La vicegobernadora electa Mónica Urquiza dio detalles de los motivos de la demanda iniciada para frenar la obra del Corredor del Beagle. Se apunta a revisar las actuaciones y hacerse de información que hasta ahora no ha brindado el gobierno en la transición. Podría reformularse el proyecto, de ser necesario, ante dificultades que plantean los tramos 1 y 3. Aclaró que la intención no es un freno definitivo, sino evitar daños irreparables a yacimientos arqueológicos que se ven afectados y posibles demandas de la empresa al no poder avanzar sobre ellos. Además mencionó una serie de irregularidades denunciadas por ambientalistas y confirmadas por la Defensoría del Pueblo. Advirtió que los funcionarios que hayan cometido errores, deberán pagarlos.
Río Grande.- La legisladora del MPF Mónica Urquiza, vicegobernadora electa, explicó las motivaciones del amparo para frenar la obra del Corredor del Beagle por Radio Nacional Ushuaia, y recordó que “hace bastante tiempo veníamos hablando de las distintas irregularidades que se fueron dando, tanto administrativas como ambientales y arqueológicas. No hemos recibido respuestas e incluso las organizaciones ambientalistas que hicieron presentaciones tampoco tuvieron eco. Pretendemos con esto que se pare la obra, pero no que no siga, sino que efectivamente tengan en cuenta todas las observaciones que se han realizado con respecto al impacto ambiental y arqueológico. Hay informes de Recursos Hídricos con respecto al tramo 3, que es bastante delicado por la turba que contiene, en un porcentaje muy importante, como para abrir un camino”, indicó.
“Este es un pedido de que se pare por ahora la obra, para poder analizar todas estas cosas y que no salga perjudicada ni la empresa, ni los trabajadores, y que tampoco se perjudique el ambiente y los recursos arqueológicos. Si se han cometido errores administrativos o delitos, uno no lo sabe, pero hay muchas observaciones en este sentido. Esto tiene una solución porque se puede salvar y, si hay funcionarios que cometieron errores, tendrán que salvarlos y pagar por lo que hicieron”, sentenció.
Lamentó que del punto de vista ambiental ya “hay daños irreparables y pretendemos parar la pelota para rever la obra. Es más, nosotros pedimos que se solicite al propio gobierno información para ver en qué han avanzado, pero hay cuestiones que son imposibles de remediar. Esto es lo que realmente preocupa. Con respecto al estudio arqueológico, hay muchas irregularidades y esto se lo hemos manifestado al juez”, dijo.
“Nosotros nos fuimos haciendo la información como pudimos y por eso solicitamos al juez que exija al gobierno los distintos puntos que tenía que ir respondiendo y remediando. Pero hay daños que son irremediables y queremos evitar en un futuro que hasta la misma provincia pueda tener problemas legales con la empresa, de no poder continuar avanzando”, sostuvo, teniendo en cuenta que, ante un yacimiento arqueológico, están obligados a parar los trabajos, y hay centenares en el tramo 1.
Por cuerda separada objetó la obra en sí porque “hay otras áreas que necesitan inversiones importantes y están relacionadas con el turismo. En el puerto no tenemos las obras necesarias para recibir a los turistas que irían a la zona que puede habilitar este camino”, expresó pero, sobre los hechos consumados, se apela al menor daño posible.
“Hay muchos actores que están involucrados en estos temas y no fueron consultados. Hay un proyecto que tiene muchísimos años y tiene que ver con el primer tramo, con una traza totalmente distinta. Estamos hablando de recursos arqueológicos que no fueron analizados en cuanto a su ubicación y cantidad, porque nos dicen que hay más de 800 yacimientos. Por otro lado el gobierno de la provincia contrata una consultora para ver qué se puede hacer en este camino costero y una de las alternativas que plantean es el recurso arqueológico”, recordó de la opinión de la consultora, que derivó luego en la contratación de especialistas para proceder al rescate de los yacimientos, aunque de hecho fueron desarmados. “Si vamos a hacer una traza y vamos a ir sacando todos estos recursos, la verdad no tiene sentido como atractivo turístico”, planteó la legisladora.
Remarcó que “la traza anterior fue trabajada y elaborada por gente de prestigio, como el licenciado Piana. Hay muchos análisis que se han hecho oportunamente en el terreno y no se tuvieron en cuenta. Por eso planteamos analizarlo y ver hasta dónde se ha dañado y cómo se puede reparar, y que realmente valga la pena la inversión”.
Invitación rechazada
Por otra parte, se la consultó sobre la invitación que a último momento realizó la gobernadora Bertone al intendente Gustavo Melella, como gobernador electo, para reunirse y acordar la transición. El exiguo plazo no le permitió a Melella organizar su agenda, pero por otro lado fue considerada tardía, a más de cuatro meses de las elecciones provinciales: “Se le ha elevado la respuesta a la señora gobernadora y, tal cual lo manifiesta en la nota, el gobernador electo tenía reuniones que ya estaban convenidas con anterioridad. Pero además esto es totalmente extemporáneo. En la misma nota, la gobernadora hace referencia a la campaña electoral y evidentemente para ella no terminó en junio. Una cosa es la campaña para la elección provincial y otra la campaña para la elección nacional. Evidentemente ha esperado a salir electa diputada y así lo manifiesta en la nota”, dijo.
“Uno lo lamenta porque venimos hace cuatro meses hablando de estos temas y no vimos predisposición. A 45 días del fin del mandato, es perder el tiempo totalmente”, consideró de este encuentro.
“Se le agradeció la invitación y solicitamos que entreguen la documentación, si está la predisposición. El gobernador electo fue muy claro en varias oportunidades y dijo que no era necesaria una reunión con la gobernadora, sino que los responsables designados podían trabajar y tener la información. Si efectivamente existe voluntad, deberían hacer honor a las leyes en vigencia, como la cláusula de fin de mandato, y dejar de designar personal y llamar a licitaciones comprometiendo la futura gestión”, disparó Urquiza.
“Esto no tiene que ver con Gustavo Melella ni con Mónica Urquiza sino con la responsabilidad que todos tenemos frente a los ciudadanos, tanto el que ganó como el que perdió. Esta convocatoria se debió hacer el 18 de junio, como ocurrió con el encuentro entre Macri y Alberto Fernández después de las elecciones nacionales. En el texto de la nota de la gobernadora queda claro que seguía en campaña y que no se pudieron reunir. Es muy importante que se haya reunido el presidente electo con el actual pero eso no se hizo en su momento acá, y debería haber ocurrido hace cuatro meses”, reiteró.
Reconoció que ante el enfrentamiento entre ambas partes “la transición ha sido difícil y esto tiene que ver con la voluntad de cada uno, y con entender la responsabilidad que cada uno tiene. Uno continúa trabajando y no podemos sentarnos a lamentar que no nos dan la información. Por supuesto lo damos a conocer, pero seguimos trabajando. A diario venimos controlando el boletín oficial y sabemos los ingresos que hubo a planta, y que hay muchos más que todavía no están publicados. Vamos haciendo el control diario de todos los decretos de designación y ya llevamos más o menos 470. Habrá que hacer el análisis de todas las designaciones, para ver las que son necesarias y las que no”, adelantó.
Consultada sobre el pase a planta de los PEL que pretende ATE, de un total de 91 beneficiarios que obtendrían la estabilidad, dijo que “estas son las cosas que se tienen que analizar cuando podamos tener toda la información de cuántos son, en qué áreas se están capacitando y demás”.
Trabajo en equipo
En cuanto a la conformación del gabinete, la vicegobernadora electa indicó que “tenemos distintos equipos de trabajo para cada una de las áreas y cada equipo tiene un responsable. No significa que ese responsable vaya a ser el ministro o el secretario, pero la idea es formar estos equipos y de ahí irán surgiendo los que van a ocupar cada uno de los cargos. Todos tenemos la responsabilidad del trabajo en equipo porque hay muchos problemas para solucionar. No va a ser una gestión fácil y lo principal es que estemos todos comprometidos”, subrayó.
Informó que “alrededor del 15 de noviembre vamos a tener una nueva reunión para analizar los diagnósticos que se van realizando” y para esa fecha debería haber algo de claridad respecto de la ejecución del presupuesto 2019, si es que concurren los funcionarios del Ejecutivo a la Legislatura.
“La semana pasada se acordó citar a los funcionarios, incluso a solicitud de los legisladores hoy oficialistas que han sido reelectos, para que asista el ministro de economía, el de obras públicas, el responsable de la AREF, el jefe de gabinete, y nos den la información que no tenemos, además de un pantallazo de lo que han hecho en estos diez meses. Los legisladores electos decidirán si van o no, las comisiones son públicas y, si alguno quiere acercarse a escuchar, será bienvenido”, dijo.
Ante la postura de no concurrir que los funcionarios habrían transmitido al legislador Pablo Blanco, Urquiza aclaró que no se trata de una invitación a debatir el presupuesto 2020, sino de una requisitoria “para que brinden información de la ejecución del presupuesto 2019 y esto sí les corresponde a ellos”, concluyó.
