La Federación de Camioneros publicó un duro documento, con fuertes críticas a las políticas del Gobierno nacional. Hacen un repaso por diferentes temas y advierten que “no nos doblegaremos ante ningún ataque porque nuestra fuerza está en cada uno de los trabajadores”. Hacen referencia al recorte en las asignaciones.
Río Grande.- El documento comienza señalando que “El regreso del colonialismo – Un día antes de que se realizara la reunión entre Mauricio Macri y la directora del FMI, Christine Lagarde, el Ministerio de Trabajo de la Nación, impuso a nuestra Federación la exorbitante e ilegal multa de 810 millones de pesos con el claro objetivo de ofrendarle a la dirigente de la financiera internacional, la “cabeza” de uno de los dirigentes sindicales que más ha defendido los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no dudamos que en base a nuestra apelación la Justicia Nacional del Trabajo dejará sin efecto esta arbitraria sanción”.
Menciona además que por “La política de ajuste de este Gobierno, el presidente ataca sistemáticamente a nuestra organización gremial e intenta doblegarla para poder arrasar con los derechos de todos los trabajadores, porque somos los únicos que históricamente resistimos las políticas del menemismo, la ley Banelco, y la reforma laboral de Macri, a pesar de los intentos de callarnos a través de denuncias judiciales infundadas, operaciones mediáticas y actos administrativos viciados de nulidad. También hemos resistido el intento de cercenar nuestro convenio colectivo de trabajo y la imposición de un techo a nuestras paritarias por eso ahora pretenden darnos un golpe económico”.
“La infundada multa fue impuesta por decisión del Ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien paradójicamente habla del “respeto a la ley”, cuando no posee ningún tipo de autoridad ni en el ámbito personal, por los hechos que son de público conocimiento, ni en el ámbito público por su pésima gestión en la referida Cartera. Para ejecutar esta maniobra han violado todas la Constitución Nacional, todas las normas de fondo y procedimiento vigentes llegando a invocar un Decreto del dictador Juan Carlos Onganía. Lo más curioso es con esta bomba mediática intentan ocultar que el mismo día homologaron el aumento de 25% más cláusula de revisión obtenido en nuestras negociaciones paritarias. Las contradicciones del Gobierno en materia laboral son escandalosas, por ejemplo: por un lado esgrime argumentos para no homologar sumas extraordinarias de carácter “no remunerativo” como pueden ser los bonos anuales que acuerdan distintas organizaciones sindicales, siendo el Estado Argentino en todas sus esferas (nacional, provincial y municipal, con particular claridad en el sector docente) el empleador que más acude al pago de “sumas no remunerativas” de forma permanente y sistemática, lo cual es abonar “salarios en negro”, con todos los perjuicios salariales y en materia jubilatoria que ello ocasiona a los trabajadores”, remarca el documento de los camioneros.
Denunciando “La exorbitante y disparatada sanción que intenta el Gobierno liberal y anti-trabajador de Mauricio Macri no tiene precedentes en la historia de nuestro país, ni en el mundo, pero nos recuerda a gobiernos de extrema derecha como los de la primer ministra británica Margaret Thatcher quien arremetió duramente contra la organización gremial de los obreros mineros de su país que ejercían legítimos reclamos laborales, y al ex presidente de los Estados Unidos Ronald Regan quien despidió miles de controladores aéreos en huelga y atacó ferozmente a su organización sindical, ambos claramente con sesgo ideológico anti-obrero como el de la actual gestión de nuestro país”.
En el mismo sentido manifiestan que “estas actitudes del Gobierno recuerdan la actividad del embajador yankee Spruille Braden que se había convertido en acérrimo enemigo de Perón, hasta que un buen día, en un encuentro personal, el embajador le propuso a Perón desistir de su campaña difamatoria a cambio de que el gobierno argentino le permitiera al norteamericano hacerse cargo de las empresas expropiadas a los alemanes y utilizar el espacio aéreo para sus compañías de aviación. Perón señaló que había un solo problema para aceptar y ante la pregunta de Braden: ¿Cuál es el problema?, la respuesta fue categórica: “En mi país, al que hace eso, se lo llama “hijo de puta””.
“El deudor en vez de pagar te impone una multa – El gobierno adeuda a nuestras obras sociales la suma de $1.148.706.346 (Mil ciento cuarenta y ocho millones setecientos seis mil trescientos cuarenta y seis) correspondiente a tres reclamos judiciales y administrativos, uno contra el Ministerio de Transporte por $144.000.000, por la falta de pago de certificados psicofísicos y otros dos contra la Superintendencia de Servicios de Salud por $582.335.846 y otro por $422.370.500. En vez de honrar sus deudas este gobierno a través de la multa pretende quebrar nuestras obras sociales pretendiendo dejar sin cobertura a miles de trabajadores y a sus familias”, denuncian los camioneros.
Más adelante expresan que “La Sra. Patricia Bullrich expresó que Hugo Moyano y otros actores sociales y políticos se montaban sobre la “hipótesis de diciembre”, sobre la “idea de que todo va a explotar, que la gente va a hacer saqueos”. Claramente el Gobierno intenta presentar pretextos y señalar culpables ante la acuciante situación económica y social que atraviesa nuestro país, que claramente golpea a los más débiles, intentando ocultar con sus acusaciones lo inocultable, la clara responsabilidad del gobierno derivada de las políticas de ajuste y hambre que implementa siguiendo obedientemente las recetas del FMI. Llama la atención que una ministra de origen y militancia montonera – aunque sea muy camaleónica (o variada) su trayectoria – pretenda acusar a representantes sindicales y sociales de actos desestabilizadores. Le recordamos que las organizaciones sindicales son quienes siempre han luchado por la democracia y la han defendido a lo largo de la historia al igual que en el presente. Es de suponer que sea el propio Gobierno – que “actúa” incluso peor que uno de facto con determinadas medidas -, por ejemplo, con el dictado de un decreto que otorga a las Fuerzas Armadas competencias en materia de seguridad interior, quien avizora conflictos sociales que son de su única y exclusiva responsabilidad. Merecen total repudio las expresiones de la ministra Patricia Bullrich quien públicamente equiparo a Santiago Maldonado con Hugo Moyano debido a supuestas y falsas prácticas comunes que compartían ambos. Más allá de cualquier ideología, no puede entenderse semejante ofensa y falta de respeto de un funcionario público a la memoria de quien falleciera en circunstancias dudosas y por sobre todo a su familia, que además de padecer el dolor natural que le ocasiona la muerte de un ser querido, debe sufrir agresiones de estas características, precisamente de parte de quienes tienen la responsabilidad de darles respuestas y contención. Las manifestaciones no hacen más que evidenciar la bajeza humana de quien las expresa. Por otra parte, resulta indudable la incitación a la violencia colectiva en que incurre este personaje, demostrando que su voluntad política es perseguir hasta la muerte a quienes considera opositores políticos”.
En su tramo final, el texto indica que “Este gobierno que se arrodilla ante el FMI y que acaba de reducir las asignaciones familiares a los niños más humildes de nuestro país, no va a lograr que los trabajadores nos sometamos a sus designios. Y les decimos, tanto al Gobierno como a los trabajadores y la sociedad en su conjunto, que no nos doblegaremos ante ningún ataque porque nuestra fuerza está en cada uno de los trabajadores camioneros y que nuestra organización y quienes la conducen seguirán dando pelea manteniendo siempre como bandera la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y de los más humildes de nuestra sociedad que nos acompañan en esta lucha. Porque sabemos que: “Cuando la dignidad supera al miedo nos da la fortaleza para sostener nuestras conquistas””, concluyen.
