Así lo sostuvo la vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, al referirse a la presentación que realizó junto al gobernador electo, Gustavo Melella, del amparo ante el Juzgado Civil 2 de Ushuaia a fin de que se paralicen los trabajos en la obra del Corredor del Beagle.
Río Grande.- En las últimas horas, el gobernador electo Gustavo Melella y su vice Mónica Urquiza, presentaron un pedido de amparo ante el Juzgado Civil 2 de Ushuaia contra el Gobierno Provincial y la empresa Gancedo, a fin de que se paralicen los trabajos en la obra del denominado Corredor del Beagle.
El escrito, que tanto Melella como Urquiza realizan a título personal, consta de 45 fojas y fue presentado en sede judicial por los legisladores electos del MPF y FORJA, Pablo Villegas y Federico Greve, respectivamente.
La finalidad de la presentación, es la de evitar la profundización del daño al patrimonio ambiental, arqueológico y patrimonial de la provincia, y por ende de los fueguinos; estos provocados por los modos en que se encuentra llevando a cabo la ejecución de las distintas obras relacionadas al Corredor del Beagle.
“Nos hicimos eco del reclamo de los vecinos de nuestra provincia y de sus organizaciones ambientalistas, a fin de lograr entre todos un desarrollo sostenible que represente en los hechos, un equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del ambiente”, aseguró la Vicegobernadora electa.
En tanto que, Greve dio detalles de la presentación dando cuenta que «la obra contraría derechos y garantías constitucionales nacionales y provinciales, como así también derechos reconocidos en los distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional».
«De alguna manera tenemos que poner un freno a esta obra que a todas luces está viciada de irregularidades desde su inicio. Evidentemente, por los canales políticos no hemos podido siquiera lograr que el Ejecutivo se siente en una mesa de diálogo en la que entidades preservacionistas y especialistas en la materia puedan explicar los daños irreparables que ocasiona la obra así como está planteada -remarcó Greve-. Por eso no nos quedó otro camino que recurrir a la vía judicial», afirmó el legislador electo.
Es de resaltar que, tanto el Ejecutivo provincial como la empresa a cargo de la obra, están llevando a cabo acciones contrarias a la legislación ambiental tanto nacional como provincial.
Asimismo, Greve añadió que «no estamos diciendo que la obra no sea necesaria -aclaró el legislador electo por FORJA-, pero así como está planteada y se viene realizando no puede continuar. Debemos realizar seriamente los estudios de impacto ambiental, sin aprietes de por medio, convocar a los especialistas que sean necesarios, analizar a fondo los estudios que se han hecho sobre este tema y planear responsablemente una obra de estas características» resaltando “por un capricho o vaya a saberse por qué tipo de intereses, no podemos permitir que se destruya un patrimonio que es irrecuperable».
