El legislador del MPF Pablo Villegas adelantó un proyecto de ley que apunta a recuperar la jurisdicción ambiental sobre la Isla de los Estados e islotes adyacentes, “arrebatada por decreto” durante la gestión de Mauricio Macri, con el aval de la ex gobernadora Bertone. Aseguró que la provincia puede considerarse “acreedor ambiental” particularmente en esta zona y acceder a financiamiento nacional e internacional. El proyecto prevé instruir al Fiscal de Estado y al gobernador para que gestionen la derogación del decreto macrista, porque “las autoridades actuales se hacen los distraídos y mantienen su vigencia”, dijo. Recordó que el gobierno nacional está planteando “un canje de deuda de diez mil millones de dólares frente al FMI por considerar que Argentina es acreedor ambiental, y la provincia no se tiene que quedar atrás”. También se refirió a la conformación del comité de seguridad y justicia, que integrarán representantes de la Justicia y el Ejecutivo, y tres miembros de organizaciones no gubernamentales con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Habrá una evaluación de la situación de las personas recluidas, tanto los detenidos en unidades carcelarias como los internados por tratamientos contra adicciones, y en el régimen penal juvenil.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas adelantó por Radio Provincia la presentación de un proyecto de ley para recuperar la jurisdicción ambiental en la Isla de los Estados, que fuera “arrebatada” en la gestión de Mauricio Macri por decreto, con el aval de la ex gobernadora Rosana Bertone.
“Nosotros tenemos un conflicto con el gobierno nacional por la Isla de los Estados que viene desde hace años –repasó-. El decreto nacional 929 del 2016 creó un área natural y silvestre, y esa decisión del gobierno nacional implica apoderarse de la jurisdicción ambiental de la Isla de los Estados. Va a contramano de lo que establece la Constitución provincial y el marco legal vigente a nivel nacional”, afirmó.
“Pareciera ser una cuestión formal pero yo le doy una relevancia política, económica y ambiental de envergadura, porque los constituyentes definieron que la Isla de los Estados y los islotes adyacentes son patrimonio inajenable de los fueguinos y además es una reserva natural ecológica y turística. En el mundo que viene, salir a defender nuestro patrimonio ambiental y turístico no es una cuestión menor. Sabemos por informes de expertos de Naciones Unidas que el cambio climático es una realidad que está golpeando la puerta de todos, sin diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados. La Isla de los Estados y las áreas naturales protegidas de la provincia son verdaderos sumideros de carbono. Son áreas que receptan más carbono del que expulsan y nuestros mares adyacentes también generan esa actividad. Eso nos coloca en una situación de acreedores ambientales no solamente frente a la Nación sino frente al mundo”, explicó.
“Esa condición de acreedor ambiental la tenemos que hacer valer, para obtener en primer lugar reconocimiento en herramientas de financiamiento para fortalecer y ampliar nuestras áreas naturales protegidas, y también para que se traduzca en mejor calidad de vida para nuestra gente. Frente a esta condición de acreedor ambiental que somos, podemos conseguir financiamiento a nivel nacional e internacional, para poder tener más y mejores hospitales, mayores rutas, una mayor prestación de servicios educativos, para mejorar las condiciones productivas”, expuso sobre los beneficios para la población.
“Lo primero que tenemos que hacer es salir a defender nuestra jurisdicción ambiental, que nunca fue cedida en Isla de los Estados. Puede parecer muy abstracto para el vecino que todos los días sale a buscar el mango, pero tenemos que tener una mirada no solamente cortoplacista sino pensar en el mediano y largo plazo. Las propias autoridades nacionales están planteando un canje de deuda de diez mil millones de dólares frente al FMI por considerar que Argentina es acreedor ambiental, y la provincia no se tiene que quedar atrás. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es un verdadero acreedor ambiental a nivel nacional e internacional y esto hay que hacerlo valer. Primero tenemos que empezar por defender lo que es nuestro, y la jurisdicción ambiental de Isla de los Estados es de la provincia”, sentenció.
En función de esto, “desde el bloque vamos a presentar un proyecto de ley que ratifique que la Isla de los Estados e islotes adyacentes son parte de la provincia y que la jurisdicción ambiental es exclusiva de la provincia. Además tenemos que instruir de una vez por todas al Fiscal de Estado y al gobernador para que se deje sin efecto el decreto nacional que nos arrebató la jurisdicción ambiental. La autoridad de aplicación provincial, que es la Secretaría de Ambiente, debe proceder a hacer un plan de manejo, una zonificación, y a través del INFUETUR podemos pensar en ejecutar una planificación de explotación turística en Isla de los Estados”, afirmó.
Aval de Bertone
Se le recordó que la ex gobernadora Bertone en su momento defendió el decreto de Macri y aseguró que no quitaba jurisdicción a la provincia, sino que solamente transfería la administración a Parques Nacionales. “Nadie discute que Isla de los Estados es parte de la jurisdicción provincial, pero la jurisdicción ambiental está en crisis –replicó Villegas-. Lo dictó Macri pero las autoridades actuales se hacen los distraídos y mantienen su vigencia. No tenemos que dejar ningún antecedente de estas características ni dejar de hacer los reclamos correspondientes, porque subvierte el sistema legal vigente, de manera ilegítima. Toda cesión de jurisdicción ambiental que pueda hacer una provincia, por ejemplo cuando se crea un parque nacional, tiene que ser manifestada de manera explícita y concreta por la Legislatura provincial. En el caso de Isla de los Estados jamás la Legislatura ha cedido esa jurisdicción y se nos arrebató por decreto”, fustigó.
Edictos inconstitucionales
Como parte de la agenda parlamentaria de acá a fin de año, adelantó que va a trabajar en el régimen contravencional. “Hay un fallo del Superior Tribunal que declaró la inconstitucionalidad de los edictos policiales y es un tema que hay que resolver. Mi intención es ponerlo en agenda parlamentaria”, dijo.
Comisión de seguridad y justicia
Por último se refirió a la reunión en la Presidencia de la Legislatura realizada esta semana con autoridades nacionales, que marcó la decisión de conformar el comité creado por ley que nunca se había puesto en marcha, y tiene como fin velar por los derechos humanos en general, y en particular de las personas privadas de su libertad.
“Intercambiamos opiniones y acordamos un trabajo conjunto en adelante con las autoridades nacionales y con el comité nacional. Como provincia, a través de la ley 857, tomamos la responsabilidad institucional de crear un comité provincial y lo que acordamos con el legislador Greve, con quien integramos este estamento, es poner en funcionamiento este organismo e invitar a que se integren representantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y abrir a través de la publicación de un edicto el registro para la inscripción de toda organización no gubernamental que trabaje en la defensa de derechos humanos”, informó.
“Vamos a evaluar sus antecedentes de acuerdo a lo que termina la ley, y posteriormente definiremos su incorporación. La ley prevé tres integrantes en el comité provincial en representación de las ONG de derechos humanos. Fue una reunión positiva y nos dejó trabajo por hacer, así que ya estamos actuando en consecuencia. La ley prevé que este organismo trabaje dentro del marco del Poder Legislativo. Primero habrá una evaluación de las condiciones de los establecimientos penitenciarios de la provincia, si bien sabemos que desde hace años se viene declarando en emergencia por una carencia manifiesta de infraestructura carcelaria, principalmente en Ushuaia. Vamos a hacer visitas periódicas a los establecimientos carcelarios, tendremos diálogo con los distintos internos para ver cuáles son sus condiciones y si existen situaciones que pueden ser objeto de alguna recomendación que deba evaluar el comité, para elevarlo a las autoridades judiciales o del Ejecutivo”, indicó sobre la tarea a desarrollar.
“Es un comité que hasta la fecha no se había constituido y aprovechamos la presencia de autoridades nacionales para ponerlo en marcha. Tenemos un camino importante por recorrer, que tiene que ver principalmente con las condiciones de los privados de su libertad y con una tarea de capacitación de funcionarios públicos, para prevenir cualquier acto de vejamen o de un trato degradante. Una vez constituido el comité provincial se pueden celebrar convenios con el comité nacional para que haya capacitación en distintos sectores. En ese sentido estamos muy satisfechos”, evaluó.
Consultado acerca de si pueden integrarse familiares de reclusos, que vienen manifestándose en reclamo de sus derechos, aclaró que “tienen que tener personería jurídica y ser organizaciones no gubernamentales con reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos en la provincia, porque así lo exige la ley. Una vez que el Poder Judicial y el Ejecutivo nos envíen sus representantes veremos cómo se hace la inscripción, que seguramente va a ser en el ámbito de la comisión 6, como lo establece la ley”.
Respecto de si tiene conocimiento de torturas en la provincia, señaló que “con las autoridades nacionales planteamos que cada jurisdicción tiene una realidad distinta, y en lo personal no tengo conocimiento de prácticas de tortura pero vamos a requerir información al ámbito de la justicia, al servicio penitenciario y a otros ámbitos donde se manejan situaciones de encierro, como en tratamientos de adicciones o en el régimen penal juvenil, para ver si hay antecedentes y trabajar en consecuencia”.
“Más allá de la existencia o no de hechos de tortura o tratos degradantes, lo importante es iniciar el proceso de capacitación de los cuadros policiales, del servicio penitenciario, para evitar estas situaciones a futuro, que son comunes en otras jurisdicciones provinciales”, concluyó.
