Lo afirmó Nancy Fernández, presidente de la organización ambientalista que lleva presentadas varias denuncias. Los tramos 1 y 3 están paralizados y, para el tramo 2, el gobierno actual plantea un replanteo de la traza para no seguir afectando yacimientos arqueológicos. Respecto de los posibles despidos de los que alertó la UOCRA, en caso de una paralización total, observó que la empresa tiene declarados 30 trabajadores, no 140 como se sostiene desde el sindicato, y además sugirió al gremio que vele por las condiciones de seguridad e higiene, luego de haber recorrido el lugar y constatar que no se cumplen.
Río Grande.- La presidente de la Asociación ambientalista Mane’kenk dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación de la polémica obra iniciada en la gestión Bertone, el corredor costero Canal Beagle. Indicó que “el año 2019 cerró con tres causas penales y una civil abiertas. Estamos esperando que levanten la feria para que la justicia nos dé una explicación de qué medidas va a tomar, porque hasta ahora han rechazado todos los pedidos, incluidos los de levantamiento de feria, y en medio tenemos la causa que se abrió por la destrucción de yacimientos arqueológicos, donde están imputados tres ex funcionarios del gobierno de Bertone, Leonardo Gorbacz, Gonzalo Zamora y Luis Vázquez. Quedó en evidencia que sabían que era posible afectar restos arqueológicos, pero así y todo autorizaron la obra y avanzaron sin ningún tipo de control”, sostuvo.
Consideró que “el error más grande que cometió la gestión anterior fue mantenerse de forma caprichosa y obsecuente en un proyecto sin consultar con ningún tipo de organismo científico-tecnológico. No aceptaron la ayuda del CADIC, tampoco aceptaron las opiniones de las organizaciones de turismo y ambientales; hicieron caso omiso a muchos de los informes técnicos que hicieron los equipos de Medio Ambiente del mismo gobierno. Se mantuvieron de una manera absolutamente cerrada, sin diálogo con ningún sector de la sociedad. Hoy estamos viendo que esa obra, que podría haber sido buena, terminó siendo un desastre ambiental. El único tramo que está abierto es el de la ruta J y los vecinos se llevan una sorpresa desagradable porque han hecho un desastre”, afirmó.
“Tenemos fotos con la comparación de lo que era la ruta original J, sin ningún tipo de intervención, y lo que están haciendo ahora, que está muy lejos de ser una ruta paisajística”, cuestionó Fernández.
Reunión con Castillo
Además dio cuenta de la reunión que mantuvieron con la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, no así con la empresa Gancedo, que “nunca respondió las notas y los pedidos que presentamos. Con la ministra Castillo hemos estado reunidos antes y después de que asumiera, le hemos planteado nuestras inquietudes e incluso fuimos con nuestro abogado, el Dr. Federico Rauch, que planteó los cuestionamientos legales que había frente a esta obra. Fuimos muy bien recibidos, tuvimos una reunión de casi cuatro horas y, después de todos los planteos, ella nos dijo que era imposible parar toda la obra en este momento”, señaló, en función de los compromisos contractuales.
“El tramo 1 ya está parado por un sumario administrativo que tiene la empresa, por incumplimientos; el tramo 3 también está parado porque la empresa nunca presentó el estudio de suelo que había sido solicitado por la autoridad ambiental. Queda el tramo 2”, planteó, sobre el cual trascendió que habría un pedido del gobierno a la firma Gancedo de rescisión de contrato, pero la empresa pretende casi el pago total del monto de la obra.
“Hay una empresa que fue contratada por casi 23 millones de pesos y empezó a brindar informes que eran contradictorios con los ambientales. La empresa decía que estaba todo bien, por ejemplo con el depósito de residuos, y que no había residuos. Luego la autoridad ambiental observó que sí había residuos y se empezó a investigar, porque la empresa que debería controlar a la constructora no estaba cumpliendo con su trabajo”, reveló.
“El Estado es el que tiene que controlar, y tiene que velar por los recursos ambientales, por los recursos patrimoniales y arqueológicos, y por los fondos. No es una obra privada, sino del Estado”, subrayó.
“Hoy en día la realidad es que el tramo 3, que va de Moat a Cabo San Pío está suspendido y, según nos comentó la ministra Castillo, no se va a llevar adelante. Están tratando de repactar con la empresa para subsanar esta situación. El tramo 1, que va de Baliza Escarpados hasta Río Encajonado, también está suspendido por un sumario administrativo. El año pasado hubo una denuncia penal porque la empresa empezó a trabajar sin informar a la autoridad y puso en riesgo la vida de las personas, porque había personas paseando por el lugar. Hay personal trabajando en la ruta J, que sería el tramo 2, y lo que están haciendo es ensanchamiento, movimiento de suelo, pero muy mínimo. En la reunión con la ministra Castillo también hablamos con la Secretaria de Cultura y nos dijo que están conformando equipos de arqueólogos para trabajar en la inspección de la obra y proponer un cambio de traza, dado que hay un informe arqueológico que sugiere el cambio de traza. Toda la costa está llena de restos arqueológicos que se están viendo impactados”, observó.
Agregó que el año pasado además se produjo el hallazgo de restos humanos en la zona, “y eso generó otra causa penal, que la tiene el juzgado nro. 3 de Ushuaia. Se encontraron restos humanos de un niño o niña de 3 ó 4 años, y tardaron más de un mes en informar a la comunidad yagán de ese hallazgo. A partir de ahí surge la imputación a los tres ex funcionarios, que ocultaron información y no cumplieron con las leyes nacionales”, que disponen informar a las comunidades originarias antes de remover los restos.
“Tenemos entendido que la consultora que contrataron para el rescate arqueológico no cobró la totalidad del trabajo, como tampoco otra tercera consultora que se contrató en los meses de octubre y noviembre por 10 millones de pesos para hacer un rescate arqueológico. Son cifras muy importantes, porque hay una consultora que contrató cuatro arqueólogos para trabajar dos meses que pretende cobrar 10 millones de pesos. Nadie cobra ese dinero por dos meses de trabajo. Acá hay un problema de manejo de fondos evidentemente”, cuestionó.
Reclamo de la UOCRA
En cuanto a la posición del sindicato, que ha alertado sobre el despido de trabajadores si se paraliza la obra, indicó que “hemos visto que salieron los trabajadores de la construcción en los medios, preocupados por la situación. Nosotros hemos recorrido la zona muchas veces y vemos a trabajadores que muchas veces no están con las condiciones adecuadas de seguridad, no tienen baños químicos cercanos al lugar de trabajo. Nos parece muy valioso que el sindicato se preocupe por sus trabajadores y por las buenas condiciones laborales, porque la empresa ha declarado oficialmente que tiene 30 trabajadores empleados. Si el sindicato considera que son más, evidentemente hay un problema de información, porque la empresa no declaró la cantidad de empleados que menciona el sindicato. Creo que el sindicato a quien debe exigir el cumplimiento de las normas es a la empresa Gancedo”, manifestó.
Los 140 trabajadores afectados no serían tales, dado que “cuando uno recorre la zona, ve pocas personas trabajando. Está muy bien que se preocupen y consulten, porque los trabajadores no cuentan con baños químicos en las zonas donde están operando las máquinas y ese es un requisito de seguridad e higiene que se debe cumplir”, concluyó.
