El secretario general de los judiciales Luís Bechis expuso la percepción de los gremios detrás del proyecto de ampliación de la Corte. Fue muy crítico de los legisladores que adelantan acompañamiento pero no miran las necesidades de la justicia, que van desde falta de presupuesto para poner en marcha el juzgado de Tolhuin, a la falencia edilicia y la necesidad de recursos humanos. “Nadie pudo responder ni públicamente ni en la comisión sobre cuáles son las razones que motivan esto”, sentenció.
Río Grande.- El secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Luís Bechis, participó junto con dirigentes del SEJUP de la reunión de comisión realizada este miércoles para analizar el proyecto de ampliación de la Corte fueguina, y fue muy crítico del acompañamiento que ya adelantaron varios legisladores, asegurando que no hay fundamentos de peso y que la percepción es que están respondiendo “a una necesidad personal o de pagar facturas políticas”.
“Nuestra opinión sigue siendo la misma que veníamos manteniendo, porque nos oponemos a esto desde el primer momento en que se conoció. No tuvimos posibilidad de discutirlo en el seno del Poder Judicial, porque nos enteramos por los medios, y seguimos sosteniendo la misma postura”, dijo por Radio Provincia.
“Esta postura es la que llevamos adelante el miércoles en la reunión de comisión 6. La primera pregunta que hicimos a los legisladores fue sobre los motivos para ampliar el Superior Tribunal, si viene funcionando bien, si tiene necesidades, si se presentó una estadística del crecimiento de causas, del crecimiento laboral; si hubo un informe de la oficina de planeamiento estratégico que haya analizado la situación judicial y diga que hay una necesidad por determinadas razones. Nadie pudo responder ni públicamente ni en la comisión sobre cuáles son las razones que motivan esto, y solamente hablaron del crecimiento poblacional”, aseguró.
Advirtió que “no son solamente dos jueces más, porque aumentan el 67% de la constitución del cuerpo colegiado. El crecimiento poblacional no tiene implicancias judiciales que tengan que ver con la Corte provincial, en todo caso impacta en los juzgados de primera instancia, que son los que tienen que dar respuesta en familia, en instrucción, en defensoría. Esos son los lugares que hacen al crecimiento poblacional y la necesidad de tener una administración de justicia”, manifestó.
“Nosotros nos opusimos pero vemos que desde la otra parte no importan los argumentos que uno pueda brindar. En un momento dijeron que es algo que presentó la Corte, y que solamente los legisladores pueden decir que sí. Lamentablemente yo nací con la justicia y pasé por muchos presupuestos. Varias veces hubo presupuestos recortados y no se pudieron llevar adelante proyectos que tenía previstos la justicia para la creación de algún organismo”, recordó.
Consideró “contradictorio lo que me respondieron. Si me hubieran dicho que es una decisión política, está bien, o que era una decisión que ya viene con nombre y apellido, pero no me cayó bien que me dijeran esto”.
“Creo que la justicia debe dar otro tipo de respuesta, porque ya el año pasado la tercera instancia, que es la Corte, creció con una secretaría administrativa para poder funcionar mejor; se puso en funciones a 12 relatores, que son los que llevan adelante los expedientes que llegan a la Corte. Se dotó de más prosecretarios, más administrativos, más personal informático. Hubo una dotación importante que nosotros no discutimos, y se hizo en el marco del crecimiento que había tenido la justicia por la Cámara civil y penal que se creó en Ushuaia, por los juzgados laborales que se crearon en Ushuaia y Río Grande, y por los nuevos juzgados de instrucción”, indicó.
“Eso puede ser que lo entendamos, pero no la ampliación de la Corte. Yo como habitante de esta provincia y como representante de los judiciales, creo que hay cuestiones prioritarias, y las expresamos en la comisión. Primero, la Legislatura desde hace un tiempo le dio el status de ciudad a Tolhuin, creó por ley el juzgado multifueros de Tolhuin, y hoy no está funcionando. Para sorpresa de todos, la justicia de Tolhuin es una justicia virtual o a distancia, porque las causas las resuelve parte Ushuaia y parte Río Grande, así que hoy Tolhuin no tiene juzgado multifueros y la sociedad no tiene una respuesta judicial. Tienen que viajar cien kilómetros para buscar la solución en temas de familia, casos laborales, de instrucción. Necesitan pedir recursos para ponerlo en funcionamiento, y es no querer hacerlo”, fustigó.
Contrastó estas falencias que no se tienen en cuenta con “la ampliación donde todo fue ágil, fue inmediato, buscaron la solución, mientras el multifueros hace dos años está creado y es una necesidad que los actores políticos tendrían que estar reclamando. No puede ser que una comunidad como la de Tolhuin no tenga servicio de justicia, como otros servicios más, porque el status de ciudad va a acompañado de todo esto. Si no, que no le den status de ciudad”, disparó.
“Otra cosa que dijimos es que viene la reforma penal, que va a tratar la Legislatura, y va a traer un crecimiento en todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal y las Defensas, porque pasamos la oralidad y cambian los juicios. Son todas previsiones que hay que tener”, sostuvo.
“Hoy en día tenemos un juzgado de Ejecución en Río Grande y otro en Ushuaia que no dan abasto. Tienen necesidades de recursos humanos y necesidades edilicias. Se está tratando la ampliación de la flagrancia, que hoy es hasta la pena de seis años y va a pasar de ocho a diez años, y esto va a hacer crecer la cantidad de causas. Estos juzgados ya no pueden dar respuesta y, cuando la pena sea mayor, va a ser peor. Y esas son respuestas inmediatas que le tienen que dar al ciudadano”, reclamó Bechis.
También preguntó “por qué no apuramos hacer la casa de Ushuaia, porque tenemos una realidad que no queremos llevar adelante. Estamos buscando desviar todos los recursos en otros lugares que tal vez no sean necesarios en este momento”, insistió.
“Hablan de dar un mejor servicio de justicia, y el servicio de justicia está en la primera instancia. Después de superada esta pandemia, va a venir la pandemia económica, que trae un montón de desocupación, pobreza, necesidades, y los juzgados que van a colapsar van a ser los de familia, ejecución, instrucción, los ministerios públicos, el laboral. Tenemos una planta que es la misma del 2014 y no ha sido actualizada”, cuestionó.
“Por eso dije que tenemos que dar los fundamentos y ver cuáles son las prioridades. Esto no es prioridad ahora y creo que es desacertado el momento, si hablamos seriamente como dirigentes, como representantes, como actores, y queremos una mejor justicia. Pero si acá hay una necesidad personal o una necesidad de pagar facturas políticas, es otra cosa, y esa es la percepción de los gremios, que no hay un fundamento jurídico”, aseveró.
“Los dos gremios decimos lo mismo, porque hay necesidades en otros lugares y primero hay que atender esto. El edificio de Monte Gallinero es un edificio de 2004 que ya no puede seguir funcionando como está para administrar la justicia. En Río Grande todavía no se hizo una ampliación edilicia. Tenemos deudas edilicias para poder brindar un servicio de excelencia”, apuntó sobre prioridades que no se están atendiendo.
“Hay algo más: la unidad de género no está en funcionamiento. Todos hablan del género, pero hace más de dos años que se aprobó la ley y no se está haciendo la capacitación tampoco, cuando la ley lo obliga. Todos hablan de género pero en la práctica no se capacita ni a aquellos que están a cargo del personal”, criticó.
“Son muchas las razones que necesitan una resolución inmediata y no están en carpeta de nadie, pero sí ampliar la Corte, que no son solamente dos jueces más. Hay ocho relatores a nivel de juez de primera instancia, más tres secretarios, tres prosecretarios, empleados administrativos, choferes, más gastos de representación. El presupuesto va a crecer un 10% más solamente por la ampliación de estos dos ministros”, adelantó.
“Es una situación complicada la que está viviendo la provincia en cuanto a los ingresos, los recursos, las regalías, y hacemos esto. Los tiempos me parece que no son los acertados, pero la política parece que no mira tiempos. Yo no he visto a nadie que esté haciendo una ley para ver cómo solucionamos la cuestión económica que va a tener el pueblo de Tierra del Fuego, la pobreza de todos los que no van a poder cumplir con el pago de los servicios, de los impuestos. La clase media ha pasado a ser una clase pobre y todo esto no se discute. Pero estamos discutiendo algo, que ya es exagerado”, concluyó.
