de Ushuaia-, pero ha estado normalizando los pagos. En esta empresa los trabajadores no son empleados públicos, porque se rigen por la ley de contrato de trabajo, pero a sus gerentes y administradores se los considera empleados públicos y aportan al sistema provincial”, aclaró, apuntando que “con el resto de los organismos no hay un endeudamiento o falta de cumplimiento que genere complicaciones”.
