El dirigente de ATE sostuvo que el intendente de Río Grande deberá definir las prioridades del presupuesto y advirtió que, si todo se vuelca a obra pública, no habrá fondos para recomponer los salarios de los trabajadores. Aseguró que en las reuniones con los equipos técnicos no hubo acuerdo y espera que Martín Pérez se pronuncie. Reclaman un mínimo de 55 mil pesos para las categorías más bajas, más ayuda escolar y asignaciones familiares. Cargó tanto contra el Ejecutivo provincial como el municipal por «esconder información» sobre el presupuesto, dado que actualmente la masa salarial insumiría el 35% del total. También fue crítico del Ministerio de Trabajo, que tomaría partida por el Ejecutivo, como asimismo de la decisión de excluir a ATE de la paritaria docente, teniendo afiliados entre los POMyS que fueron transferidos al ámbito de Educación. Consideró que los legisladores de extracción sindical se han convertido en «cadetes del Ejecutivo» y no los representan. En estas condiciones avizoró un comienzo de clases conflictivo, dado que no se conocen protocolos de seguridad para el personal.
Río Grande.- El congresal nacional de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la paritaria con el Municipio de Río Grande, luego de mantener una reunión con el secretario de Gobierno Gastón Díaz junto al secretario general del gremio, Felipe Concha. Se planteó un pedido de «un sueldo mínimo de 55 mil pesos para el trabajador municipal», y además piden que participe el intendente Martín Pérez en estas negociaciones.
«Es muy importante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los cuatro años del gobierno de Macri y luego la pandemia nos pegó la cachetada final. Esto todavía no ha concluido y la inflación está al acecho día a día, porque es incontrolable. No hay salario que alcance y no hay referencia en las cuestiones cotidianas de un trabajador para tener un parámetro», dijo.
«Ningún trabajador debería estar por debajo de los 100 mil pesos en la provincia, y es insostenible vivir con un sueldo de 35 mil. Sabemos que es difícil alcanzar eso, por eso pedimos que al menos alcancen los 55 mil pesos.
Estamos buscando ayudar a los grupos familiares con más niños en su casa, y por eso planteamos las asignaciones familiares y la ayuda escolar. Nosotros no solamente discutimos salario sino condiciones de trabajo, estabilidad laboral, que es muy importante. Ahora vamos por lo más urgente, que es mejorar la calidad de vida a través del salario», expresó.
El sueldo inicial de un trabajador en comparación con las mismas categorías del municipio de Ushuaia es inferior: «La escala salarial de Ushuaia está un par de puntos más que en Río Grande en el caso del municipio. Un categoría 10 recién iniciado en la Municipalidad de Ushuaia anda en 44 mil pesos, y en Río Grande estamos en 38 mil. También hay diferencias en el modo de liquidar porque las municipalidades tienen distintos ítems. Hay casos que están más altos y otros que están más bajos», manifestó.
«Vengo escuchando al presidente decir que hay que hacer todos los esfuerzos para discutir salarios, para que estén por encima de la canasta básica. Levantan la bandera de que están con Fernández pero van por otro camino», cuestionó.
Sin información
Afirmó que «los Ejecutivos, no desde ahora sino históricamente, han escondido la información, y nosotros tenemos datos propios. En el caso de Ushuaia tienen menos gasto en masa salarial, porque tienen menos agentes. En Río Grande tenemos aproximadamente 1.850 agentes, tomando todo lo que se refleja en el presupuesto municipal, que incluye Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas y Concejo Deliberante. Contando esa masa rondan los 1.900 ó 2.000 por los datos que tenemos. Ahí entran contratados y planta permanente».
«Cuando se discuten salarios nosotros planteamos cuál es la masa salarial, si es toda la planta permanente o entran los compañeros monotributistas. Acá hay de todo un poco: contratados tercerizados, contratados monotributistas, plantas transitorias, y luego la planta permanente que tiene la estabilidad laboral. Las cooperativas son otro tema particular, porque tienen otra modalidad que no encuadra en el régimen jurídico básico de la ley 22.140, que incluye tanto a trabajadores provinciales como municipales. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que los monotributistas son empleados en blanco, y hoy los contrata tanto el gobierno como el municipio. Nosotros no estamos de acuerdo porque la ley dice que a igual trabajo debe haber igual remuneración», sostuvo.
Sin avance en las negociaciones
Respecto del desarrollo de la paritaria en sí, dijo que «las discusiones técnicas se llevan adelante con los que manejan los presupuestos. En este caso está al frente el secretario de Gobierno Gastón Díaz, y el secretario de Finanzas Diego López. Históricamente nunca nos hemos puesto de acuerdo con la parte técnica, ni en el gobierno ni en el municipio. Nosotros exigimos que se ponga el presupuesto sobre la mesa y la parte técnica no quiere saber nada.
Nosotros tenemos equipos técnicos, pero ningún Ejecutivo ni Legislativo, por acuerdos internos que tienen, dan información veraz. Hoy el presupuesto provincial es de 75 mil millones de pesos, y el Municipio de Río Grande recibiría un promedio de 9 mil millones de presupuesto, por la ley de coparticipación, porque le corresponde el 12,2%; pero ni los Ejecutivos ni los Legislativos quieren que los sindicatos discutan esto y no dan la información. Conseguimos información a retazos y a veces de la propia oposición legislativa en el Concejo Deliberante. La Legislatura directamente es intocable», definió.
Según Córdoba, «la masa salarial de los estatales del escalafón seco y húmedo no supera el 35%, y yo me pregunto dónde está el resto de los fondos. Eso es lo que no quieren decir, ni el Legislativo, ni tampoco el Judicial. Ya se sabe el lobby que hay en la Legislatura cuando no quieren dar ninguna información».
Consultado sobre la posibilidad de gestionar a través de los tres legisladores de extracción sindical, Daniel Rivarola, Emanuel Trentino y Mónica Acosta, respondió que «tampoco responden. Si yo hubiese sido egoísta hace tiempo hubiese sido legislador, pero ser cadete de los Poderes Ejecutivos no me interesa. Prefiero seguir haciendo lo que hago, porque el legislador que no escucha la voluntad de las bases termina siendo el entregado al Poder Ejecutivo. Yo no la escucho más a Mónica Acosta, que antes quería tomar toda la provincia. Cuando van en una plataforma, terminan aceptando lo que les digan, y no van a venir a un sector a participar de una asamblea para explicar cómo está la obra social, el sistema asistencial, si va a alcanzar o no el presupuesto», fustigó.
«Los estatales algún día deberán reflexionar, porque no tienen ni un representante en el Poder Legislativo. Fueron militantes quizás, pero nunca respondieron a las necesidades de los trabajadores cuando llegaron a la Legislatura», ratificó el dirigente.
«El gobernador hace siete meses, cuando se hablaba de la reforma judicial, dijo que no era momento, en medio de una pandemia, y la reforma judicial salió por unanimidad. Eso da la pauta de lo que está sucediendo en la Legislatura. El gobernador dijo que no era el momento y a los dos meses manda a votar a sus legisladores la ampliación de la Corte. Todo el poder político se encolumnó, así que es muy poco lo que podemos hacer nosotros.
Ahí concluye lo que puede hacer el ciudadano común o los que no tenemos representación legislativa», se resignó.
Estimó que «estamos alrededor de los 20 mil empleados públicos y la masa salarial no supera el 35%. No es casualidad que el Poder Ejecutivo no quiera discutir esto. Tenemos un Ministerio de Trabajo que es vergonzoso lo que hace. Lo hemos notificado el 19 de diciembre de 2019 para reabrir las paritarias tanto municipales como del gobierno y al día de la fecha no tenemos una respuesta. Hemos repetido cuatro o cinco notas desde que asumió este gobierno y lo que nos contestan es que no tienen la orden del jefe máximo», dijo.
«Esto lo vengo discutiendo desde hace años, y el Ministerio de Trabajo no puede ser parte del Ejecutivo. Es claro que el ministro que llegue le tiene que hacer la venia al Ejecutivo, que es el empleador. Hoy está lejos de cumplir el rol de mediación. Nosotros fuimos en demanda por la inconstitucionalidad de la ley 424, que da exclusividad a un sindicato para discutir con los docentes. En primera instancia nos hicieron lugar a ATE el año pasado, y la justicia dijo que la ley 424 colisiona con todas las normativas actuales, con la OIT y la legislación laboral de los últimos 20 años. El que apeló ese fallo fue el Ministerio de Trabajo y el gobierno de la provincia. Hoy está en la Cámara y quiere decir que tanto el gobierno como el ministerio apelaron en favor del SUTEF. Esa ley la hicieron especialmente para el SUTEF y colisiona con otras leyes provinciales, como la 113 provincial», aseveró.
Expuso que «con ese criterio como ATE podríamos plantearle a la Legislatura que representemos a toda la administración pública porque somos los que tenemos más afiliados. Esto no lo corrige el Ministerio de Trabajo y a esto se debería abocar el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Para el Ejecutivo el SUTEF es el único que puede discutir la paritaria docente y deja afuera a UPCN, a UDA, a ATE, a todos».
POMyS sin representación
Córdoba recordó que ATE tiene afiliados entre los auxiliares de Educación y hoy no pueden participar de la paritaria porque pasaron al ámbito docente: «No podemos discutir con un poder político que está agarrado con uñas y dientes de un sistema que favorece a un grupo muy chico en la provincia», señaló.
Asimismo negó que no hubiera aumentos durante la gestión de Bertone: «No es verdad que no hubo aumentos los cuatro años anteriores. Los aumentos que se dieron en el gobierno de Bertone no alcanzaron a mover la aguja, pero el promedio de aumento de un recién ingresado a la administración central estuvo arriba del 100%. Obviamente ese aumento no puede alcanzar de ninguna manera cuando la inflación supera el 300%, y nosotros la pagamos seis meses adelantada, porque por los grandes formadores de precios ya estamos pagando la inflación del segundo semestre», planteó.
«No es verdad que los salarios estuvieron congelados y lo puedo demostrar con los recibos de sueldo. Claramente fue miserable, porque no movió la aguja, y los aumentos que se dieron ahora son totalmente parciales. En algunos casos llegaron al 38% y en otros casos al 18%. Que dejen de guitarrear, pongan el presupuesto en la mesa y digan dónde va el dinero.
No puede ser que haya trabajadores que cobran tres veces más el sueldo por la misma tarea que otros. Ninguna gestión se animó a discutir esto porque en los sectores concentrados que tienen salarios altos están todos los favores de las plataformas que armaron los legisladores para las elecciones», disparó.
Una decisión política
Desde ATE se apela a que el intendente sea el que defina: «Con el Municipio de Río Grande estamos de acuerdo en alguna parte de lo que planteamos, que son los 10 mil pesos al básico, entendiendo que la inflación va a rondar arriba del 40%. Queremos discutir semestralmente, porque así debe ser. No sabemos lo que va a pasar más adelante y por eso discutimos semestralmente. Con el Municipio hay una mesa fuerte, discusiones muy importantes, pero no podemos cerrar algunas cuestiones con la parte técnica respecto del tiempo y el modo de aplicar esta pauta. Nosotros queremos el 50% de lo que hemos planteado para el primer semestre, más los ítems de presentismo, la ayuda escolar y asignaciones familiares. Nos falta la decisión política sobre las prioridades».
«El Municipio está de acuerdo en el planteo de ATE, pero falta que el intendente defina las prioridades de cómo va a redistribuir el presupuesto y, si esto se da, podemos acordar el salario esta semana. Es voluntad netamente del Ejecutivo, y tendrá que decidir si hacer la obra pública primero y dejar relegados a los trabajadores, o reacomodar el presupuesto en función de las necesidades que tienen los empleados. Sabemos que no es una decisión fácil, pero si se decide avanzar con la obra pública es posible que no quede flujo para una mejora salarial que contenga la situación. Eso lo define el intendente y nadie más», sentenció.
Informó que «para el miércoles por la tarde está prevista una reunión, si está todo bien. Nosotros vamos por 55 mil pesos de piso y el Municipio tiene algunas alternativas que no nos sirven, que es corregir las categorías más bajas. Esto es discutir para abajo y no es lo que pretendemos. Queremos un salario genuino de los 55 mil para arriba y discutir la escala salarial básica», reiteró.
Desendeudamiento sin resultado
Por otra parte, dado que los trabajadores están desde hace tiempo muy endeudados, se le preguntó sobre el programa de desendeudamiento del Banco Tierra del Fuego: «El banco tiene sus normativas y esas normativas no las mueve ni el gobernador. Son dueños de todo, ponen muchas cuestiones administrativas, técnicas, y los compañeros no pueden estar dos o tres días haciendo trámites para ver si les pueden hacer un plan de pago, más con esta pandemia donde dan turno para cuando tienen ganas de trabajar», describió, por lo que no habría accedido un grupo significativo al programa.
Inicio de clases
Así las cosas, adelantó un inicio de clases complicado: «Primero se habla de protocolos y hasta el momento no hemos visto ninguno. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad de la ley 424 porque cuando llegó Melella sacó un decreto y pasó a todos los trabajadores de copa de leche, maestranza y administrativos al Ministerio de Educación. A la hora de discutir las condiciones laborales de esos compañeros, donde ATE tiene una representación de los POMYS, PAYT y docentes incluidos, nosotros estamos fuera de esa discusión. Nadie discute por las condiciones de los compañeros nucleados en ATE. Está el SUTEF porque al gobernador se le ocurrió darle la representación a un solo sindicato, pero nosotros vamos a ir en defensa de esos compañeros porque son afiliados nuestros», advirtió.
«Los compañeros de copa de leche, de limpieza, de cocina, si no tienen las condiciones de trabajo, ATE va a estar presente. Son afiliados a ATE y el gobierno ha decidido dejarnos fuera de la representación de los agentes que nuclea el Ministerio de Educación», remarcó.
Respecto de si tienen diálogo con el SUTEF, señaló que «en el Ministerio de Educación tienen la gran mayoría de la representación, no la totalidad, porque hay un grupo en ATE, otro en UDA y otro en UPCN. Los agentes de limpieza, higiene y seguridad la gran mayoría la tiene ATE pero no podemos participar por el decreto que salió apenas asumió el gobierno. A todos los trabajadores que pertenecían a Secretaría General de Gobierno los mandaron al Ministerio de Educación para favorecer a un sector, y esto es claro».
Cabe recordar que el secretario general de SUTEF, Horacio Catena, dijo que no están dadas las condiciones para las clases presenciales. «Nosotros no vamos a hablar de lo que no nos corresponde, que es la parte educativa. Creemos que no están dadas las condiciones de infraestructura edilicia y tampoco han dado a conocer el protocolo para que podamos transmitirle a nuestros compañeros que están protegidos. Eso lo trabajó únicamente el Ministerio de Educación con el SUTEF. Nosotros no nos vamos a meter con el SUTEF, que tiene su representación y hará lo que le parezca. Lo que decimos es que el gobierno ha tratado de dividir la discusión y lo que va a lograr es un conflicto. Va a haber bastantes dificultades para que comiencen las clases», concluyó.
