El claustro de estudiantes, egresados, docentes y no docentes; junto con el Consejo Directivo del IPES Florentino Ameghino, elaboraron un crítico documento al cumplirse tres años desde la intervención de dicha institución. La medida se implementó en la gestión de Rosana Bertone y todavía no fue revertida. En el texto se asegura que “el avasallamiento del funcionamiento institucional producido por la intervención bertonista continua hasta el día de la fecha”.
Ushuaia.- El documento señala que “Ante la falta de definiciones y respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación de la Provincia, a tres años de la intervención del IPES FA y dos años de la gestión Melella-Cubinos, el Consejo Directivo del IPES Florentino Ameghino expresa: – que el avasallamiento del funcionamiento institucional producido por la intervención bertonista continua hasta el día de la fecha; – que dado que la intervención no fue precedida por una auditoria que justificara oportunamente dicha medida, seguimos considerando que se trató de un acto de disciplinamiento sobre una Institución democrática y pública que perdura; – que repudiamos que oportunamente el gobierno de turno haya optado por actuar de hecho, interviniendo arbitrariamente una institución pública de educación superior, en total ausencia de fundamentos veraces para sustentar sus falsas acusaciones de irregularidad y malversación de fondos sobre las autoridades del Instituto; pero también repudiamos el hecho de que quienes conforman el actual gobierno, a pesar de haber asumido un compromiso público para con nuestra comunidad, luego de dos años aún no lleven adelante acciones que reviertan por completo este lamentable episodio”.
Luego se expresa que “Como es de público conocimiento, luego de instalar falazmente un manto de sospecha sobre la distribución y empleo de la carga horaria del Instituto, el 26 de marzo del año 2018 se intervino la Institución bajo la figura de avocamiento. De esta manera se avanzó sobre el desmantelamiento de la estructura de su funcionamiento, que resultó en la precarización laboral y el despido encubierto de docentes, y la eliminación de las funciones propias de los IFD – capacitación y extensión, investigación, asistencia técnico-pedagógica a las instituciones educativas y articulación de proyectos comunitarios”.
“Estas acciones impidieron, e impiden aún, el acceso a la capacitación gratuita del resto del sistema educativo, la producción de conocimiento en el área específica de la Educación, la implementación de diversos trayectos formativos y de posgrado, y el desarrollo de los programas institucionales que completaban la Formación Docente ofrecida, a la vez que otorgaban al IPES FA una dinámica cultural y académica innovadora. Por último, y de indiscutida importancia, la eliminación del sistema de concursos y de acceso a cargos: la intervención los reemplazó por convocatorias que no respetan los reglamentos vigentes dispuestos para tal fin. Los concursos públicos y abiertos, de antecedentes y oposición, garantizan el acceso democrático a los cargos docentes en el nivel, como así también la formación necesaria para cubrir cargos con alto grado de especificidad”, señala el texto.
Más adelante se señala que “Al día de hoy, todos los que fueran logros de una comunidad educativa comprometida con la educación pública han sido dejados automáticamente sin efecto. Todo lo que la comunidad educativa del IPES FA pudo construir a lo largo de más de 30 años de labor ininterrumpida en el sistema educativo fueguino, ha sido desarmando, efectivamente, a partir de la intervención que afectó la estructura de funcionamiento institucional”.
Advirtiendo que “La situación que atraviesa el instituto al día de la fecha continua violando la Ley Provincial de Educación No. 1018, que en su Artículo 57 expresa que los institutos de Formación Docente deben tender a una organización institucional y curricular participativa y dinámica; y organizar el trabajo docente estructurado con una carga horaria para los procesos de enseñanza y aprendizaje, y con una carga horaria específica para investigación, formación permanente y proyectos de articulación con organizaciones sociales”.
Además se expresa que “se sigue dando en franca contradicción con el espíritu de la Ley de Ministerios No. 1060 que establece, en el Artículo 17, que le compete al Ministerio de Educación asistir en todo lo inherente a la educación pública provincial, de conformidad a lo establecido por las normas federales y provinciales vigentes. En esta línea, nos interesa destacar los incisos 11, 16 y 19 que indican respectivamente que se deben: promover los derechos de les docentes y determinar sus obligaciones de acuerdo a la normativa vigente; garantizar la Formación Docente en forma continua en base a criterios de calidad, profesionalismo y pertinencia en todas sus funciones; y generar y gestionar programas de incentivo tendientes a fortalecer la profesionalización docente a través de las diferentes estructuras del Ministerio, en especial, de las instituciones de nivel superior y con la universidad”.
“Cada una de las acciones tendientes a desarmar el instituto afectó también al estudiantado, incluso a aquelles que estaban en instancias de finalizar su formación docente. El despido encubierto de docentes por la baja compulsiva de las horas cuestionadas, así como la migración de profesores y profesoras a otros niveles educativos o, incluso, a otras provincias como consecuencia de la precarización laboral sufrida, implicó la falta sistemática de cobertura de más de 60 cátedras durante el 2018, es decir, les estudiantes no podían continuar su trayectoria formativa porque no había docentes que dictaran clases. Lo mismo sucedió con las mesas de exámenes finales”, se señala en el escrito.
Mencionando luego que “También hubo espacios curriculares anuales que fueron cubiertos recién a mitad de ese año. Les estudiantes perdieron espacios de apoyo y acompañamiento académico, como las Tutorías, que eran de gran importancia en tanto que permitían que el estudiantado pudiera superar las dificultades propias del nivel superior, con un seguimiento personalizado de sus trayectorias; lo que, en muchas ocasiones, hacía la diferencia entre la continuidad en la formación o la deserción de la misma. En relación a la pérdida de la función investigativa del IPES FA, también fue un recorte en la formación de les futures docentes, dado que esta función creaba las condiciones para que el estudiantado tuviera la oportunidad de aprender y desarrollar investigaciones junto a les docentes”.
Por otra parte se manifiesta que “En relación a la desaparición de las capacitaciones, también significó un golpe a les docentes en formación, ya que estas comprendían una posibilidad de complementar la formación con cursos, por ejemplo, de Runasimi, Lengua de Señas, ESI, y muchas otras ofertas que permitían enriquecer la formación con perspectiva de género, con la capacidad de llevar adelante un ejercicio docente con mirada inclusiva, con la mirada intercultural bilingüe, etc. y estos son solo algunos ejemplos”.
“Un golpe grandísimo para todo el estudiantado fue la prohibición de la continuidad del funcionamiento del Centro de Fotocopiado, cuya existencia garantizaba el acceso a apuntes y fotocopias a bajo costo, la implementación de Becas de Fotocopias para les estudiantes y la centralización del material de estudio en un punto accesible, tanto para estudiantes como para docentes”, asegura el texto.
Continúa remarcando que “La intervención bertonista desarmó la fotocopiadora y dejó a les estudiantes, en muchas ocasiones, sin la posibilidad de acceder al material de estudio e, incluso, de continuar con su cursada. La deserción estudiantil también fue consecuencia de la precarización administrativa a la que el instituto se vio sometido. El hecho de tener que esperar hasta dos semanas por un certificado de Alumne Regular implicó que estudiantes dejaran de concurrir a clases por no poder justificar sus horarios en su ámbito laboral”.
“Esta situación de mal funcionamiento administrativo influyó también en otros trámites cotidianos de les estudiantes. Incluso, alcanzó a les egresades, que se vieron imposibilitades de recibir sus títulos como consecuencia del desplazamiento de las autoridades de la rectoría, ya que desde el ministerio de educación, al momento de intervenir la institución, tampoco se había previsto que esos títulos requerían de la firma del rector. Al día de la fecha, el estudiantado sigue sufriendo las consecuencias de estos tres años de intervención, así como el desarme de nuestro instituto y la precarización de la formación, tanto en términos laborales como pedagógicos. Todo como resultado final e indiscutible responsabilidad del accionar del gobierno bertonista, y de la continuidad de la intervención que el actual gobierno sostiene”, repasan los autores del comunicado.
Asegurando que “Este escenario preocupa a toda la Comunidad Educativa que ve dificultado el pleno funcionamiento de la Institución, a la vez que observa que el deterioro de la educación superior repercutirá en el sistema formador y educativo fueguino en general”.
Finalmente dicen que “Cuando la sociedad se cuestiona sobre cómo mejorar la educación, aparecen recurrentemente argumentos que van en la línea de aumentar la inversión y mejorar la calidad de la Formación Docente. Consideramos que este año 2021 se presenta como una oportunidad de reconocer formalmente la estructura organizativa, funciones y tareas que el IPES FA ha sabido desarrollar en favor del sistema educativo, y que el actual gobierno aún puede dar cuenta de una postura de defensa de la educación pública a través del fortalecimiento de la Formación Docente”.
