La legisladora del Partido Verde analizó el paso de los Secretarios de Finanzas por la comisión de presupuesto y apuntó contra el gobierno por el incumplimiento en las transferencias de coparticipación y por la falta de voluntad política para abrir canales de diálogo. Si bien se espera un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia, remarcó que la salida es política y consideró positivo que la Legislatura empiece a tomar cartas en el asunto. Para la legisladora es fundamental contar con una ley de goteo que, si bien podría incumplirse, establece sanciones para los funcionarios, que podrían “incurrir en un delito”, dijo. Aseguró que hay muchas preguntas para el Ministro de Finanzas, citado para esta semana, dado que no ha respondido a los reiterados pedidos de informe realizados por la Cámara.
Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto expuso por FM Master’s su evaluación del paso de los Secretarios de Finanzas por la comisión de presupuesto. “Nos pudieron ilustrar con información sobre la deuda que mantiene la provincia con los municipios, que fue reconocida por el propio gobernador a través de los medios de comunicación. Los municipios detallaron los montos y períodos adeudados y pudieron acreditar más de 400 millones de deuda con cada uno”, dijo.
“Estamos muy preocupados, porque esta deuda pone en riesgo el normal funcionamiento. Entendemos que, una vez reconocida la deuda por el gobernador, tiene que convocar a los intendentes para ver cuál va a ser la modalidad de pago. Es la única alternativa porque es plata que les corresponde por ley a los municipios”, subrayó.
“Para nosotros la solución estructural es avanzar una ley que contemple el mecanismo de remisión de los fondos. La resolución 665, que fue homologada por el Superior Tribunal de Justicia, establece plazos para mandar los fondos. En algunos es de forma diaria y en otros es semanal, y se está incumpliendo. El propio gobernador reconoció atrasos de hasta 30 días, así que no está en discusión el incumplimiento. La audiencia en el Superior Tribunal está fijada para el 27 de mayo y deberá ordenar que se cumpla con los plazos porque la resolución la homologó el propio Tribunal. Es importante el pronunciamiento del Poder Judicial, porque al convalidar el incumplimiento nos pone en un lugar de desprotección institucional”, expresó.
“En términos políticos es grave el incumplimiento, además porque viene de quienes en campaña pregonaron que iban a fortalecer la autonomía de los municipios y hoy están haciendo todo lo contrario, con este ahogo financiero. También prometieron derogar la ley que pretende quitarle el impuesto inmobiliario a las municipalidades y a un año y medio eso no sucedió todavía, porque el conflicto sigue abierto”, observó.
“La derogación del impuesto inmobiliario implica eliminar un artículo, es decir que no tiene ninguna complejidad que amerite demorar un año y medio la remisión del proyecto a la Legislatura por parte del Ejecutivo. En la comisión planteamos que son dos temas que van de la mano: trabajar en una ley de goteo y derogar el impuesto inmobiliario”, sostuvo.
Dado que el MPF habló de un atraso pero no de una deuda exigible, y el legislador Greve sugirió a los municipios subir la información para hacer el seguimiento, señaló que le “llama la atención porque las declaraciones de los legisladores oficialistas no van en línea con lo que dijo el propio gobernador: que había una deuda de 30 días. Ellos ponen en duda esa deuda, hablan con eufemismos, porque la llaman retraso cuando es deuda. Se le pretende quitar gravedad al tema con la excusa de que siempre pasó así y los municipios siguen pagando los sueldos. Se pretende construir una realidad y esa gravedad existe desde el momento en que el gobierno está reteniendo fondos que le corresponden a los municipios”, fustigó.
“Son los municipios los que están denunciando que esto les afecta su previsibilidad y funcionamiento diario, así que para nosotros sí tiene gravedad. La Constitución provincial dice claramente que es responsabilidad del gobernador, y no de otra institución, remesar los fondos de los municipios en tiempo y forma, y de no hacerlo se considera falta grave. Sin embargo ahora se intenta construir una realidad distinta. Cuando ellos estaban en el municipio era grave, pero ahora que están en la provincia no lo es tanto. Esa lógica contradictoria e incoherente es muy negativa para el debate institucional”, criticó Vuoto.
“Tenemos que hacer fuertes las instituciones en este contexto de pandemia, porque todas deben cumplir un rol esencial. Los municipios están haciendo su aporte en esta pandemia, por ejemplo con las jornadas masivas de hisopado en Río Grande y Ushuaia, que permite detectar de manera temprana muchísimos casos de la ciudad. El Municipio de Ushuaia construyó el año pasado el polo sanitario para tener 80 camas con oxígeno. Los municipios están haciendo un esfuerzo extra y mínimamente deben tener sus fondos, porque ni siquiera están pidiendo fondos adicionales para hacer esto”, advirtió.
Audiencia en la justicia
Respecto de lo que espera de la justicia, dijo que “el objetivo de lo que se está pidiendo se determina en la audiencia y los jueces no pueden apartarse del procedimiento que establecimos los legisladores. Lo que dijo el Dr. Muchnik es lo que normalmente hace la justicia y en realidad esa situación no debería estar judicializada. Los municipios no tuvieron otra opción al no haber apertura al diálogo de parte de la provincia. Lo que falló fue la política del gobierno provincial, primero porque incumplió los plazos, y segundo porque jamás abrió un canal de diálogo para resolver esta situación por la vía política. Los municipios no tuvieron otra opción que acudir al Superior Tribunal de Justicia pero el problema central está en el gobierno de la provincia, por el incumplimiento y la falta de diálogo. El legislador Sciurano, que preside la comisión 2, le preguntó a los secretarios con qué regularidad hablaban con el Ministro de Finanzas y le dijeron que nunca, porque no los recibe. Se comunican con la Contadora y la Tesorera General para intercambiar información, pero la máxima autoridad de la cartera no los recibe. El problema es netamente político y por eso es positivo que la Legislatura empiece a tomar cartas en el asunto, porque la salida es política”, manifestó.
Cita al Ministro
Con respecto a las expectativas frente a la convocatoria al Ministro de Finanzas para esta semana, aseguró que “tenemos muchas preguntas porque el Ministro hace un año viene negando la deuda. Nosotros le hemos preguntado en tres o cuatro oportunidades cuál era la situación con los municipios, presentamos un pedido de informes que no respondió, insistimos con ese pedido de informes del año pasado y se le solicitó por unanimidad de los bloques que presentara la documentación y esa información nunca llegó. Hubo un retaceo de información a la Legislatura por parte del Ministro”, aseveró la legisladora.
“Cuando vinieron en octubre los concejales de Ushuaia Romano y Pino a plantear la deuda de coparticipación, hicieron referencia a un informe que ellos tenían y nosotros no, siendo que se lo habíamos solicitado en varias oportunidades al Ministro. Lo dejamos expuesto como una falta grave de retaceo de información y ahora lo que contesta el Ministro es que todos los meses sube un informe a la página con los fondos remitidos; pero nosotros no le preguntamos cuánto le mandan a los municipios. El ministro informa que mandó 1.500 millones pero debería haber mandado 1.900 millones. No responde por qué no mandó lo que debería haber mandado hace un año. Tenemos muchas preguntas para el Ministro por cómo se viene desarrollando el mecanismo de liquidación de coparticipación desde hace un año y medio y la comunicación con las municipalidades”, reiteró.
Ley de goteo
En cuanto a la posibilidad de aprobar la ley de goteo, dado que ni el oficialismo ni el bloque radical lo ven posible, indicó que “desde el Partido Verde estamos trabajando en una ley de goteo desde el año pasado pero no presentamos el proyecto todavía porque estamos trabajando con los equipos técnicos. Hay un proyecto presentado por la legisladora Myriam Martínez y yo le transmití el acompañamiento del bloque para trabajar sobre el tema, ya sea con un nuevo proyecto o con uno consensuado. He escuchado las declaraciones de algunos legisladores que dicen que una ley no sería la solución del problema, e incluso un legislador del oficialismo dijo que la ley podría incumplirse, lo que me preocupa sobremanera. Si ese es el valor que le damos a nuestro propio trabajo, no me quiero imaginar lo que pasa con otras cosas”, cuestionó.
“Es cierto que una ley se puede incumplir, pero genera mayores herramientas a los municipios para que puedan defender sus derechos. Una ley que se incumple establece sanciones para los casos de incumplimientos y haría incurrir en delito grave a los funcionarios, al menos por incumplimiento de deberes de funcionario público. Las herramientas de defensa que tienen los municipios con una ley de goteo son mayores de las que tienen ahora. Para nosotros es importante que haya una ley pero si no hay voluntad política la ley no se va a cumplir. Lo que hace falta es voluntad política de no generar un perjuicio a los municipios, enviando los fondos que les corresponden”, concluyó.
