Frente a la situación planteada en el sector metalúrgico, el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) de Tierra del Fuego emitió un documento crítico frente a la posición de la UOM a nivel nacional y provincial. En el texto, se refieren al descuento salarial por el periodo de cuarentena y la situación del personal enmarcado como PPD. Además proponen, entre otras consignas, la “toma y estatización de toda empresa que cierre o despida masivamente”.
Río Grande.- Un documento del Partido Socialista de los Trabajadores de Tierra del Fuego expresa que “Finalmente, y a pesar de las declaraciones de Antonio Caló, la Unión Obrera Metalúrgica firmó las suspensiones con salarios a la baja. En Tierra del Fuego, donde desde el 17 de marzo las plantas están cerradas, el gremio y AFARTE ratificaron el acuerdo nacional, y las y los trabajadores cobrarán solo un 70 por ciento de sus haberes”, asegura el escrito que firma Alejandro Marín por el PTS.
Después se relata que el miércoles pasado “la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los gremios que representa a las y los trabajadores del sector industrial en la provincia, y los empresarios nucleados en AFARTE, firmaron un acuerdo de recorte salarial ante el Ministerio de Trabajo”.
“El arreglo establece que la liquidación de los haberes de marzo será normal hasta el 16, día que comenzó a regir la cuarentena en Tierra del Fuego, desde el 17 hasta el 31 se liquidarán como una suma no remunerativa, bajo la denominación de “aislamiento”, lo equivalente al 70 por ciento de los haberes netos o “de bolsillo”, sin aportes ni contribuciones. Las personas incluidas en el “grupo de riesgo”, siempre y cuando sean exceptuados de no concurrir a trabajar, seguirán cobrando el 100 por ciento no remunerativo”, aseguran.
Repasan que “Inmediatamente se publicó un duro escrito por parte de un grupo de trabajadoras y trabajadores de la ciudad de Río Grande, que se encuentran contratados bajo la modalidad de Personal Permanente Discontinuo (PPD). En el comunicado dirigido a la conducción de la UOM y al Gobierno de la provincia, denuncian la complicidad de ambos para para sostener la precariedad del sector. Se preguntan: “¿A nosotros quién nos ayuda? Si no puede ser Nación, el Gobierno ¿dónde está el gremio en este caso? ¿No fue la UOM quien creó la modalidad PPD? Solo existimos para la UOM cuando estamos trabajando. Nadie nos tiene en cuanta, lamentablemente tuvo que pasar esto para darnos cuenta que somos invisibles para todos, y que estamos solos. Durante años pagamos la afiliación de un sindicato que hoy nos da la espalda””, reproducen en el texto.
Más adelante explican que “la situación por la que atraviesa la industria fueguina es delicada y pone en riesgo a miles de familias que ven peligrar sus puestos de trabajo. El alerta es sensible porque se vienen produciendo despidos y suspensiones de manera progresiva desde hace varios años y las conducciones no han planteado una alternativa para frenar la sangría”.
Dicen también que “El argumento según el cual no hay opción entre bajar salarios o despidos opera en forma de extorsión manifiesta de los empresarios que -como el socio de Macri, Nicolás Caputo- han ganado cifras millonarias al amparo de la Ley de Promoción Industrial”.
Expresan que el problema es que ese libreto de la patronal es el mismo que utiliza el gremio para inmovilizar a sus trabajadores. Corre el riesgo de ser una posición derrotista porque no plantea ninguna alternativa de resistencia. La conducción ni siquiera ha llamado a asambleas de fábricas para escuchar a quienes dicen representar”.
Finalmente señalan que “frente a la crisis sanitaria y económica es imprescindible plantear medidas de autodefensa de la clase trabajadora”, reclamando el “pago del 100% de los salarios” y “ningún cambio en las condiciones de trabajo. Ningún despido ni suspensiones. Salario de cuarentena de $30.000 para todas y todos aquellos que tengan que cumplir el aislamiento obligatorio y no tengan una licencia laboral paga”, puntualizan.
Exigiendo por último la “Distribución de horas de trabajo entre todas las y los trabajadores de una empresa que haya tenido que bajar la producción, sin rebaja salarial” y “toma y estatización de toda empresa que cierre o despida masivamente. Como en la crisis del 2001/2002 que cientos de empresas fueron recuperadas y puestas a producir. En este contexto de pandemia es indispensable que las fábricas produzcan a favor de la crisis sanitaria”.
