Luego del derrumbe de la base de uno de los puentes y parte del camino, Ricardo Lynch planteó que ocurrió lo que habían advertido al gobierno anterior, respecto de errores serios en la traza del Corredor del Beagle. Destacó el cambio de actitud del nuevo gobierno y la voluntad de sentarse a acordar, además de reformular la obra para evitar que continúe el daño al medioambiente y las reservas arqueológicas. “Estaban pasando todo por encima y de hecho en Harberton teníamos senderos y partes del camino muy bonitas, pero tiraron todo abajo. Hoy parece una pista de aterrizaje”, describió de la obra de ensanche, que no responde al estudio de impacto ambiental. Además apuntó a la justicia, que rechazó las denuncias presentadas, en instancia de apelación, pese al dictamen del Defensor del Pueblo de la Nación y las pruebas aportadas. Tampoco hay avance en la causa penal donde están denunciados los ex funcionarios Gorbacz, Vázquez y Zamora.
Río Grande.- Ricardo Lynch, uno de los propietarios de estancia Harberton, dialogó con Radio Universidad (93.5 MHZ) sobre un evento reciente que aporta una prueba más a los errores en la traza del Corredor del Beagle, de los que ya había sido advertido el gobierno de Bertone. Ocurrió en el puente sobre el Río Cambaceres y “pasó lo que decíamos que iba a pasar, el puente actual está en un lugar que no es el apropiado y el que proyectaron lo están haciendo al lado, y tampoco es un lugar adecuado. Nosotros dijimos esto y el río se llevó las bases del puente y parte del camino. Afectó el viejo puente pero el nuevo está proyectado al lado y nosotros dijimos que no era el lugar indicado. Cuando hicimos todos nuestros reclamos y ofrecimos las trazas alternativas con la mejor intención, teniendo el conocimiento de más de cien años en el lugar, desde el gobierno despreciaron todo lo que les dijimos. Nos calificaron de poco serios por no tener la firma de profesionales, y hoy la naturaleza está demostrando que nuestros comentarios eran bien intencionados y que quisimos arrimar nuestra experiencia para que estas cosas no sucedan”, expresó.
“Si bien lo que pasó ahora es una desgracia, porque se rompieron las bases del camino y el puente, por suerte es un aviso para que entren en conciencia. Todo esto lo planteamos al gobierno anterior y el actual ha tenido una actitud totalmente distinta. Tenemos conversaciones con ellos, participamos de las preocupaciones y estamos en contacto para ver cómo podemos llegar a la mejor solución entre las partes, porque la obra ya empezó y está llena de irregularidades”, afirmó.
Respecto de la situación actual, dijo que “el tramo 3 quedó totalmente parado, que va de Estancia Möat a Cabo San Pío. Es un tramo muy conflictivo por ser zona de turbales y no estaba abierto para nada, así que el impacto era total. Entendemos que ese tramo quedó definitivamente cerrado. El tramo 1 sale desde Ushuaia y va hasta Almanza, y está frenado porque la traza está en estudio. El gobierno actual está poniéndose de acuerdo con los propietarios del lugar para encontrar una traza más adecuada, que respete los senderos naturales que usaban todos los pobladores de Ushuaia y también el medioambiente”, dijo.
“El tramo 2 es el que involucra la Estancia Harberton y es el que más actividad tuvo. Está hecho en segmentos no conectados, independientes, y esto no responde a ninguna razón práctica pero es lo que ha pasado con la obra todo este tiempo”, observó, sin descartar que la finalidad de esta forma de trabajo por partes, haya sido certificar tramos de obra, porque “no le encuentra otra explicación”.
Silencio de Gancedo
Consultado sobre la posición de la empresa ante los reclamos de la estancia, señaló que “con la empresa no hemos tenido ningún contacto. No se acercaron nunca ni a explicar por dónde iban a pasar, porque hubo cambios de traza y nos fuimos enterando a medida que aparecía una estaca. Mucho menos han pedido opinión por la experiencia que uno puede arrimar. Tratamos de hacerlo con el gobierno anterior y todo fue desoído”.
“Sé que el gobierno estaba investigando todas las irregularidades, pero tienen un contrato firmado y también es una responsabilidad de la provincia que asumió el gobierno anterior y no se puede romper así nomás. Primero están investigando toda la situación porque se encontraron con muy poca información del tema. Nosotros les dimos toda la información que tenemos y las actuaciones judiciales contra el gobierno anterior, porque es el que autorizó a la empresa”, apuntó.
Lynch consideró que esto “se soluciona entre dos partes, tratando de ponerse de acuerdo”, a fin de no perjudicar a la provincia ni los intereses de la estancia. “Nosotros tenemos una demanda civil por la expropiación y por los montos, que no responden a ninguna realidad porque están totalmente desactualizados. También tenemos una demanda penal contra algunos de los funcionarios del gobierno pasado, porque entraron en la estancia durante ocho o diez meses sin haber expropiado, de una forma irregular. Lisa y llanamente fue una intrusión”, definió.
“Nos han cortado bosque, nos han usado canteras que tenemos registradas como tales. Han hecho lo que han querido sin siquiera la autorización de la justicia. Contra eso hay una presentación penal”, dijo, y recordó que los denunciados son el ex jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, el ex ministro de Obras Públicas Luis Vázquez y el ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora. “El ex ministro Vázquez fue quien firmó la autorización de ingreso, cuando esa autorización la debe firmar un juez después de finalizar el proceso expropiatorio”, manifestó, con la expectativa de que cada uno se haga cargo de la responsabilidad que tuvo.
“El actual gobierno está consciente de todo el daño que se puede hacer y lo quiere evitar, pero están en la figura del gobierno y nosotros en la figura de los damnificados, por eso nos tenemos que juntar para solucionar este problema”, indicó.
Monto irrisorio
Lynch dio a conocer que el gobierno anterior “ofreció dos millones trescientos mil pesos por la expropiación de hectáreas de campo, que abarcan monte, canteras, y lo hizo sobre una tasación hecha dos años antes. Es un valor que no refleja la realidad. No tiene ninguna relación con el valor ni mucho menos con el daño hecho, porque la estancia Harberton tiene una geografía muy particular y no es fácil trasladarse. La estancia cedió el uso de ese camino sin ningún problema durante todos estos años, y convivía perfectamente la actividad de la estancia con el tránsito. Al expropiarse y pasar a propiedad de la provincia, eso termina siendo alambrado y la estancia no tiene una parte de terreno que era crucial para unir distintos sectores de las tierras”, explicó.
“El daño que nos va a ocasionar es muy grande, tratamos de explicárselo al gobierno anterior y por eso pedíamos que modificaran algunos tramos, pero fueron avanzando y no nos dieron ninguna cabida. Hicimos las presentaciones legales y curiosamente fueron rechazadas, ahora están en proceso de apelación. Por suerte ahora la comunicación es mucho mejor, es bastante fluida, y cuando necesitamos dialogar tenemos las puertas abiertas”, reconoció de la postura del gobierno.
Lamentó que, al ser demandada la provincia, terminen pagando los contribuyentes “por el daño que hizo alguien que ya no está más en ningún cargo” y volvió sobre la justicia porque “hay reglamentaciones sobre medioambiente que dicen que se tiene que frenar cuando hay daño, también se expidió el Defensor del Pueblo de la Nación, que dio un dictamen muy claro sobre esto y no entendemos por qué la justicia no le dio lugar. Siguieron avanzando y el daño se siguió produciendo. Uno puede pedir unos pesos más, pero nos hicieron daños a todos al dañar al medioambiente, o los tres senderos que son hitos en la vida de Ushuaia. No se arregla nada con pagar unos pesos más a alguien”, subrayó.
Agregó que “la zona está llena de sitios arqueológicos y son los más antiguos de la zona del canal. Tienen un valor científico enorme, y por suerte hemos podido frenar más daño, por la postura del nuevo gobierno. El estudio de impacto ambiental que se hizo fue por una ruta escénica de 6,60 metros de ancho y después por decreto la modificaron a 14 metros de ancho, que no respondió a ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Estaban pasando todo por encima y de hecho en Harberton teníamos senderos y partes del camino muy bonitas, y tiraron todo abajo. Hoy parece una pista de aterrizaje. Esto no tiene ningún sentido, mucho menos la cantidad de dinero que se ha gastado para destruir el medioambiente”, concluyó.