El secretario general de ATE dio detalles del allanamiento y se refirió a los audios y videos que habrían sido aportados a la justicia, que podrían involucrarlo. Afirmó que asumirá la responsabilidad que le cabe, pero ratificó que, en cuanto tuvo pruebas de las estafas, radicó la denuncia. «No soy un perejil y confío en la gente», sostuvo, tras haber derivado la responsabilidad del manejo de los listados de adjudicatarios al actual imputado Miguel Arana.
Río Grande.- El secretario general de ATE fue consultado por Radio Provincia sobre el allanamiento del viernes a la sede sindical, dispuesto por el juez Javier De Gamas Soler, en el marco de la investigación de estafas con las viviendas futuras del Barrancas del Pipo, que hasta el momento tenía como imputados al fallecido Daniel Belbey y a Miguel Arana, responsable del área de viviendas.
El dirigente informó que hubo secuestro «de algunas computadoras que tenían todo el listado en que se estaba trabajando. Primero teníamos el listado general que nos había otorgado el IPV en su momento y el listado final que estábamos pasando dentro de algunas computadoras».
Respecto de los trascendidos sobre la aparición de audios y videos que podrían demostrar que estaba al tanto de las irregularidades, dijo que «la gente venía y me decía que había comprado tal departamento o había entregado tanta plata, y yo les decía qué documentación tenían o qué papel tenían, para que nos ayuden a hacer la denuncia lo más rápido posible, pero no había ningún tipo de documentación», admitiendo un conocimiento previo de manera informal de esta situación.
«En su momento hicimos una denuncia a la policía con la mayoría de los compañeros de la comisión directiva y, a los dos o tres días, fuimos a la justicia. Los abogados nos aconsejaban que no publiquemos la denuncia para que la justicia tenga tiempo de trabajar. El día que decidimos sacarlo al aire, aparece la golpiza a Miguel Arana y luego la muerte de Daniel Belbey, pero nosotros habíamos denunciado mucho antes esto», sostuvo.
Se defendió de la responsabilidad que le cabe como dirigente, apelando a la confianza que depositó en los miembros de la comisión directiva. «Yo tengo confianza en los compañeros y uno tiene que confiar en el otro. Había un responsable de controlar y llevar adelante el tema de las viviendas, que me decía que estaba todo bien y no tengo por qué seguir dudando. Eso fue lo que pasó. Uno está metido en un montón de problemas, con las denuncias penales que teníamos y un montón de cosas que fuimos sorteando, y no puede estar desconfiando del compañero que tiene a la par», planteó.
«Me tendré que hacer cargo, pero no puedo dejar pasar por alto la responsabilidad que realmente corresponde, porque realmente estaría jodiendo a los que pusieron tanta plata para conseguir una casa. Nosotros necesitábamos apurarnos con las viviendas con todo lo que corresponde», expuso, ante una operatoria financiada por el gobierno nacional a través del IPV.
«No podemos desconfiar de las personas que tenemos», insistió, y destacó que ninguno de los adjudicatarios «puso un peso en las viviendas de ATE, que recién las van a empezar a pagar el mes que viene. Yo no estoy en la vida de todo el mundo y muchas veces nos criticamos dentro del sindicato porque ni siquiera nos preguntamos si estamos bien o tenemos algún problema personal. Si hay una responsabilidad de lo que pasó, por supuesto me voy a hacer cargo y la justicia hará lo que tenga que hacer. Yo cuando me enteré presenté las notas, se separó a estas dos personas, y fui al IPV», repasó.
Aun luego de haber reconocido denuncias sin pruebas que le iban llegando, sostuvo que «la verdad no estuve enterado» de estas estafas y, «cuando me enteré, hice lo que tuve que hacer», reiteró.
Respecto de lo que se secuestró, detalló que fueron «papeles de inicio de obras, el tema de los listados, los que estaban dados de baja, porque se baja una persona y se sube otra, y no tenemos problema de hacer público eso».
También se le preguntó sobre la denuncia del jubilado de ATE Daniel Moreno a la Fiscalía de Estado, muy anterior a la presentación de ATE a la justicia, y dijo que Moreno «se entera porque hay otras personas que son compañeros de él y trabajan en el IPV. Cuando conocí la denuncia me preocupé y fui al IPV, le pregunté a las compañeras de acción social que están dentro del IPV y me dijeron que estaba todo bien. También nos quisimos poner a disposición del Fiscal de Estado, pero dijo que estaba todo bien», manifestó.
Consultado sobre los trascendidos de una especie de «cupo» dentro de las 128 viviendas que se habría acordado reservar para venderlas a no afiliados, lo negó por completo: «No sé de dónde lo sacaron, porque está claro que las viviendas son pura y exclusivamente para afiliados de ATE. Yo no soy un perejil, confío en la gente y por supuesto de ahora en más voy a tener mucho más cuidado, porque no puede pasar lo mismo», remarcó.
Finalmente se le preguntó sobre los audios y videos que podrían involucrarlo en las maniobras irregulares y habrían sido puestos a disposición de la justicia: «No tengo ningún dato y, si está denunciado en la justicia, está bien denunciado. Lo tendré que aclarar ante la justicia y habrá que ver qué dice ese audio. Uno pone toda la confianza en la justicia», concluyó.
