El legislador del MPF Pablo Villegas aseguró que el gobierno “perdió la oportunidad” de capitalizar la caja, al utilizar los recursos extraordinarios previstos en la ley de emergencia 1068 para “financiar su déficit”. A la fecha consideró que la situación es similar al 2015 y debería extenderse la emergencia. Sobre el posible traspaso de la DPOSS al municipio y la ley de goteo, sostuvo que son proyectos que no pueden tratarse sobre tablas y debería avanzarse en una nueva ley de coparticipación, con discusión de roles. En cuanto a la ampliación del ejido, también indicó que debe haber debate previo y, sobre todo, conocer la opinión del intendente Walter Vuoto. Ante el rechazo del juez Osado Viruel al recurso de reposición, se insistirá en que convoque al gobierno a elevar el informe que prevé la ley de amparo y no habría apelación a la Cámara, por la inminente asunción del nuevo gobierno.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas fue consultado por Radio Provincia sobre la posibilidad de prorrogar la ley de emergencia previsional, que vence en diciembre, y señaló que “son herramientas extraordinarias que tienen su razón de ser en el déficit del sistema previsional provincial. Al día de la fecha, el déficit oscila entre los 500 y los 700 millones de pesos. El gobierno de la provincia con la ley de emergencia 1068 perdió una gran oportunidad, al utilizar los recursos extraordinarios previstos en la ley para financiar su propio déficit, en lugar de capitalizar al sistema previsional”, cuestionó.
“Hoy en términos económicos y financieros nos encontramos casi en iguales condiciones que en 2015. Seguramente ese dato va a ser evaluado por quienes van a conducir los destinos de la provincia a partir del 17 de diciembre, y me parece que la situación financiera en la que se encuentra el sistema previsional, producto de estas decisiones erradas y erráticas del gobierno de la provincia actual, van a ameritar que la emergencia prosiga”, adelantó.
Aclaró que es su opinión como “legislador provincial, no de las próximas autoridades del Ejecutivo, y uno estará a las resultas de la decisión que tome el gobernador de la provincia, y lo que proponga al ámbito legislativo. En todo caso se aprobará una herramienta extraordinaria”, dijo.
Traspaso de DPOSS
Consultado sobre las versiones de un proyecto de traspaso de la DPOSS al ámbito municipal, señaló que “este tema y la ley de goteo a los municipios ponen de relieve la necesidad de discutir la totalidad del régimen de coparticipación que existe respecto de los municipios y, en forma simultánea, los roles y competencias exclusivas de la provincia y los municipios. Hasta que no se dé ese debate, avanzar en la municipalización de un servicio provincial como la DPOSS, me parece que no tiene asidero”, opinó.
Amparo con nuevo rechazo
En cuanto a la medida cautelar rechazada por el juez Osado Viruel, que también rechazó el recurso de reposición para frenar la obra del corredor del Beagle, explicó por Radio Nacional Ushuaia que esto “implica que el mismo juez que resolvió pueda resolver nuevamente el fallo, con una apelación subsidiaria en contra del rechazo a la cautelar. Nosotros planteamos oportunamente que se parara la obra por un tiempo prudencial, para evitar el daño ambiental por el modo en que se está llevando adelante. Con este rechazo del recurso, queda firme la decisión del juez de rechazo a la cautelar, no al amparo en sí, que lleva un proceso bastante particular, porque se presentó hace 27 días la demanda y el amparo prevé un proceso extraordinario. Es de estilo de los juzgados provinciales, cuando se declara admisible la acción, que se cite a la demandada, en este caso el gobierno de la provincia, para que eleve su opinión sobre el acto impugnado. A 27 días de la demanda no logramos que ningún juez que ha intervenido en esta causa cite al gobierno de la provincia”, sostuvo.
“Se está llevando esta causa a un proceso ordinario y no a uno extraordinario, como es el amparo. Desde el primer día se debió resolver el proveído para citar al gobierno de la provincia a que eleve el informe que prevé la ley de amparo. La justicia no lo solicitó todavía, no es que el gobierno no respondió, y nos llama mucho la atención. Es fundamental para esta acción extraordinaria”, dijo, dado que a partir de este informe se disparan los pasos para presentar prueba y resolver.
“El amparo tiene una ley y un proceso especial, los períodos de prueba son a tres días de evacuar ese informe y la sentencia se debe realizar a los tres días de haberse realizado la prueba”, detalló, y aseguró que “si el proceso de amparo hubiera llevado un curso normal, en los primeros diez días de noviembre ya debería haber habido sentencia. No es lo que ha pasado, pero vamos a insistir y seguir trabajando en consecuencia. Se está dilatando la definición y no son los plazos que generalmente se observan en una acción extraordinaria de amparo”.
Villegas tiene “una mirada muy crítica de la actuación del juez, que planteó una audiencia de conciliación con sólo una de las partes y no se entiende la motivación porque tampoco lo explica. Me preocupa la conducta del juez pero personalmente no tengo pensado analizarla en otro ámbito. Lamentablemente no ha sabido ubicarse en tiempo y espacio para dar respuesta a este reclamo que tiene absoluta legitimidad, por el daño ambiental y el daño arqueológico que se está haciendo. Queremos que la obra se lleve a cabo, que no se pierda ningún puesto de trabajo, pero que se haga en un marco de equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los recursos”, dijo.
Ante la demora en la definición y la cercanía del cambio de mando, se insistirá ante la justicia para que se cite al gobierno a presentar el informe y no habría apelación a la Cámara, teniendo en cuenta que una eventual revisión tendría una sentencia posterior a la asunción de Melella, por lo cual el nuevo gobierno frenaría la obra directamente por administración. “Esa sería la primera conclusión. El juez podría ordenar de oficio medidas precautorias de acuerdo a la ley de ambiente, pero si no ha resuelto nada hasta ahora, va a ser difícil”, manifestó.
“A partir de ahora nosotros vamos a requerir que de una vez por todas se cite al gobierno de la provincia a evacuar el informe que prevé la ley nacional de amparo, respecto de los antecedentes y lo que motivó el amparo, que fue el daño ambiental y arqueológico. La decisión del juez interviniente no significa que bajemos los brazos, ya sea a través de la intervención de la justicia provincial o a partir del 17 de diciembre, con el nuevo gobierno de la provincia, seguramente se van a cambiar las reglas de juego en el modo en que se lleva a cabo esta obra, que es necesario hacerla, pero con un equilibrio entre la protección de los puestos de trabajo, el desarrollo y el respeto al patrimonio ambiental y arqueológico”, remarcó.
Incendio de Lenga Patagonia
Por otra parte se le preguntó si van a pedir alguna explicación de lo ocurrido el fin de semana en cercanías de Tolhuin. “Vamos a dejar que intervenga la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, y en todo caso como está tan cercana la asunción del nuevo gobierno, cuando asuma la gestión de Gustavo y de Mónica, seguramente vamos a tomar un conocimiento más directo de lo que está pasando. Hacer un pedido de informes en la próxima sesión, que seguramente no van a contestar, no tiene sentido”, dijo.
Cambio del reglamento interno
También se le pidió opinión sobre el planteo del legislador Ricardo Furlan para modificar el reglamento interno de la Cámara, a fin de que tome juramento el legislador más votado y no el de mayor edad, que en este caso sería Jorge Colazo, con 65 años. “Para mí que tome juramento uno u otro me es indistinto. Ahora, si hay un planteo de estas características por parte de Ricardo Furlan, no tengo ningún problema de acompañarlo. A mí no me mueve el amperímetro este tema, porque en la próxima sesión ordinaria se van a tratar otros asuntos más importantes para la comunidad que quién vaya a tomar juramento. Seguramente en la próxima sesión vamos a sancionar la reforma al sistema de becas, es una pelea que venimos dando desde hace mucho tiempo en la Legislatura, y venimos denunciando la asimetría escandalosa que existe en la provincia. Mientras un condenado por un delito de violación cobra un peculio mensual de 8 mil pesos, tenemos becarios estudiantiles de nivel secundario y terciario que reciben becas de 2 mil pesos anuales. Esta desigualdad hay que abordarla y modificarla y, con el trabajo de los distintos bloques, seguramente en la próxima sesión lo vamos a modificar”, confió.
Ampliación del ejido de Ushuaia
Finalmente se refirió a otro proyecto que podría ingresar sobre tablas, vinculado con la extensión del ejido de Ushuaia hasta Moat. “Por lo que se dice en los pasillos, existe intención de ampliar los límites del ejido de Ushuaia. Previo a eso me parece importante un plan estratégico actualizado, como se hizo en 2003 con la participación de todos los actores sociales de Ushuaia, para definir si existe la necesidad de ampliar el ejido y para dónde se debe crecer; en segundo lugar, tenemos que escuchar la opinión del intendente Walter Vuoto. A mi modo de ver no se puede aprobar sobre tablas y, si se plantea de ese modo, lo voy a votar en contra”, anticipó.
“Esta es una iniciativa que tuvo su origen en el Concejo Deliberante de Ushuaia –presentada por el concejal Juan Carlos Pino- y en su momento fue vetada por el intendente. Luego fue insistida por los concejales, pero me parece fundamental saber qué opina quien tiene la legitimidad popular en la ciudad. Yo no he visto ninguna declaración al respecto del intendente y me parece muy importante saber cuál es su mirada. El pueblo le ha dado la legitimidad necesaria para promover o rechazar una decisión de estas características y nadie sabe lo que opina Walter Vuoto”, observó.
“La ampliación del ejido puede llegar a habilitar un crecimiento desordenado de la ciudad, y quien está a cargo del Ejecutivo debiera tener una palabra al respecto. Esta es una iniciativa de Furlan, está en las facultades de la Legislatura modificar los límites de los ejidos municipales, pero también es cierto que cuando ese proyecto tomó estado parlamentario en 2015 preveía que el Municipio de Ushuaia elevara una serie de informes. Esto nunca se realizó en estos casi cuatro años, por lo que desconocemos cuál es la voluntad política del intendente”, concluyó.
