El secretario Juan Ignacio García reconoció que había reclamos de AFARTE para que fueran incluidos en el programa Ahora 12 los celulares de hasta 50 mil pesos, pero la definición política del gobierno priorizó productos que no tengan tanta demanda de dólares, lo que consideró “razonable” en el contexto en que se encuentra el país. Aseguró que la exclusión del programa no afecta la producción, que ronda los 900 mil aparatos anuales y ha superado los valores de 2019. Respecto de la prórroga del subrégimen industrial, dijo que falta la definición política y que “bajen el martillo”, porque los detalles que restan se pueden adecuar muy rápido, luego del trabajo técnico realizado. El borrador prevé la creación de un fondo para inversiones productivas y para financiar emprendimientos en tiempos de recesión, que se alimentará de las empresas ya radicadas. Se apunta a un perfil exportador, a través del polo petroquímico, el agregado de valor a cortes de carne con fines de exportación también, y a la soberanía alimentaria.
Río Grande.- El secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre la exclusión de los celulares en el relanzamiento del programa Ahora 12. “No me sorprendió porque la vez pasada y ahora se evaluó la posibilidad de incorporar algunos equipos de las gamas más bajas, pero evidentemente no se priorizó esto. El Ahora 12 estimula el consumo en ciertos sectores y en algunos productos hay que considerar el efecto que tiene en la demanda de dólares en el contexto que está Argentina”, manifestó.
“Los celulares están en un nivel de producción relativamente bueno para lo que estamos viviendo y probablemente se haya evaluado que no era lo más prioritario en un momento en que faltan dólares. Hubo un planteo de AFARTE para incorporar los celulares de hasta 50 mil pesos, y el gobierno se comprometió a evaluar la posibilidad, pero la expectativa no se cumplió. Los celulares ya no habían entrado en el Ahora 12 anterior y el empleo creció, además también creció la producción de celulares. Estamos arriba de los 900 mil equipos por año y los niveles son mucho mejores no sólo de lo que hemos visto en la pandemia sino comparados con el año 2019”, aseguró.
“Hay una recuperación en la venta de los celulares, que tal vez no sea lo que esperan las empresas, pero hay definiciones políticas que exceden los intereses particulares. La demanda de dólares está dominando y me parece una medida razonable”, manifestó.
Recordó que “la estructura productiva depende de insumos importados y cada vez que empieza a haber una leve recuperación económica aumenta la demanda de dólares. La producción fueguina demanda dólares y el régimen de Tierra del Fuego favorece que se produzcan bienes que utilizan insumos importados. Cada vez que aumenta la producción de televisores, celulares, aire acondicionado o telas en la provincia, necesariamente eso arrastra una fuerte demanda de dólares. Los celulares generan un nivel de demanda muy superior a cualquier otro producto, porque los insumos importados son mayoritarios, con lo cual es complejo el tema”.
“Lo que hace falta es cambiar la estructura productiva del país para que tengamos cada vez más una economía que pueda agregar valor internamente tanto para sustituir importaciones como para exportar. Ese es un esfuerzo a largo plazo. Lo razonable es empezar a generar estímulos para que se produzca otro tipo de bienes que se puedan exportar, donde las grandes empresas pueden tener participación. En Tierra del Fuego por ejemplo podría ser el desarrollo del polo petroquímico que permita exportar derivados del gas que produce la provincia; o la posibilidad de generar frigoríficos que puedan exportar cortes de carne al resto del mundo de cordero patagónico con algún tipo de valor agregado e identificación que genere atractivo para el producto fueguino; también pueden ser servicios vinculados con la economía del conocimiento y el turismo, que pueden generar divisas. Están faltando estímulos claros en ese sentido y el régimen de promoción de la 19640 no genera ese tipo de estímulos, por la propia naturaleza de la herramienta”, dijo.
Fondo para inversiones
Lo cierto es que falta que la nación “baje el martillo” porque el trabajo técnico ya está avanzado para la prórroga, y también que las empresas acepten las nuevas condiciones, dado que deberán aportar a un fondo para inversiones. “Lo que estamos intentando es que la prórroga genere los mecanismos de transferencia de recursos para financiar un fondo de desarrollo o para obligar a hacer inversiones que vayan en ese sentido, pero no va a ser con la exención del IVA porque en la exportación no aparece. La forma de lograrlo es con otro tipo de herramientas que necesitan recursos o aprovechar la política vinculada con el subrégimen industrial para que las empresas radicadas tengan que involucrarse necesariamente en proyectos de otra naturaleza y apunten a la generación de divisas. Es muy importante en la provincia trabajar en la soberanía alimentaria, y en la producción de insumos para autoabastecimiento”, señaló.
“Hay definiciones que hay que terminar de cerrar con el gobierno nacional. Si se procesa y vende el gas puede llegar a tener los beneficios promocionales. El polo petroquímico lo estamos imaginando con una orientación exportadora en gran medida y los beneficios promocionales no juegan ningún rol en ese caso, porque están vinculados con el abastecimiento del mercado interno. Si la orientación es exportadora no van a ser necesarios los beneficios promocionales y el fondo para el desarrollo tiene que acompañar el proceso de inversiones, porque la lógica es que la operatoria sea autosustentable del punto de vista económico. No se apunta a sectores que necesiten sistemáticamente de subsidios, sino de una inversión inicial acompañada por el Estado y que sea un negocio rentable por las ventajas competitivas”, explicó.
“Lo que planteamos es que siga funcionando el esquema de promoción industrial y que, para ser beneficiario de la promoción que hoy existe, deban hacer aportes para el desarrollo de un fondo. En algunos casos podrá ser con inversiones productivas que haga la propia empresa. Esto se fondea con las empresas que conocemos y los productos que conocemos”, subrayó García.
“Todo esto viene del mismo decreto, que dirá hasta cuándo se prorroga el beneficio y que como requisito las empresas tienen que hacer esto. El régimen ha servido para el desarrollo de la provincia pero no ha resuelto la dependencia fuerte de una política económica nacional. Estos sectores económicos no pudieron generar ventajas para seguir sobreviviendo sin los beneficios. La idea es que la nueva matriz productiva que va a complementar la que ya conocemos tenga otra lógica”, dijo.
“Esperamos que los aportes sean cuantiosos y que realmente muevan el amperímetro. Eso irá generando un fondo para tener procesos de inversiones y generar financiamiento en momentos en que la economía se retrae. Esto va a significar que la matriz productiva de la provincia empiece a tener otros sectores económicos que no estén necesariamente tan ligados al mercado interno. Si logramos desarrollar el polo petroquímico, una industria de la carne con valor agregado y procesamiento local, o una industria de alimentos que abastezca al mercado local y al turismo, si la macroeconomía viene para atrás y se cae la venta de celulares, el turismo puede seguir floreciente y el resto de los sectores marchan. Hoy tenemos una estructura económica donde más de la mitad del empleo privado registrado depende directa o indirectamente de las fábricas, y eso depende absolutamente del consumo interno. La macroeconomía argentina es de las más volátiles del mundo y es algo que hay que ir rompiendo muy de a poco. Si usamos la herramienta promocional para generar recursos y financiar políticas a largo plazo, tenemos chances de provocar transformaciones”, confió.
Destacó que “el régimen está venciendo en un contexto político favorable, lo que nos permite pensar políticas de desarrollo en lugar de ver como única solución que una industria desaparezca y ver si podemos desarrollar la turba o la madera para reemplazarla. Estas definiciones políticas ya se pusieron sobre la mesa y luego hay que ponerle letra a esto, convencer a abogados, y terminar de cerrar esquemas en detalle. Tiene que cerrarle también a las empresas, porque si no, no nos sirve. El trabajo está muy avanzado y falta la decisión política, porque los detalles que faltan se alinean en dos minutos. Ya estamos en condiciones de ponernos de acuerdo cuando baje el martillo”, concluyó.
