La presentación física se efectuó por parte de los legisladores electora por Forja y el MPF, Federico Greve y Pablo Villegas, pidiendo a la Justicia que emita una orden a fin de paralizar los trabajos de la obra cuestionada a partir de manifiestas irregularidades respecto de los estudios de impacto ambiental y arqueológico.
La presentación está suscripta por el gobernador electo Gustavo Melella y su vice Mónica Urquiza, en calidad personal, y se trata de un amparo ante el Juzgado Civil 2 de Ushuaia contra el Gobierno Provincial y la empresa Gancedo, a fin de que se paralicen las labores en la obra del denominado Corredor del Beagle.
Esto es a fin de que las autoridades entrantes puedan evaluar la misma, ante las numerosas irregularidades manifiestas respecto a aprietes para firmar estudios de impacto, y la aparente carencia técnica de algunos de ellos, según se ha denunciado.
A esto se suma que las declaraciones del Gobierno Provincial respecto de la continuidad de la obra han sido solo respuestas políticas lejos de brindar datos técnicos terminantes, e incluso una serie de ridículos apoyos políticos desde sectores sindicales afines como la UOCRA, Gastronómios, e incluso un grupo de la conducción del sindicato Judicial UEJN.
El amparo pide una medida de no innovar que ordene detener el avance de la obra antes de un daño ambiental irremediable, hasta tanto las autoridades entrantes puedan contar con la información necesaria respecto de la obra.
En el escrito, solicitan se paralice cualquier trabajo referido a la obra, aduciendo presuntas irregularidades en el informe técnico y de impacto ambiental. Además, plantean a la Justicia se ordene detener el avance de la obra antes que se produzca un daño ambiental irremediable y hasta tanto las autoridades provinciales entrantes puedan contar con la información necesaria respecto de la obra.
Cabe resaltar que la obra se trata de la más costosa de la gestión de Rosana Bertone, con un presupuesto inicial de 1.700 millones de pesos, que comenzó en medio de fuertes reclamos de asociaciones ambientalistas y espacios políticos opositores por considerarla superflua en épocas donde los recursos deberían asignarse a cuestiones y demandas de la sociedad, mucho más urgentes.
