La ministra Adriana Chapperón consideró importante dar el mensaje a la población de que la ley se aplica “igual para todos”, tras el allanamiento al domicilio del funcionario provincial Gustavo Gabriel Caro, quien fue notificado de derechos y garantías. Se produjo como derivación del operativo Pandemia Verde, en el que se secuestraron 27 kilos de marihuana. También fue allanado el domicilio de Gustavo Raúl Anchordoqui, que quedó detenido e incomunicado. Una vez analizada la prueba y, de existir vinculación, Caro será separado “de inmediato” del cargo, pero la investigación continúa y se buscan nexos en otros puntos del país.
Río Grande.- La ministra de Gobierno Adriana Chapperón confirmó ayer por FM La Isla que uno de los domicilios allanados corresponde a un funcionario del gobierno provincial. Fue como derivación del operativo “Pandemia Verde”, donde quedó involucrado Gustavo Gabriel Caro, funcionario de la provincia, hasta ahora notificado de derechos y garantías, mientras que el otro allanamiento terminó con la detención en carácter de incomunicado de Gustavo Raúl Anchordoqui.
“El gobierno de la provincia colabora y encabeza la lucha contra el narcotráfico. El gobernador ha sido muy claro desde siempre, porque desde la Municipalidad siempre mantuvo el mismo discurso. La justicia federal desde hace tiempo estaba haciendo una investigación y hace unos 15 días había arrojado como resultado cinco detenidos y el secuestro de algunos elementos. Esa línea de investigación continúa y van apareciendo nuevos procedimientos para hacer. Ayer se procedió con el allanamiento de dos domicilios de la ciudad de Río Grande, que tienen relación con esta causa. Por la tarde habían concluido y hay un detenido incomunicado, y el otro, que lamentablemente es un funcionario de la gestión, ha sido notificado de derechos y garantías. Ahora falta esperar que la justicia analice el resultado del allanamiento realizado”, señaló la ministra.
“El funcionario no fue detenido todavía pero luego del análisis se procederá de acuerdo a lo que se encuentre. Es lamentable para la gestión que sea un funcionario y la orden del gobernador es que no hay distinción entre unos y otros. Todos somos responsables de nuestra vida privada y tenemos que dar cuenta a la justicia como corresponde. En este caso le ha tocado a un funcionario. Todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto porque nos acabamos de enterar, si bien estamos en contacto permanente con la policía de la provincia. Somos muy cautelosos con la información porque son procedimientos investigativos donde a veces una palabra mal puesta puede llevarse por delante todo un proceso de investigación”, dijo.
“En la medida que la justicia encuentre un justificativo, por supuesto que el funcionario inmediatamente será apartado del cargo –remarcó-. El allanamiento se realizó en base a una línea de investigación y ahora habrá que esperar el resultado, que en pocos días lo vamos a tener”.
Chapperón reconoció que no fue una sorpresa porque “teníamos la presunción por parte de Fiscal, que había un pedido de detención de las dos personas cuyos domicilios fueron allanados, pero en un caso la detención no ha sido justificada por el juez y todavía falta analizar las pruebas que se han encontrado. El Fiscal ya había pedido que se llevaran adelante estos procedimientos, el juez tomó intervención, indicó los allanamientos, y de acuerdo a ese resultado en este momento hay un detenido e incomunicado, y otra persona que fue notificada, hasta que se verifiquen las pruebas que se encontraron. Tendremos que esperar ese resultado”, reiteró.
Buscando nexos
La ministra no descartó vinculaciones con el continente y “en la línea de investigación siempre lo mejor es llegar lo más alto posible –dijo-. Uno encuentra el ovillo pero tenemos que encontrar la punta de ese ovillo y a veces es difícil en el tema de narcotráfico. Somos respetuosos de la investigación y por eso la información que damos es escasa, tratando de no interferir en la labor de la justicia. Ante hechos como este, obviamente el gobierno considera que es importante dar un mensaje a la comunidad de que no hay ninguna discriminación entre unos y otros. Somos adultos y responsables de nuestros actos, y si la justicia encuentra un delito, será condenado como corresponde. Por ahora está en plena etapa de investigación”.
Consultada sobre la posibilidad de que exceda a Caro la vinculación y se haya hecho uso de algún vehículo oficial o dependencia del Estado con fines de narcotráfico, señaló que “aparentemente podría haber un vehículo oficial involucrado en alguna situación, pero todavía no me consta que sea así. Hasta ahora no hay involucrada ninguna dependencia del gobierno, pero a partir de este allanamiento puede llegar a suceder. La investigación sigue y las primeras medidas se tomaron hace diez o quince días. En la medida en que va procesando información que se obtiene de los allanamientos, se va profundizando la investigación. Es lo que sabemos de la justicia federal”.
“Sabemos que es una investigación de mucho tiempo y que se está haciendo una tarea de inteligencia. Ante hechos de estas características lo importante es saber hasta dónde se puede llegar. Son investigaciones que a veces es difícil continuar fuera del territorio de la provincia. Tierra del Fuego es un terreno muy apetecible, porque más allá de esta pandemia y de la situación económica, la provincia está en una situación diferente de muchos lugares. Por eso hay que encarar una lucha seria, no solamente desde el discurso sino desde las acciones. Por supuesto vamos a colaborar en la investigación hasta las últimas consecuencias”, garantizó.
¿Escáner inservible?
La ministra manifestó que “la droga en su gran mayoría ingresa por la frontera terrestre y ahí es donde tenemos que profundizar el control”, y cuestionó el engaño a la población a partir del anuncio de la instalación de un escáner, que nunca funcionó. “Hace más de un año se ha puesto un escáner y estamos tratando de dilucidar qué ha pasado, porque se firmó un convenio por un escáner que estaba en desuso y hay que arreglarlo. Lo cierto es que en 2019 trajeron un escáner que no funcionaba y repararlo salió mucho dinero a la provincia, pero por lo que estamos averiguando nunca funcionó o funcionó muy mal. No puede funcionar con las condiciones climáticas en la situación en que está. Por eso digo que encarar una lucha contra el narcotráfico es una cosa seria y en la medida que podamos ir teniendo mayores recursos, buscaremos más elementos tecnológicos, pero de forma seria, sin hacer creer que hacemos cosas cuando no las hacemos”, sentenció.
El operativo
Cabe señalar que el operativo Pandemia Verde se realizó a fines de junio, con un resultado de 5 detenidos y 4 imputados, y el secuestro de 27 kilos de marihuana en Río Grande, además de dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego. La causa la instruye la jueza federal Mariel Borruto.
El viernes 19 de junio los detenidos fueron trasladados por personal del Grupo Especial de Operaciones Tácticas (GEOT) dependiente de la Policía provincial, con chalecos antibalas y cascos, para prestar declaración indagatoria, pero sólo uno de ellos declaró y se desvinculó de la causa de narcotráfico.
Los detenidos hasta ahora eran Gastón Vicente Denis Almada, Agustín Anchordoqui, Carlos Mario Bennati, Luis Eduardo Alcoba y Juan Duarte, y se sumó ayer Gustavo Anchordoqui, padre de uno de ellos.
Según trascendió, Gastón Vicente Denis Almada ingresó la marihuana en un camión que transportaba elementos de una empresa textil, en un bolso que contenía 38 paquetes con un total de 27 kilos. Estacionó en calle Islas Malvinas al 2.400 y le entregó el bolso a Agustín Anchordoqui, quien subió a un Fiat Palio donde se encontraban además Bennati y Alcoba. La policía ya venía siguiendo la maniobra y, cuando intentaron detenerlos, se dieron a la fuga. Hubo una persecución policial por varias calles, hasta que los sujetos arrojaron a la vía pública el bolso con la droga. Duarte fue detenido posteriormente, luego de un allanamiento, acusado de comercializarla.
