El Ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Guillermo Fernández, estuvo presente ayer en la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia, acompañado del Fiscal de Estado, de la que también participaron representantes de los municipios de Río Grande y Ushuaia. Aseguró que el mismo Fiscal de Estado propuso hacer una pericia, y debería hacerse desde la vigencia de la normativa actual que determina los plazos las transferencias, con lo que “quedaría demostrado que no existe deuda”. Sostuvo incluso que los saldos definitivos de coparticipación, que deben pagarse a los 90 días, se están cancelando antes de la fecha de vencimiento. Atribuyó el reclamo de los municipios a un intento de “esmerilar la gestión provincial ante la opinión pública”, y ahora esperará la definición de la justicia. Recordó que al mes de asumir tuvieron que saldar deudas que dejó la gestión Bertone, como también la “discrecionalidad” con que se manejó con el Municipio de Ushuaia, transfiriendo fondos por fuera de la coparticipación mientras se acumulaba deuda con Río Grande. “Hemos sido extremadamente respetuosos y hemos mantenido la discusión dentro de la causa, no fuimos a los medios, no alteramos el orden social, no preocupamos a la gente ni tomamos de rehenes a los empleados”, disparó el ministro, contrastando la actitud del gobierno con las municipalidades.
Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, efectuó ayer por Radio Universidad 93.5 un balance de la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de la demanda iniciada por los municipios por supuestas deudas de coparticipación.
“Nuestra posición fue planteada ante el máximo Tribunal por decisión exclusiva de los municipios de querer judicializar esto de una manera bastante triste el año pasado, en medio de la pandemia por el COVID 19. Me parece bastante extraño que hayan buscado aprovecharse de esa situación para reclamar fondos que claramente no les correspondían”, dijo.
“Ellos sostienen que hay una deuda y surge de la mala interpretación que hacen de la resolución 665 del 2009, que surgió del consenso entre los intendentes y la provincia en ese momento. Siguen interpretando la norma de la manera que les conviene, pero no es como se debe aplicar y me parece sumamente extraño que, luego de haber iniciado las acciones judiciales, hayan utilizado durante todo este tiempo los espacios públicos y los medios de comunicación para decir que la provincia los vulnera en su autonomía”, cuestionó.
“Nosotros dejamos en claro que nunca vulneramos la autonomía municipal, no perjudicamos de ninguna manera sus acciones. La ejecución de los planes de gobierno es de su exclusiva responsabilidad y nosotros le dimos previsibilidad, porque durante el año 2020 al Municipio de Río Grande le transferimos por lo menos 200 millones de más de lo que tenían estimado”, aseguró.
“En el caso del Municipio de Ushuaia, en la ordenanza de presupuesto 5.700, que no publican en sus espacios de transparencia, notamos habían sobreestimado los recursos de 2020, estimándolos en 4.700 millones de pesos. Hay que recordar que Ushuaia no publica la ejecución presupuestaria desde 2015 en el espacio de transparencia municipal, y que Ushuaia nunca percibió recursos coparticipables superiores a los de Río Grande. Si hubiesen hecho bien las estimaciones, la provincia el año pasado hubiera transferido el 100% de los recursos”, explicó, exponiendo en este caso un “presupuesto inflado” ex profeso.
Pagando la herencia
El ministro aclaró que “el Municipio de Ushuaia no inició ninguna acción judicial contra la gestión anterior por supuesta demora. Quien inició la causa fue el Municipio de Río Grande durante la gestión Bertone, y estaba reclamando la discriminación que había con Río Grande al momento de transferir fondos. El Superior Tribunal nos dio la razón cuando éramos gestión en el Municipio, y confirmó que demoraban 9 meses la transferencia de fondos de los decretos definitivos. Eso justamente constituye una deuda y a nosotros la gestión de Bertone nos transfirió la coparticipación con entre 6 y 9 meses de atraso. Desde abril de 2020 nosotros estamos cumpliendo con las transferencias como lo marca la resolución, e incluso en los últimos seis meses se transfirieron con anticipación a la fecha de vencimiento”, remarcó.
“Cuando hablamos de atrasos, hablamos de 20 días hábiles, y redujimos los 40 días que tenía la gestión anterior. Hay un desconocimiento enorme de la letra de la resolución, que plantea que tenemos 90 días para cancelar los saldos definitivos de coparticipación. Los saldos son las diferencias entre los recursos que se perciben y los fondos que se transfieren. Para eso hay 90 días y desde los ámbitos municipales se transmite una información de manera irresponsable, han alterado el orden social y han buscado de manera premeditada y coordinada esmerilar la confianza pública en la gestión provincial”, fustigó.
“Durante los años anteriores el Municipio de Ushuaia no dijo nada de las demoras que tenía la gestión Bertone para con ellos. Pero el Municipio de Ushuaia recibió entre 2017 y 2019 más de 700 millones de pesos para financiar eventos, para gastos corrientes y para obra pública, que no recibió el Municipio de Río Grande, porque de haberlo recibido seguramente la gestión municipal de Gustavo Melella hubiese terminado con más obras. Con eso está más que compensado cualquier tipo de reclamo que pudieran hacer desde Ushuaia. Si no hubiesen recibido esos fondos de manera tan discrecional, se hubiese resuelto esta discusión que están planteando y decidieron llevar a la justicia”, manifestó.
Además dio cuenta de las deudas que recibieron por estos convenios por fuera del presupuesto. “A Ushuaia le cancelaron un convenio por 99 millones en tres cuotas, dos de ellas la canceló la gestión anterior y la última la tuvimos que pagar nosotros. Por otro lado con Río Grande hicieron un convenio por 46 millones de pesos, pagaron una sola cuota en la gestión anterior y las restantes las pagamos nosotros. Me pregunto dónde existe nuestra intención de perjudicarlos”, enfatizó el ministro.
“En el Superior Tribunal expusimos que durante el primer mes de gestión de Gustavo Melella transferimos 764 millones de pesos a los municipios, de los cuales 99 millones correspondían a noviembre de 2019, es decir que eran fondos que no había transferido la gestión Bertone. Nosotros publicamos los informes todas las semanas en la página web de la provincia, y allí se puede ver que en el mes de enero se transfirieron 332 millones para Río Grande y 331 millones para Ushuaia que estaban pendientes de la gestión anterior”, precisó.
Dinero de más
Apuntó que “por fuera de la coparticipación el año pasado transferimos 310 millones de pesos, y transferimos 260 millones de pesos de más de lo que Río Grande había presupuestado para poder gestionar su plan de gobierno. En medio de la pandemia tuvimos que decirle a los trabajadores del Estado provincial que no podíamos hacer frente a los aumentos salariales que habíamos acordado, con mucha tristeza. Pero los municipios de Ushuaia y Río Grande pudieron pagar sin problemas los aumentos salariales. A su vez pudieron pagar el aguinaldo el viernes pasado, día 11 de junio, porque Río Grande tenía saldos ociosos, como lo reconocieron en la Legislatura. Nosotros muy difícilmente pagaremos los aguinaldos el día 28, así que dónde está la vulneración de la autonomía o nuestra intención de perjudicarlos”, insistió.
“Yo entiendo que esto no ha sido más que una estrategia para esmerilar la confianza pública en la gestión provincial, hemos sido extremadamente respetuosos, y hemos mantenido la discusión dentro de la causa. Ayer nos presentamos ante el Superior Tribunal, no fuimos a los medios, no alteramos el orden social, no preocupamos a la gente ni tomamos de rehenes a los empleados”, disparó.
Un reclamo político
Se le preguntó de dónde sale entonces el reclamo de 680 millones de deuda del Municipio de Río Grande y respondió que “los que tienen que explicar esas cifras son ellos. La normativa no establece en ningún momento que yo tenga que respetar el esquema que usa la nación con las provincias al momento de transferir los fondos. En ninguna de sus líneas establece que las transferencias tienen que ser dentro del mismo mes en que se perciben los recursos y menos el mismo día. Hablan de esta deuda con el objetivo de engañar, de confundir y, como la coparticipación es un sistema muy complejo para poder entenderlo, en los medios hablan de cifras irrisorias y en función de eso pretenden que responda el Superior Tribunal”.
“Hasta el momento lo único que se ha considerado deuda es cuando no se pagan los decretos de saldos definitivos en tiempo y forma, y eso lo venimos cumpliendo. No existe deuda y no se ha vulnerado de ninguna manera la autonomía municipal. Nosotros estamos pagando los saldos definitivos en tiempo y forma e incluso de manera anticipada. No desconocemos que siempre hay un saldo en función de cómo dispone la normativa que se tiene que transferir. La demora la hemos reducido de 40 a 20 días hábiles, y remarco que son días hábiles, porque la administración trabaja de lunes a viernes”, subrayó.
Pericia propuesta
Respecto de los pasos a seguir, dijo que “esperaremos la resolución que tome el máximo Tribunal y no sabría decir qué plazos maneja. Estimo que se tomarán todo el tiempo necesario. Si los municipios consideran que lo que ingresa en las arcas provinciales se les tiene que transferir el mismo día, están equivocados y no es lo que dice la normativa. La normativa no plantea eso y está vigente desde 2009 a la fecha”, expuso.
En función de la forma en que están establecidas por norma las transferencias, dijo que “el Fiscal de Estado planteó en la audiencia que si necesitaba constatar esto, se podía hacer una pericia. Pero que se haga desde 2009 a la fecha, y veremos quién tiene razón y quién se vio perjudicado desde aquel momento hasta hoy. Ahí se va a demostrar que nosotros estamos al día”, sentenció.
Aumento de la recaudación
Por otra parte, se le consultó sobre el aumento de la recaudación, que es real, pero no implica una reactivación económica: “Hay algo que está afectando positivamente, que es la estabilización del nivel de actividad, pero por otra parte venimos de montos muy bajos de recaudación el año pasado por la paralización. En el tema regalías incide el haber solucionado el problema con la monoboya para la salida del crudo y en alguna medida pueden haber mejorado los perfiles de explotación. De todas maneras de este aumento a que haya una reactivación del sector económico, hay mucha distancia y no es así”, sostuvo.
Aumentos otorgados
Finalmente recordó los aumentos otorgados a los estatales, luego de cuatro años de congelamiento: “Tenemos que ver escalafón por escalafón, pero en el sector docente había un piso de 25 mil pesos si tenían un cargo y si tenían dos cargos eran 19 mil pesos. Hoy con el último aumento, el docente con doble turno queda en 100.120 pesos de bolsillo. Eso incluye los 4.000 pesos de refuerzo mensual de material didáctico afrontado por la provincia. En diciembre de 2019 el docente con doble turno estaba en 38.000 pesos”, concluyó.
