El personal de la Dirección de Protección Integral Familiar de la provincia, dedicado a dar contención a casos de vulnerabilidad, denunció múltiples inconvenientes para desempeñar sus tareas. Tienen problemas edilicios, de falta de medios, poco personal y un marcado relegamiento salarial respecto de otras áreas. Hay solo 14 operadores para atender a más de 900 casos. Dicen que están relegados respecto de otros sectores de la administración.
Río Grande.- Los trabajadores, acompañados por la dirigente de ATE Violeta Santander, denunciaron problemas edilicios, de falta de vehículos, falta de personal y un marcado relegamiento salarial respecto de otras áreas, que genera “el desinterés de profesionales para venir a este sector”, señalaron.
“Estamos en asamblea con los compañeros por estos problemas que vienen desde 2005, y por los cuales se realizaron distintos reclamos”, señaló Violeta Santander, precisando el origen de los problemas de funcionamiento que tienen en el área. Aseguró que “los compañeros quieren trabajar”, pero contó que por estos días “vienen y firman a las 9 de la mañana y se retiran, desde hace tres semanas. Pero ellos se sienten mal porque no pueden trabajar y cumplir con sus funciones diarias”.
En el edificio hay insuficiente calefacción, faltan matafuegos, no hay espacios adecuados para los encuentros familiares, no hay baño para varones “muchas compañeras tuvieron infección urinaria” dijo Violeta Santander, y otra serie de inconvenientes que hacen “que el asistido hoy no tenga asistencia”, señaló la gremialista.
“La voluntad y la paciencia llegaron a su punto límite”, aseveró la representante de ATE, explicando que se pide “revertir ésta situación, para que se pueda trabajar en un buen ambiente para los trabajadores.
Por su parte Yanina Bórquez, directora del área en cuestión, mencionó que los reclamos “vienen por la situación en la cual nos encontramos”. Puntualizó que “faltan profesionales en el área. Hay un desborde en la demanda de la población en cuanto a lo que intervenimos, y tenemos alrededor de 900 casos para 14 operadores, de los cuales no todos son profesionales dado que son operadores idóneos”, mencionó la Directora.
Por esos motivos dijo que “la cantidad de demanda, cuando hay situaciones de vulnerabilidad en niños y adolescentes, no puede cubrirse como correspondería por la faltante de recurso humano”. “Eso implica, si estamos trabajando con población vulnerable, que nosotros como trabajadores también estamos siendo vulnerados de alguna manera al no poder solventar la demanda que se nos requiere”, remarcó Bórquez.
Recordando que se trata de un área “en la cual, como organismo de aplicación de una Ley de Protección Integral, recibimos la derivación de todas las demandas cuando existe alguna situación de riesgo”. Indicando que a esa dependencia llegan “todas las intervenciones de la ciudad de Río Grande”.
Una tarea con riesgos y mal remunerada
Además se refirieron los trabajadores de la Dirección de Protección Integral Familiar a los riesgos que la tarea implica, señalando que desde el Poder Judicial también son observados y evaluados; sin tener en cuenta los problemas objetivos que tienen para desempeñar su tarea por la falta de medios.
“Siempre quedamos expuestos ante la posibilidad de no poder cubrir como corresponde el acompañamiento a la población de niños y adolescentes, o con la posibilidad de apercibimientos judiciales por el no cumplimiento de alguna situación en particular”, advirtió la Directora.
Comentando luego que “como profesionales del área y como operadores, vemos una cuestión de desigualdad salarial. Por eso no es un área que convoca, por eso la falta de personal. Somos el Ministerio más afectado a nivel salarial, aunque cubrimos muchas horas más de las que trabajan en otras áreas y el trabajo implica riesgos a los cuales nos exponemos, sin nadie que nos respalde si llega a suceder algo”, manifestaron los trabajadores.
Indicando además que “nos piden que cuidemos y resguardemos la integridad psicofísica de los niños con los cuales estamos trabajando, pero no nos están resguardando a nosotros en este mismo sentido”. Los empleados mencionaron que no tienen “un aumento salarial desde hace aproximadamente dos años, sumado a que las horas de guardia están a 130 pesos y no se cobran inmediatamente en el mes siguiente”.
En definitiva dijeron que “las condiciones laborales están empeorando cada vez más”, y señalaron que por ejemplo el personal directivo tiene obligaciones full time, que no son reconocidas económicamente.
Finalmente, consultados sobre si el Poder Judicial fue informado de la situación, respondieron que “hubo reuniones interministeriales, con las diferentes áreas e incluida la Justicia. Todos están en conocimiento de las condiciones en las cuales nos encontramos y las verdad es que, hasta el momento, no hemos tenido ninguna respuesta ni se indicó ninguna medida al Gobierno para resolver esto”, concluyeron.
