La delegada y paritaria de ATE en la OSEF, Elvia Agüero, planteó una situación insostenible con la presidente Mariana Hruby. Afirmó que a esta altura poco les importa la negociación salarial y solamente quieren “trabajar tranquilos, sin el hostigamiento de la presidente”. Piden al gobernador que concurra a la institución para que puedan explicarle lo que ocurre y aseguran que llegaron a un punto de “hartazgo” por “los caprichos” de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo. No solamente faltan medicamentos, sino que no hay tóner para las impresoras ni teléfono fijo para comunicarse, dijo. Como parte del personal encargado de las compras, expuso la demora en los pagos durante 2020 que derivó en la imposibilidad de abastecerse en laboratorios. Informó que UPCN ya hizo la presentación por deslealtad sindical y adelantó que ATE hará lo propio.
Río Grande.- El pasado viernes los empleados de la OSEF hicieron pública una solicitada y apuntan en concreto contra la presidente Mariana Hruby. La delegada en la institución y además paritaria Elvia Agüero, dialogó con FM La Isla, donde reclamó un cambio por “un funcionario al que le importe la obra social y la salud de los afiliados”.
“Hace meses que venimos renegando con la situación de la OSEF y con los funcionarios nombrados por el gobernador Melella. Le queremos contar lo que está pasando con la obra social pero está negado a escucharnos y llegó un punto de hartazgo de todo el personal”, sostuvo.
“No podemos trabajar bajo persecución laboral y hostigamiento al trabajador, porque nos echan la culpa de la situación de la obra social y el problema es el desmanejo de los funcionarios que nombró el gobernador”, afirmó.
Hizo responsables a “la presidente Mariana Hruby, el vicepresidente y su grupo de trabajo. En realidad el directorio no existe. En el IPAUSS teníamos un directorio que tomaba decisiones, con un presidente designado por el Ejecutivo y los directores elegidos por los trabajadores en actividad y por los pasivos. Hoy tenemos dos directores pero no tienen decisión sobre la obra social, porque en 2016 la gobernadora Bertone cambió la ley y eliminó la posibilidad de tomar decisiones. Ellos son una planta. La última reunión de directorio fue en diciembre y no se toman decisiones entre todos. Las decisiones las toma la presidente, saca los actos administrativos y después los tiene que refrendar el directorio. Las directores de activos y pasivos lo único que hacen es refrendar decisiones que se tomaron seis meses atrás y todo lo decide el Ejecutivo, incluyendo lo salarial”, expresó.
“Tenemos una discriminación hace un año y medio como trabajadores en la parte salarial, pero estamos hartos porque la obra social no funciona, es un desastre, un barco sin rumbo. Yo trabajo en la farmacia y no tenemos medicamentos, no tenemos odontólogos, los prestadores todo el tiempo están con cortes de servicio. Usamos fotocopiadoras e impresoras y ahora pasamos a la era digital pero la farmacia tiene que imprimir facturas y es una de las que más trabaja con impresión de fotocopias, pero el jefe de farmacia fue a solicitar un tóner el otro día y le dijeron que hace cinco meses que no le pagan a la empresa que provee del tóner. En esa situación hay varios”, dijo.
Cortes en laboratorios
Respecto de las compras de medicamentos, teniendo en cuenta que la presidente de la OSEF responsabilizó a los empleados del área, Agüero aclaró que como parte de la sección de compras puede “contar lo que pasa. Muchos de nuestros proveedores son laboratorios productores de medicamentos y, si yo les compro 12 millones de pesos en insulina para la farmacia, el proveedor me lo da a pagar a 30 días o a 60 días, pero se paga en agosto. Esto ocurrió el año pasado. Compramos insulina para tres meses y después no pude comprar para reponer, porque había una deuda de abril. Así es imposible tener medicamentos en la farmacia”, manifestó.
“Yo soy categoría 10 y hago las compras, pero tengo las cuentas cortadas. Mis jefes piden a la presidente y al vicepresidente que paguen para poder comprar. Tenemos 500 mails que hemos mandado pidiendo que paguen para poder comprar, pero tenemos las cuentas cortadas y es imposible tener una rueda para seguir abasteciendo la farmacia. Esto ocurrió el año pasado y pagaron en agosto, además el presupuesto de la obra social el año pasado era el de 2018 reconducido, y en mayo ya no teníamos más fondos. Tenemos que solicitar las autorizaciones al gobierno, que tarda dos o tres meses en ampliar la partida. Cuando teníamos las cuentas pagadas, no teníamos partida o presupuesto para comprar. Cuando tuvimos presupuesto para comprar, la presidente decidió en noviembre que no se compre más. En esos meses se compra para abastecer diciembre, enero y parte de febrero, porque los agentes están de vacaciones y se hace el cierre de ejercicio desde mediados de diciembre a mitad de enero. Como no compramos en noviembre para tener en diciembre, enero y febrero, tuvimos un colapso. El 18 de enero cuando volví a trabajar tenía 180 pedidos entre las dos farmacias”, indicó.
Impacto de aumentos
Consultada acerca de si los aumentos salariales, que se vuelcan en más aportes para la obra social, mejoraron la situación económico-financiera, concedió que “los aumentos subieron los ingresos de la obra social, pero estuvimos cuatro años con los sueldos congelados y en esos cuatro años hay medicamentos que subieron el 700%. Las prótesis que compramos son en dólares y los prestadores nunca dejaron de recibir aumentos en esos cuatro años”.
Rebaja de sueldos
También dio cuenta de una rebaja salarial que habría dispuesto Hruby cuando asumió. “El año pasado con la Dra. Milstein, que ingresó como presidente con esta gestión, nos sentamos en paritarias por una mala liquidación de sueldos y arreglamos eso. Cuando se fue Milstein vino la compañera Hruby y dijo que lo que habíamos arreglado con la presidente anterior no correspondía y estaba mal. Mandó a pedir a Legal y Técnica y al Tribunal de Cuentas que se expidieran y dijeron que no correspondía, entonces nos bajó el sueldo. Dio de baja esos seis meses del arreglo que tuvimos con la otra presidenta y nos bajó el sueldo. Ella había reclamado con compañeros de Río Grande pero siendo funcionaria nos aclaró que ya no era más compañera sino presidente. La bajamos a asamblea para hablar, le pedimos que nos explique, pero no había forma. El acuerdo del primer semestre el 2020 lo tuvimos en septiembre y el paritario era el vicepresidente. En septiembre nos dijo que nos iban a dar el 25% y un adicional remunerativo bonificable, y aceptamos. Nos correspondía un retroactivo a marzo pero no lo pagaron. Lo liquidaron pero decían que, como habíamos cobrado plata que no correspondía, lo teníamos que devolver, así que no cobramos. Cobramos el aumento a partir de octubre y fuimos el único ente que no tuvo segundo semestre”, advirtió.
“Ahora nos sentamos en marzo porque el gobernador dijo que todos los entes iban a tener aumento pero ellos dijeron que no, porque según ellos cobramos mucho para recibir lo mismo que los otros entes. Tomaron la decisión de cortar la paritaria y otorgaron un 19% más 3.600 pesos de adicional”, cuestionó.
Presentaciones gremiales
En cuanto a la reacción de los gremios, dijo que “UPCN ya hizo la presentación por deslealtad sindical y ATE la está terminando”, y citó un ejemplo reciente de sanciones por “ir a trabajar”: “El jueves la presidente decidió sacarle el cargo a una compañera que es paritaria porque fue a trabajar. Nosotros en abril trabajamos en burbuja porque hubo dos o tres casos de coronavirus en la institución. Nuestra compañera trabaja en el área de personal y tenía que hacer el cierre de novedades, pero no es lo mismo trabajar en la institución que desde su casa. Se presentó a su lugar de trabajo a terminar el cierre de novedades para la liquidación de haberes y por ese motivo le sacaron el cargo y fue reubicada”, aseveró.
Reclamo de cambio
Agüero aseguró que “hoy ya poco nos interesa lo salarial. Necesitamos que venga alguien a quien le importe la obra social. A esta compañera que está en la presidencia no le importa la obra social y necesitamos que venga alguien que tenga idea del manejo de la obra social y que le importe la salud de los afiliados. No puede ser que un afiliado reciba 1.300 pesos por día como ayuda cuando se va al norte derivado y un funcionario empleado de ella, por diez días cobre 50 mil pesos por alojamiento en un hotel cuatro estrellas”, criticó.
Agregó que no hay convenio con odontólogos “por un capricho de los funcionarios el año pasado. El odontólogo tiene que proveer un kit de protección y cuesta 2.500 pesos. Se podrían haber juntado en la obra social con los funcionarios para llegar a un arreglo y pagar la mitad cada uno, para que no sea tan oneroso, pero los funcionarios dijeron que no, y que si querían dar de baja el convenio que lo dieran. Así que no tenemos odontólogo en Ushuaia”, planteó.
Reiteró que “hoy lo salarial no es lo más importante, nosotros queremos trabajar tranquilos y no queremos seguir teniendo el hostigamiento de la presidente. La persecución que hay hacia los trabajadores es increíble. En la delegación de Río Grande la gran mayoría de los empleados se fue de la institución, para no estar en la obra social y que los sigan castigando por un capricho de la presidente, que los reubica cinco veces en una semana. Para no pasar por este hostigamiento muchos se fueron. En Ushuaia los profesionales se fueron de la obra social y están adscriptos en otras instituciones”, dijo.
“Nosotros no mentimos, por eso le pedimos al gobernador que nos venga a ver y le vamos a contar todo lo que pasa adentro. Por ejemplo, pagamos el servicio de Telefónica y no hay teléfono en la institución. Los afiliados no tienen cómo comunicarse porque no tenemos teléfono fijo”, concluyó.
