Fue aprobada en 2016 y generó reclamos judiciales de sectores del comercio y la industria. Ahora se plantea elaborar un proyecto con modificaciones, que será sometido a debate con todos los sectores interesados. El objetivo es atender el impacto de la crisis económica y acompañar a los sectores que producen y generan mano de obra. Respecto del presupuesto 2020, el Subsecretario de Economía advirtió que habrá que hacer ajustes aun luego de aprobarse, en función del marco de incertidumbre, sin un presupuesto nacional ni provincial y con un cambio de modelo por delante.
Río Grande.- El subsecretario de Economía de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Rodríguez, adelantó por Radio Nacional Ushuaia la intención de la administración Vuoto de revisar la ordenanza tarifaria aprobada en 2016, que generó acciones judiciales de sectores de la economía y la industria.
“Desde que se planteó la judicialización por parte de algunos sectores económicos de la ciudad y distintos reclamos que se han hecho, estamos estudiando la posibilidad de hacer correcciones, en el marco de una negociación abierta a la sociedad, donde podamos discutir claramente cuál es la necesidad del municipio de financiar sus actividades”, dijo.
Explicó que “el municipio recibe recursos de dos fuentes: la coparticipación y los recursos que aportan los vecinos, con sus impuestos y tasas. Una cosa está atada a la otra, porque en función de la recaudación de recursos propios, se fijan después los coeficientes de coparticipación provincial que le corresponden a cada municipio. Si aumentamos los recursos propios, aumenta la coparticipación, pero si los recursos propios disminuyen, también baja la coparticipación”.
“Siempre hay una diferencia con Río Grande, que está un poco por encima que Ushuaia. Con los nuevos coeficientes que se fijaron para este año y han sido comunicados por el gobierno provincial, Ushuaia tiene una pérdida en la participación de la coparticipación. A principios de año el intendente Walter Vuoto decidió no incrementar los impuestos que pagaban los vecinos, y el único incremento que hubo fue hasta un máximo del 15% en automotores. El resto de las tasas e impuestos quedaron fijos, y eso hizo que Río Grande creciera en recaudación y significara una merma en la coparticipación de Ushuaia”, planteó.
“En ese marco uno tiene que estudiar tanto lo que es el interés particular de los sectores económicos como los del municipio. Entendemos que, por la crisis económica que viene atravesando el país, se encuentran muy golpeados, pero también tenemos que ver las necesidades de un municipio, que se encuentra cada vez más activo y presente. Está atendiendo la problemática social que abandonó el estado nacional, está atendiendo los subsidios al transporte para que la tarifa sea razonable, ante una sociedad que cada vez utiliza más estos servicios. El Secretario de Gobierno dio datos precisos de cómo se incrementó en un año la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio de colectivos. Todo eso hace a que tengamos que buscar un equilibrio”, expresó.
“La idea en la que nos hemos puesto a trabajar es analizar cómo podemos lograr ese equilibrio, y este es el estado de situación. Hay momentos y momentos, y este es momento de sentarse a hacer una propuesta seria y esperar una respuesta seria. Uno de los cuestionamientos grandes es el costo de la tasa de comercio e industria. Esta tasa ha venido teniendo algunos ajustes producidos desde el Ejecutivo, con la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, y quedan algunas cuestiones por analizar todavía. Creo que estamos en un camino de solución bastante cercano”, afirmó.
“Queda hacer algunos planteos y también hay que decir que el municipio está recuperando solamente una parte de los costos en los que incurre para prestar servicios en los cuales la tasa vendría a ser una contraprestación por parte de los sectores económicos de la ciudad”, observó.
Con respecto al impuesto automotor, se había cuestionado una doble imposición en función de si el automóvil sea nacional o importado. Por esta razón muchos ushuaienses decidieron radicar sus vehículos en Río Grande para pagar menos. “Esto lo hemos analizado y la verdad no tenemos datos de que eso haya sucedido, ni del registro de la propiedad ni de los vehículos que tenemos patentados en Ushuaia. Es probable que pueda haber algunos casos, y no vamos a anticipar nada hasta que tengamos el proyecto listo para analizar con el conjunto de la sociedad”, dijo.
“Hay que analizar unidad por unidad para ver si la diferencia es notable entre una ciudad y otra. Nosotros utilizamos la tabla de valuación del registro nacional de propiedad automotor como base de cálculo, y a partir de ahí se descuenta el 21%, que es el efecto que tendría el IVA sobre el precio. Ese criterio es muy difícil de modificar porque, si no, no habría un criterio uniforme de valuación. El seguro utiliza la misma tabla para valuar los automotores que se van a asegurar. Es un criterio objetivo para decir por qué un auto tiene determinado valor. El impuesto automotor requiere de un criterio objetivo para fijar el valor y hoy el único disponible es el que nos da el registro nacional de la propiedad automotor”, sostuvo.
Freno a la judicialización
Rodríguez aspira a que con las modificaciones caigan las acciones judiciales y se inicie un nuevo camino. “Hay sectores que han planteado algunas objeciones a la tarifaria aprobada en 2016. Con esos sectores hay que sentarse y presentarles un proyecto para discutir. Hemos venido solucionando varias situaciones conflictivas y creemos que es momento de darle un marco diferente a la tarifaria, para que también se ajuste al consenso fiscal, más allá de que está caído. La idea es unificar tasas, porcentajes y demás a nivel nacional. Si nos ponemos de acuerdo, lo lógico es que desistan de las acciones judiciales y esto forma parte de la negociación seria que planteamos”, manifestó.
Presupuesto 2020
Por otra parte se lo consultó sobre el debate del presupuesto 2020 del municipio, cuando a nivel nacional no está claro el presupuesto y tampoco está determinada la herramienta provincial para el próximo ejercicio. “Los datos ciertos con los que elaboramos el proyecto son los que surgen del presupuesto presentado por el gobierno provincial y del presupuesto presentado por el gobierno nacional. Sobre esa base nosotros decidimos elaborar el presupuesto y armar una estructura de gastos que entendemos que podrá ser atendida de parte del municipio, en un marco de incertidumbre muy grande”, admitió.
“No tenemos todavía presupuesto nacional ni provincial, y hay cambios de gestión gubernamental a nivel nacional y provincial, que además implica un cambio de modelo económico. Los economistas y los responsables de elaborar un presupuesto tenemos que hacer gala de la bola mágica y tratar de hacer algo que dé certeza por lo menos de cuáles son las líneas de acción en política presupuestaria del gobierno que inicia su segundo mandato en la intendencia. Por lo menos esas líneas de acción están definidas, y después habrá que ver qué pasa. Si los combustibles siguen aumentando como se presupone de acá a fin de año, es casi utópico pensar que algo que presentamos en el mes de septiembre pueda tener un anclaje muy firme, con todo lo que ha sucedido desde fines de septiembre en adelante. Forma parte de las obligaciones que nos imponen la carta orgánica y las ordenanzas vigentes y creemos que es bueno discutirlo en el Concejo Deliberante, que tiene una constitución de hace cuatro años, con la presencia de los concejales que van a asumir en diciembre, y definir las políticas que quiere llevar adelante el intendente. Después seguramente tendremos que ajustar los números”, concluyó.
