“Este es el año de la muerte de las PyMEs fueguinas”, diagnosticó el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias. Detalló que el 10 por ciento de los comercios ya cerrarán sus puertas porque no podrán sostener sus negocios, otro 50 por ciento le seguirá de persistir la situación actual cuarentena. “El 70% de los comercios habilitados no está facturando”, reveló y “el 25% de los exceptuados sufrió bajas de más del 40% de su facturación con respecto a febrero 2020”. “El comercio en su actividad y los puestos laborales que conllevan como los conocíamos, no pueden coexistir con el COVID-19”, observó.
Río Grande.- José Luís ‘Gigi’ Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, brindó un informe sobre la situación del comercio, las PyMEs y los emprendimientos que son base de la economía.
“Como empresarios, expresamos aceptar y entender la necesidad del aislamiento social y solicitar medidas públicas para paliar el enorme perjuicio que implica mantener los locales cerrados, dando prioridad a la cuestión sanitaria ante la pandemia de COVID-19”, dijo.
“Intentamos motivar decisiones que aporten paliativos a la crisis que está sufriendo el sector y la necesidad de la contención social de sus trabajadores dependientes de la actividad”, agregó.
Clamó que “necesitamos trabajar y desde el Gobierno se han dictado algunas medidas para paliar esta situación, que generan más deudas a través de un préstamo. La asistencia financiera (AFIP-ANSES) a los empleados del sector es lisa y llanamente insuficiente”.
Iglesias detalló sucintamente el panorama local de los comerciantes habilitados con personal a cargo. “El 10% de los comercios declaran que deben cerrar, no están en condiciones de afrontar sus compromisos inmediatos de marzo (salarios/planes de pago/alquileres) su actividad y situación no podría sostenerse”.
“Otro 50% relata que pudieron capear la situación el mes de abril (sueldos de marzo y algunos gastos y cheque), pero de seguir como ahora se sabe hasta fin de mes deberían cerrar. El análisis financiero de los bancos en su capacidad de endeudamiento, no lo permitiría. Ni podrían pagar sueldos”.
Precisó que “el 70% de los comercios habilitados no está facturando; el 25% de los exceptuados sufrió bajas de más del 40% de su facturación con respecto a febrero 2020”.
Para el presidente de la entidad mercantil, “la delicada situación económica producto de la emergencia sanitaria, obliga a los comercios locales a estrategias comerciales de liquidación a precio vil para sobrellevar el impacto económico negativo, venta de bienes y desaparición de sus ahorros, mientras se reclaman “medidas de asistencia concretas e inmediatas”.
“No se vislumbra la acción concreta de tratar de aceptar la realidad. El comercio en su actividad y los puestos laborales que conllevan como los conocíamos, no pueden coexistir con el COVID-19”, avizoró.
Para Iglesias, “habría que asumir que las actividades no exceptuadas y no permitidas en ninguna modalidad, deberían sostenerse con apoyo de un 70% mínimo entre comerciantes, trabajadores y Gobierno principalmente desde el ANSES como si fuera un subsidio por ‘nacimiento’ por puesto laboral, mientras estén prohibidas por el DNU. Habría que asumir que con trabajadores obligatoriamente en sus casas, no se pueden pagar seguros de retiro, ART, aportes”.
“Se ha puesto de relieve la fragilidad de todo el sistema y lo poco preparado que estamos para una situación así. Debemos reflexionar sobre nuevas formas de trabajo y el beneficio que la tecnología puede aportar, pero también su inserción posible en convenios laborales perimidos e inadecuados para la necesaria migración de trabajadores a lo virtual”.
“Como estrategias, bajo el concepto de la solidaridad, han surgido ideas como ‘compras presentes y entregas futuras con beneficios’, descuentos especiales, gestión de equipos remotos y el protagonismo del E-Commerce. Esto colisiona directamente con la necesidad de tener locales comerciales habilitados y personal en relación de dependencia. Mutaría en la desaparición de la mayoría del empleo formal y el negocio físico, que responsablemente tributa y es sujeto a controles periódicos del sistema que está preparado para regularlo, controlarlo y exigirle”.
“No tiene sentido ni los sindicatos, ni el Ministerio de Trabajo ni la mayoría de la legislación laboral, judicial”.
“El nuevo sujeto al ser virtual, las plataformas digitales de vinculación de transacciones también, implica que todo lo anterior, el mundo comercial –económico hasta febrero 2020 (empleado-patronal-controles)- deja de tener sentido y rentabilidad. En toda crisis debería haber una oportunidad, repensar la manera en que vivimos y trabajamos, para el sector formal de los no-exceptuados, hotelería, turismo, no existe hoy proyección de flujos, por no menos de hasta 2 años (los análisis así lo indican)”.
“Con la circunstancia adversa que muchos de los actores involucrados por su responsabilidad fáctica de ser electos o designados en rangos jerárquicos no dan respuestas válidas o lo hacen en formas insuficientes”.
“Nos deberíamos tener que sentar ‘responsablemente’ funcionarios, sindicatos, empresarios, en el entendimiento urgente que tenemos que compartir el impacto de la Pandemia y saber que todos vamos a resignar, todos vamos a perder. Se tendría que entender que se debe actuar a la brevedad, nos comimos medio abril”.
“Volcarían en mayo, no se pueden pagar los sueldos ni reperfilar los cheques especialmente de los “no exceptuados” modalidad nueva de los muertos comercialmente y si verse reflejados en ninguna medida que los contenga o asista. “Como le paso a otro no me preocupa, después vinieron por mí”, finalizó José Luís ‘Gigi’ Iglesias.
