El secretario Moisés Solorza aseguró que el Gobierno nacional está llevando a la práctica el federalismo que siempre se pregonaba pero no se veía materializado, y el primer paso fue la inclusión en el interconectado virtual, con el reconocimiento de la desigualdad de Tierra del Fuego respecto del resto de las provincias. Ahora espera que se tome en cuenta el contexto de pandemia al momento de revisar los cuadros tarifarios de gas, de cara a la audiencia pública prevista para el 15 de marzo, convencido de que la coyuntura no admite más ajuste. Personalmente estuvo realizando gestiones y elevando propuestas, y además adelantó una revisión del costo que pagan las empresas de criptomonedas. Remarcó que no son generadoras de mano de obra y tienen un alto consumo de energía, que afecta la factibilidad para otro tipo de desarrollos, crecimiento de la población, o nuevas escuelas. Prevé elaborar un proyecto para que el tratamiento sea justo y razonable.
Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza expuso por Radio Universidad los primeros logros en las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional, después de 15 años sin aplicarse el interconectado virtual, mientras se avanza en la concreción del interconectado físico con el continente. «La provincia siempre tuvo la oportunidad de estar en el interconectado virtual creado hace 15 años y nunca se ejecutó una estrategia del punto de vista energético para poder estar dentro de esa armonía. Se generó una deuda imposible de pagar por parte de las prestadoras de los servicios. Este reconocimiento desde todo punto de vista es un gran paso para la nueva gestión y para tratar de armonizar el sistema energético fueguino, que es deficitario y está muy debilitado. Esto era algo que había que hacer», remarcó.
Este avance implicó una quita de unos 2.700 millones de deuda con CAMMESA y un cambio en el valor del gas de generación en adelante. «El número real de la facturación de Río Grande ronda los 64 millones de pesos en concepto de gas para generación eléctrica, y otro tanto en la ciudad de Ushuaia. Los precios estacionales y las diferencias que había en este esquema llevaron justamente a una deuda de más de 2.700 millones por no poder pagar el gas ni trasladarlo a las tarifas de los vecinos y la industria. Era sumamente importante generar una herramienta que pusiera en igualdad de condiciones al sistema eléctrico fueguino, y esa era mi responsabilidad: mirar por la integralidad del sistema eléctrico fueguino, por la sustentabilidad y por la armonía con otras jurisdicciones», dijo.
«Ese trabajó llevó a que la desigualdad de la provincia fuera reconocida a través del Estado nacional y traducir esa desigualdad en un instrumento que nos pusiera en igualdad de condiciones, en virtud de lo que expresan distintas leyes a las cuales la provincia adhirió, pero nunca se recibieron esos beneficios. Esa deuda va a tener que ser monitoreada y la justificación de ello es el artículo 5 de la resolución de la Secretaría, que reconoce esos créditos en favor del sistema eléctrico fueguino», precisó.
«Estamos trabajando con CAMMESA en un borrador de cómo va a ser la instrumentación. Yo vengo de Buenos Aires donde tuve reuniones por este tema. La instrumentación de la resolución que firmó la Secretaría de Energía de la Nación va a tener un componente importante del punto de vista del compromiso de la distribuidora, la generadora de energía en nuestra provincia, que tiene la responsabilidad de suministrar la energía eléctrica. La Secretaría de Energía de la provincia debe garantizar que no vuelva a ocurrir un desfasaje de estas características y que no haya más estas desigualdades que luego se traducen en la tarifa del servicio eléctrico a los vecinos. El control efectivo de todo instrumento va a estar en parte en la Secretaría de Energía de la provincia, porque tiene una responsabilidad que siempre debió haber cumplido, pero lamentablemente no lo hizo. Nos encontramos en esta situación por todo lo que heredamos y es muy valioso para nosotros resolver un problema de fondo de estas características», manifestó.
Aumento del gas
También se lo consultó sobre el aumento de la tarifa de gas, teniendo en cuenta la audiencia pública fijada para el 15 de marzo, y cómo va a afectar a Tierra del Fuego. «A partir de la pandemia y el congelamiento de tarifas, hay una evaluación que está haciendo tanto el ENARGAS como la Secretaría de Energía de la Nación. Es una decisión que toma el gobierno de la nación y es una potestad que tiene el gobierno nacional. Después de la revisión integral que está llevando adelante el ENARGAS va a haber un esquema de descongelamiento de tarifas, con una tarifa de transición, una vez terminada la revisión de los cuadros tarifarios que había dejado el macrismo. Si se hubiera mantenido el esquema anterior de tarifas, tendrían que haber aumentado más del 110%; eso no sucedió por la decisión de revisar estos esquemas y llamar a una audiencia pública. Esto es lo que se está haciendo, más allá de la opinión de las distintas provincias. En lo personal creo que podemos trabajar sobre una armonía que no lleve al aumento tarifario sino a que se revisen las ganancias de las distribuidoras, de Camuzzi en este caso, porque la tarifa fue inflada. Esperamos que se compensen de algún modo todos los tarifazos que vinieron de años anteriores, para que los que menos tienen no tengan que pagar la fuga de capitales y el endeudamiento que sufre el pueblo argentino», se esperanzó.
Recordó que participó «en todas las audiencias públicas anteriores y vi cómo hubo una utilización macabra del ajuste del salario de parte del gobierno anterior. Hay que revisar todos los esquemas, desde las ganancias de las distribuidoras y las operadoras, las ganancias monstruosas que han obtenido en dólares y cómo va a ser este proceso de transición hacia un nuevo cuadro tarifario más justo y razonable, con los segmentos que más lo necesitan. Hay un contexto de pandemia que no admite más ajuste», sentenció el Secretario.
«Yo voy a hacer todo lo posible para que los segmentos que más sufrieron en esta pandemia, que no pudieron trabajar ni producir, no sean afectados por los nuevos cuadros tarifarios. Obviamente la decisión la tiene el Estado nacional, pero nuestras posturas son escuchadas. Nos hemos reunido con el interventor en la ciudad de Buenos Aires en estos días, la noticia de la audiencia pública es reciente y estoy analizando cómo se va a dar este marco. Yo vengo de las organizaciones sociales y de participar en otras audiencias públicas y veremos qué postura va a tomar el gobierno de la provincia, para definir si participaremos. Todavía no lo hemos decidido. La coherencia hay que sostenerla sin importar el lugar que uno ocupa. De mi parte esa coherencia está presente y no es mi espíritu abandonarla. Los precios del gas deben ser justos, razonables, y deben estar alineados con los ingresos salariales de los trabajadores de la provincia. Ese es el espíritu que se traslada a nivel nacional, tratando de acompañar en este contexto muy difícil de pandemia. Un aumento significaría otro ajuste sobre los salarios de los trabajadores, y ya vemos cómo sigue aumentando el combustible. Eso es inflación y hay que contenerla, porque vivimos en una sociedad. La crítica debe ser responsable y respetuosa, y cada uno sentar su postura para defender el salario de los trabajadores de nuestras ciudades», priorizó.
«Las discusiones hay que darlas con absoluto respeto, por los canales institucionales, y hoy la responsabilidad es mayor al estar en un cargo donde uno puede elevar a otras esferas la preocupación y nuestra mirada con respecto a estos segmentos que siguen aumentando cuando los recursos son escasos. Los trabajadores deben tener una respuesta más elaborada y no recibir un aumento de estas características. La audiencia pública debe ser vinculante, no solamente un paso administrativo para cumplir una norma. La participación ciudadana debe ser escuchada y tomarse los actos públicos como derechos sociales que garantice el Estado, más en una provincia como la nuestra donde tenemos gas y energía eléctrica que dependen de nuestros propios recursos naturales», expresó.
Solorza recordó que desde Tierra del Fuego «aportamos casi el 9% del consumo total de gas del país. Con los últimos yacimientos explorados y explotados por Vega Pléyade tenemos posibilidad de tener gas realmente a costos bajos. La tendencia debe ser a la baja, por eso elaboramos un trabajo conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación y hemos expresado la preocupación por nuestro endeudamiento del sistema eléctrico. Logramos que nos reconozcan esta desigualdad que existía para poder sanearla y avanzar para que no se siga deteriorando nuestro sistema. Es un paso importante y hay que hacer un trabajo integral, criticando lo que haya que criticar, pero con propuestas que lleven a encontrar entre todos la mejor solución posible», planteó.
«Este primer paso fue bueno y seguimos trabajando sobre el resto de las desigualdades, como por ejemplo el gas domiciliario envasado. Hay que analizar la cadena de valor de los combustibles, del gas, de la energía de la provincia. Eso por suerte está siendo escuchado a nivel nacional y vemos una muestra clara del federalismo que se pregona y lamentablemente nunca había llegado. Con esta entrada en el interconectado virtual demostramos que somos una provincia que está siendo escuchada y nuestra responsabilidad como funcionarios es seguir avanzando en el tratamiento de los otros puntos», dijo.
Apuntó que «de los 22 ó 23 millones de metros cúbicos que produce la provincia, 3.5 millones de metros cúbicos se consumen internamente por todo concepto. De ahí también se saca para generación eléctrica, para domiciliario e industrial. Esa producción debe guardar cierta relación de precios con la cadena de valor interna que debe tener nuestra provincia y los saldos exportables para el consumo nacional».
Consultado sobre el valor del gas de exportación, dijo que » depende de la estacionalidad. En la época de invierno se da el mayor consumo de energía en la provincia en todos los segmentos, en cambio a nivel nacional aumenta el consumo de la electricidad en verano, por el uso de los aire acondicionados, de la industria y demás. Esto hace que el pico de la demanda aumente en verano, en cambio en Tierra del Fuego es a la inversa. En invierno aumentan los consumos de gas en el país y en nuestra provincia aumenta tanto el consumo de gas como el eléctrico. Por eso buscamos una armonía en el contexto nacional. El valor del gas para consumo interno y de generación lo va a poner CAMMESA, y también el valor del gas para exportación, en un esquema armonioso para que no haya desigualdades como las que se dieron», adelantó.
Remarcó que «mientras nosotros exportábamos el gas a 2.7 dólares por millón de BTU, en el gobierno de Macri se llegaron a pagar casi 4.5 dólares el millón de BTU para generación eléctrica. Eso es absolutamente desigual. Esto lo presentamos como argumento para que se reconozca que era una condición realmente adversa para nuestra provincia, que ponía en muy débil situación al sistema. No podemos generar a esos costos y mucho menos trasladarlos a los precios», insistió.
Terra Ignis
Con respecto a la creación de la empresa provincial de hidrocarburos, dijo que «sigue en proceso de búsqueda de consensos en la Legislatura y esperaremos a ver cuánto toma tratamiento nuevamente el proyecto. Desde lo personal he dado una mirada crítica por las mejoras que necesitaba el proyecto, pero necesitamos una herramienta de estas características para que el Estado esté presente en la renta petrolera, en la renta gasífera, y en todo el amplio objeto social que tiene ese proyecto».
Revisión de bitcoineras
Como último punto se le pidió opinión sobre el costo que pagan las empresas de criptomonedas y la decisión de Córdoba de crear un impuesto del 6%, en función del alto consumo de energía, y reveló que ha encarado una revisión general de este tema. «Esa es una discusión que se está llevando adelante, con una revisión integral de mi parte de los consumos que están teniendo, dentro de los segmentos de grandes consumidores con contratos de potencia. Creo que es imperiosa la búsqueda de una administración efectiva de parte de la Secretaría de Energía sobre las factibilidades, para poder destinar la generación eléctrica a este tipo de proyectos que no generan empleo y que consumen electricidad de manera intensiva. Si uno mira los costos que tienen las empresas dedicadas a las criptomonedas, no puede ser posible que estén pagando el megavatio de mismo modo que paga un residencial», criticó.
«Hay que avanzar sobre las factibilidades que se dan con recursos públicos, porque para poder dar factibilidad a una empresa que se dedica a las criptomonedas, el alumbrado, el tendido de las redes, de los cables y todos los proyectos que llevan adelante, son con fondos públicos, porque las obras se generan a través del Consejo Federal de Energía Eléctrica, con proyectos que presenta cada una de las ciudades. Después esas factibilidades se las dan porque hay energía disponible. A mi criterio no está siendo administrada de una manera razonable, con una estrategia provincial. La energía disponible es nula en las dos ciudades y sin embargo se le dio a estas empresas, sin pensar en el crecimiento de la población, en hospitales nuevos, en escuelas nuevas, y por lo tanto pone en riesgo la factibilidad de otros procesos que son prioritarios para el Estado», advirtió.
«Es el Estado el que debe administrar esas prioridades, pensando en una estrategia provincial. Esa estrategia política la delinea la Secretaría de Energía de la provincia, por eso hay un proceso de revisión, porque no es justo ni razonable que paguen menos en relación a lo que producen, el empleo que generan y los costos que implican estos procesos productivos que pagamos entre todos. Es absolutamente necesario revisar ese esquema y deben abonar el costo del megavatio para ese tipo de procesos productivos, que es absolutamente desigual con respecto a lo que paga un vecino que muchas veces usa la energía eléctrica porque no tiene calefacción. Hay procesos productivos de industrias, de pymes, de panaderías, que pagan el megavatio parecido a las bitcoineras, con todo lo que eso implica. Se está analizando ese proceso y buscando herramientas para llevar igualdad de trato, para que sea razonable para todos», concluyó.
