Se trata del ex presidente del Fondo Residual, el abogado Gustavo García Casanovas, su secretario Néstor Sierra; el presidente de Glisud, Enrique Pinto y los ex apoderados de la firma: Francisco Grondona y Graciela D´adamo.
Estaban acusados de “defraudación a la administración pública” en un caso en el que las vinculaciones políticas trajeron de la mano vaivenes judiciales y maniobras dilatorias que llevaron a un trámite judicial tortuoso y prolongado, exactamente 16 años.
El caso investigaba la utilización de una empresa fantasma que habría adquirido crédito del Fondo Residual en el año 2002. Las vinculaciones políticas de los involucrados tornó el caso en un paradigma del tráfico de influencias y la impunidad en la Justicia Fueguina. Sin embargo, la causa no tendrá culpables.
Glisud fue una empresa fantasmas creadas a nombre de personas totalmente insolventes radicadas en Buenos Aires, en un domicilio legal que la Justicia luego determinó, era un prostíbulo.
Las vinculaciones políticas eran inocultables con parte de los imputados con relaciones directas con el Gobierno de ese entonces.
Denunciantes ahora investigados
A la par de la absolución de todos los imputados, el Tribunal ordenó extraer copias del debate y enviarlo a la Fiscalía para que considere si es necesaria una investigación al doctor Javier Dafonseca, quien fue administrador del Fondo Residual luego de García Casanovas y de la ex gobernadora Fabiana Ríos, para determinar si hubo delito en cuanto a lo que finalmente se le liquidó al IPAUSS por los bonos de esta venta de deudas hipotecarías.
