En un mundo en el que jefes del Estado de grandes potencias publicitan, y hasta definen, su política exterior a través de redes sociales digitales, nos encontramos en estos días con una novedad inquietante: la Cancillería argentina modificó su sitio web oficial (www.cancilleria.gob.ar).
En un mundo en el que jefes del Estado de grandes potencias publicitan, y hasta definen, su política exterior a través de redes sociales digitales, nos encontramos en estos días con una novedad inquietante: la Cancillería argentina modificó su sitio web oficial (www.cancilleria.gob.ar), la principal fuente de información que ofrece al público general, reduciendo la Cuestión Malvinas a un espacio visiblemente menor, a un asunto más de la agenda política exterior.
El indisimulable afán del gobierno por disminuir el tono de reclamo y defensa de los intereses nacionales en Malvinas comete la doble falta de retacear información pública a los ciudadanos sobre una política de Estado y desmerecer los antecedentes de apoyo internacional a la causa.
Los que hayan navegado antes la web de Cancillería recordarán a la Cuestión Malvinas en una posición de gran visibilidad e importancia simbólica dentro del sitio. De hecho, era el primer ítem del índice general e incluía un racconto de los antecedentes histórico-jurídicos de la disputa de soberanía que permitía comprender fácilmente la posición argentina.
La organización del contenido daba acceso rápido y sencillo a todos los documentos oficiales sobre el asunto, a todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Comité de los 24, así como todos los informes de prensa. Lo mismo pasaba con todos los documentos de apoyo a la posición argentina de los organismos regionales y multilaterales.
También había una sección de bibliografía indispensable para el estudio de la Cuestión Malvinas y se podía acceder a documentos de protesta Argentina por los actos unilaterales británicos y, fundamentalmente, a todos los acuerdos con el Reino Unido desde 1833 en adelante.
Pero ahora la Cuestión Malvinas fue corrida del índice principal de la web de Cancillería y, para acceder a ella, hay que ingresar primero al ítem de Política Exterior, dentro del que es apenas el quinto sub ítem, detrás del G20, el MERCOSUR, Apertura de Nuevos Mercados y Derechos Humanos. Al final, se llega a un texto de escasa profundidad y con errores de tipeo.
Es decir que la cuestión más importante y más antigua de política exterior de la Argentina queda reducida a un apartado secundario que merece a la Cancillería un texto simple de cinco párrafos y algunas notas de prensa sin apoyo de los argumentos histórico jurídicos argentinos sobre la soberanía de los archipiélagos australes.
Para confirmar el sentido de los cambios, el acceso al texto del Acuerdo Foradori-Duncan (2016), central en la estrategia del actual gobierno frente a Gran Bretaña, fue excluido de la sección Cuestión Malvinas y además sugestivamente “camuflado”: para encontrarlo hay que navegar por al menos 15 páginas de Comunicados de Prensa y ni el propio buscador de la web lo registra con palabras clave básicas.
Otros antecedentes
Con el rigor que exige el tema, hay que recordar otros antecedentes preocupantes, como la Declaración Ministerial del G77 y China, de septiembre de 2017, que menciona como en otras ocasiones la Cuestión Malvinas, pero lo hace con graves omisiones.
Así, la declaración perdió tanto el lenguaje que desde 2005 dejaba sentado el perjuicio económico que la disputa y el accionar unilateral del Reino Unido genera a Argentina como el endoso del G77 al «accionar legal» del Congreso Nacional sobre la exploración y explotación ilegales en espacios marítimos argentinos, sin siquiera incluir una mención a la relanzada actividad en hidrocarburos, como sí se había hecho en 2016.
El nuevo texto, en cambio, introdujo el concepto de la declaración conjunta del 13 de septiembre de 2016 (Foradori-Duncan) sobre la «conexión» entre el bienestar de las islas y el accionar legal argentino: las medidas legales argentinas para impedir y sancionar el accionar ilegal británico en el área son un «obstáculo» para el crecimiento económico.
También se habla de «mantener» («to hold») negociaciones cuando, como establece la doctrina de la ONU, se trata de «reanudar» («to resume») las centradas en la cuestión de soberanía que tuvieron lugar desde 1966, en cumplimiento del mandato vigente de la ONU y que hasta el Reino Unido reconoció aquel año en un comunicado conjunto.
Más cerca en el tiempo, en la 52° Reunión de Jefes de Estado del MERCOSUR del 18 de junio de 2018, a diferencia de 2015 y anteriores en las que se adoptó una resolución única y específica de apoyo del bloque a la posición argentina sobre las Malvinas, este año sólo se incluyó un párrafo en un comunicado conjunto que tampoco la Cancillería publicitó por sus canales oficiales.
Por fin, en los últimos dos años se han encontrado infinidad de ejemplos en donde mapas publicados por organismos oficiales de la Argentina han aparecido sin las Islas Malvinas, el último y más llamativo, del Ministerio de Hacienda de la Nación explicando el acuerdo alcanzado con el FMI.
Si como se ha dicho tantas veces, la verdad es la primera víctima de un conflicto, la Cancillería argentina está creando entonces una tremenda e inédita paradoja histórica: dificultar a sus propios ciudadanos el acceso a los argumentos históricos y legales que sostienen los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas frente la nación que las usurpó.
(*) Jorge Argüello
Secretario de Estado para la Cuestión Malvinas
Tierra de Fuego
