De no haber una respuesta del Superior Tribunal de Justicia, este jueves los trabajadores judiciales comenzarán con la retención de servicios en las tres ciudades, como parte de las medidas sindicales en reclamo de recomposición salarial. El pasado 28 de mayo presentaron un petitorio con 16 puntos al presidente de la Corte, Dr. Javier Muchnik, y consideran vencido el plazo de las definiciones.
Río Grande.- El secretario general del gremio judicial, Luis Bechis, adelantó medidas sindicales para este jueves, con asambleas y retención de servicios a partir de las 9:00 en las tres ciudades, de no tener hoy mismo una respuesta del Superior Tribunal de Justicia.
En diálogo con Radio Universidad 93.5, Bechis dijo que se planteó “una recomposición salarial y no fijamos un aumento determinado, pero queremos seguir la inflación, tener una mesa paritaria anual para tener la actualización salarial de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo”.
“Tuvimos una reunión con el presidente Javier Muchnik, se firmó un acta acuerdo que tiene 16 puntos, algunos son de mero trámite administrativo y muchos se han resuelto por parte de la Secretaría de Superintendencia, y otros tienen que ver con una resolución que tienen que tomar los ministros de la Corte. El presidente nos informó que el aumento salarial se va a resolver si están los tres ministros presentes y ahí nos dirán qué respuesta tienen a la solicitud que hicimos”, informó.
Precisó que el acta con los 16 puntos “se firmó el 28 de mayo y creemos que ha transcurrido un tiempo prudencial. El viernes tuvimos una asamblea tanto en Ushuaia como en Río Grande para fijar un plazo, que vence el día jueves. Si no hay una respuesta de parte del Superior Tribunal, vamos a continuar con las acciones gremiales, porque en ningún momento levantamos el estado de alerta y movilización. A partir del jueves a las 9 de la mañana, tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin, se harán asambleas y se determinará de qué manera seguimos. Se votó la propuesta de hacer retención de tareas ese día y de ahí ver qué medidas tomamos”, manifestó.
Destacó que algunos puntos planteados en mayo “se resolvieron de inmediato, como el tema de presentismo, la estabilidad laboral de algunos compañeros, el reconocimiento de un adicional de permanencia en categoría. Esto se resolvió y lo pudimos trasladar a la asamblea. También se está avanzando sobre algunas recategorizaciones pendientes, el pago de un adicional de dedicación exclusiva, porque algunos compañeros no lo estaban percibiendo y esto también se resolvió. Seguimos dialogando sobre la movilidad, otros adicionales, la situación de la morgue de Río Grande, porque el espacio donde cumplen funciones nuestros compañeros no es el adecuado. Todo esto se está analizando, pero el punto principal es la actualización salarial”, remarcó.
Mencionó que hoy un empleado inicial en el escalafón de mantenimiento tiene un sueldo de 27 mil pesos y llega a los 29 mil pesos en el escalafón administrativo. La planta estable es de 642 personas, entre empleados, magistrados y funcionarios judiciales en toda la provincia.
Debilidad sindical
Si bien los judiciales están dispuestos a dar pelea para lograr el aumento, Bechis reconoció un debilitamiento de las asociaciones sindicales tanto a nivel provincial como nacional, y adelantó un ajuste que recaerá sobre los trabajadores.
“Lamentablemente creo que los gremios, muchas veces por cuestiones políticas, han hecho que no tengan la fuerza ni la representación que tenían antes. Esto ha complicado la actividad gremial. Nosotros tenemos que trabajar, ser representativos y tener una mayoría que acompañe, para poder llevar adelante proyectos y cuestiones que tienen que ver con los trabajadores”, dijo.
“Estamos viviendo un momento muy difícil del país, y el ajuste está pasando por la clase trabajadora. El gobierno no encuentra la salida y el único que está haciendo negocios es la patria financiera. Es la única que hoy tiene garantizada el crecimiento, el poder económico, y nosotros como trabajadores estamos padeciendo esto. Con nuestro trabajo vamos a tener que sostener este momento tan difícil del país, más con préstamos que van a significar más ajuste y lo van a pagar los trabajadores”, observó tras el acuerdo con el FMI.
Voto electrónico
Por otra parte, como funcionario de la secretaría electoral, se le pidió opinión sobre el voto electrónico, a pocos días de la audiencia pública para hacer la demostración con el equipamiento, y proceder luego a la votación. «Muchos hablan de la agilidad, pero el elector tiene que tener seguridad y nosotros tenemos que garantizar la confiabilidad del voto que emite el votante. Hay que ver que todos los países del primer mundo en general han dejado el sistema electrónico y han vuelto al papel, porque no daba las garantías que tenía que dar al votante”, dijo.
“Es algo para analizar pero nosotros como organismo judicial tenemos que aplicar la ley, no la podemos interpretar ni hacer”, advirtió.
Consideró que “hay que encontrar un sistema que le dé garantía a todos y además hay que ver los tiempos en que se va a resolver. Al día de hoy no está resuelto y nosotros tenemos que salir a capacitar al ciudadano. Tenemos una población que no maneja sistemas electrónicos, hay muchos que no manejan siquiera un cajero, y por lo tanto vamos a necesitar mucho tiempo para capacitar al ciudadano y mostrar el mecanismo nuevo a todos, para evitar alguna impugnación el día de mañana”, sostuvo.
Se le indicó que la legisladora Martínez Allende citó el ejemplo de Salta como paradigma de una aplicación exitosa del voto electrónico, pero Bechis defendió el sistema electoral actual que rige en la provincia, que “ha sido efectivo, lo que no ha sido efectivo es el montón de partidos que hace que el ciudadano se demore en el cuarto oscuro, haga lento el sistema y se demore todo”, dijo, apuntando más a la reforma de partidos políticos que a un cambio de sistema de votación.
“Hoy el sistema de tachas es algo inaplicable, porque desde que se modificó el piso no tiene efectividad. Con respecto a las preferencias, tuvo sus frutos en la ciudad de Ushuaia, pero también hay planteos atendibles sobre el cupo de la mujer y está siendo analizado. El legislador tiene que determinar el sistema y nosotros tenemos que aplicarlo. Todo el sistema que sea acompañado por la mayoría de la ciudadanía seguramente va a ser bueno. La Legislatura hace las leyes y nosotros tenemos que aplicarlas, no podemos determinar mucho, solamente pedimos los tiempos para poder implementar los sistemas y la posibilidad de conocerlo, para ver si brinda seguridad y da garantías al ciudadano, que es fundamental”, concluyó.
