La directora por los pasivos de la caja de previsión precisó que la deuda del gobierno asciende a 504 millones y no se está cumpliendo con el giro del 3% de la recaudación de AREF en tiempo y forma, destinado a cancelar la deuda histórica. Espera que no sea vetada la ley que aprobó la Legislatura, para que esos fondos pasen directamente a la caja, sin la intermediación del Ministerio de Finanzas Públicas. Pidió “tener memoria” de los legisladores que votaron en contra, muchos de los cuales “dicen defender derechos de los trabajadores”, y confía que, en caso de veto del Ejecutivo, la norma sea insistida. Desde el primer día en que detectaron deuda comenzaron los reclamos y, si bien las jubilaciones se están pagando en tiempo y forma, los fondos adeudados se tienen que enviar. Destacó la cancelación total de la deuda que dejó Claudio Queno en Tolhuin por parte del intendente Harrington, que viene cumpliendo mensualmente con el pago de aportes y contribuciones, como también los pagos realizados por el Poder Judicial, Vialidad Provincial, entre otros entes.
Río Grande.- La directora por los pasivos de la caja de previsión, Patricia Blanco, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación de la caja y la deuda acumulada por el gobierno provincial, que asciende a 504 millones. Dio origen a la aprobación de una ley en la última sesión que dispone el giro directo de la recaudación de AREF a la caja, sin la intermediación del Ministerio de Finanzas Públicas y, en caso de veto, espera que los legisladores la insistan, como también que todos “tengan memoria” de los miembros del oficialismo que votaron en contra.
Respecto del trabajo en el directorio, a diferencia de la situación de la obra social, la directora afirmó que “no es difícil resolver con cuatro directores, siendo dos designados por el Ejecutivo, y dos elegidos por los activos y pasivos. Cuando uno trabaja con madurez y respeto hacia el otro todo se puede lograr, no es necesario pelear con una ley de por medio y hay que saber trabajar nada más. Hay que ponerse de acuerdo y llevará horas de discusiones, pero se tiene que buscar el consenso entre las cuatro autoridades en beneficio de los afiliados”, dijo.
“En 2013 no cobrábamos, o cobrábamos en cuotas y a través de amparos. Hubo muchas decisiones de los gobiernos de turno que fueron avaladas muchas veces por quienes nos representaban en la caja, y hay que hacerse cargo de todo. A nosotros nos destruyeron la vida en 2013 con el tema de no pagar, de no tener la plata, de cobrar en cuotas con demoras de 60 días. En esa lucha perdimos más que plata, porque perdimos vidas. A mí me tocó personalmente perder a mi marido y a varios compañeros que estaban desde el primer día en la lucha. Hay gente que se murió reclamando por sus derechos y esas cosas no se recuperan ni se olvidan, por eso siempre digo que hay que tener memoria, porque cada vez que hay una elección se lo busca al jubilado para la foto, y después se olvidan, y cada vez que quieren quitar un derecho al primero que se lo hacen es al jubilado. Eso hay que tenerlo muy presente. A mí no me la contó nadie, porque la viví”, subrayó.
Remarcó que “los inconvenientes comenzaron en el segundo mandato de Fabiana Ríos y los jubilados no podíamos cobrar porque el dinero no llegaba a la caja. Había cientos de proyectos para regularizar la caja de jubilación y nunca se pusieron de acuerdo, hasta que llegó el 2016 y se llevaron puestos los derechos de todo el mundo, de los que estábamos jubilados y de los que estaban por jubilarse”.
“Teníamos jubilados en la Legislatura y en el gobierno y sin embargo cambiaban las leyes, sacaban, ponían, se llevaban los derechos puestos y nadie decía nada. Los que estábamos en la calle no fuimos escuchados y fuimos juzgados por la justicia”, cuestionó.
En cuanto a la situación actual, afirmó que “en este momento la caja está bien, viene liquidando sus haberes como corresponde, los aportes llegan mensualmente como corresponde, está reclamando y cobrando sus deudas como corresponde. Al inicio del 2020 tuvimos muchos inconvenientes para aplicar la movilidad, por la pandemia por un lado y por la demora en la reglamentación de la ley 1985. Los inconvenientes se pudieron resolver y se está pagando mensualmente al quinto día hábil y se vienen liquidando las movilidades. Cada aumento que recibe el activo, el jubilado lo debe cobrar a los 30 días como dice la ley. Mientras los organismos manden la información en tiempo y forma, como corresponde, nosotros no tenemos ningún inconveniente en pagar, porque la caja aplica la ley”, aseveró.
“Hay cosas que hay que terminar de acomodar pero fueron muchos años en que la situación era de otra manera. Entre jubilados y pensionados tenemos casi 6.900 y la mínima de un jubilado nuestro está en 38 mil pesos, pero hay una jubilación que llega arriba de los 800 mil pesos, por las famosas leyes de privilegio que fabricaron los gobiernos de turno junto con algunos legisladores para premiar a algunos amigos del poder. Es gente que se jubiló sin los aportes necesarios, que había aportado muy poco, y de acuerdo a la necesidad de ese momento se iban acomodando las leyes, por un acuerdo entre la clase política”, fustigó.
“También en su momento los que estaban en el gobierno junto con el directorio usaron los 208 millones de dólares de la caja, pasaron años y fueron licuando la deuda. En 2016, cuando se hace el paquete de leyes, se incorporó esa deuda con la caja y ahí se determina que el 3% de la actividad financiera lo tiene que girar AREF al gobierno y desde Rentas de gobierno se debe girar a la caja”, explicó.
Cambio por un giro directo
Respecto de la deuda acumulada de 500 millones de pesos en la gestión Melella, que expuso ayer la legisladora radical Liliana Martínez Allende, indicó que “tiene que ver con esta ley, y se modificó ahora en la Legislatura porque nuevamente se estaba acumulando deuda. El gobierno no está girando en tiempo y forma ese 3% como corresponde y esto lo venimos reclamando desde el primer día que notamos que había deuda. Con esta modificación de la Legislatura, si la ley no es vetada por el Ejecutivo, los fondos van a ir directamente de AREF a la caja, sin tener que pasar por la cuenta general del gobierno de la provincia”, explicó.
“La ley salió con 11 votos a favor y 4 en contra, y el Ejecutivo la puede vetar. En ese caso esperamos que la insistan, y hay que tener memoria de quiénes son los que votaron a favor y quiénes en contra, porque es plata de los afiliados, tanto pasivos como activos. Los que votaron en contra fueron los 4 legisladores de FORJA, los que son del oficialismo, Mónica Acosta, Federico Greve, Emanuel Trentino y Daniel Rivarola. La mayoría han salido de sectores gremiales y según ellos representan a los trabajadores”, observó.
“Todos los que tenían deuda con la caja al 2016 hicieron convenios de pago y los están pagando, pero el gobierno de la provincia tiene un atraso en ese pago, que llega a los 504 millones de pesos. Eso lo tienen que pagar y lo que se hace ahora con la nueva ley, si queda firme, es que el 3% recaudado por AREF lo va a girar directamente a la caja de previsión y no va a pasar más por una cuenta general. El gobierno no va a ser más intermediario. Este último tiempo el gobierno no ha girado mensualmente lo que correspondía y debe 504 millones. Además mensualmente debe mandar los aportes y contribuciones”, apuntó.
Tolhuin sin deuda
Destacó que “en estos días tuvimos la cancelación de una deuda de la municipalidad de Tolhuin correspondiente a la gestión del intendente Queno, y eran 14 millones de pesos atrasados. La gestión actual viene pagando mensualmente sus aportes y contribuciones pero estaba esa deuda y el intendente actual la canceló en un solo pago. También hubo una cancelación de deuda del Superior Tribunal de Justicia, de Vialidad Provincial, entre otros entes. Algunos debían 12 millones, otros 10 millones, otros 2 y otros mucho menos. Los municipios de Ushuaia y Río Grande están al día, y ahora Tolhuin también. En el caso de Río Grande y Ushuaia hay planes de pago anteriores”, indicó.
Convenio con privados
Por otra parte se la consultó sobre la posibilidad de otras inversiones similares a las que hicieron desde el sector privado para construir la delegación de Río Grande. “Tenemos un convenio con la empresa Albatros, que tiene la explotación del Hotel Las Lengas y han construido la delegación de Río Grande. Estamos en conversaciones con ellos porque hay propiedades que le quedaron a la caja. Cuando se dividieron los institutos a nosotros nos tocó el hotel Las Lengas, el edificio fantasma que tenemos en San Martín y Fadul, y el edificio donde funciona actualmente la caja en la avenida Alem. En Río Grande nos quedó el predio donde está el edificio nuevo de la delegación y estamos viendo qué inversión se puede hacer para hacer una construcción y que dé un beneficio más a la caja. Está frente al hospital”, mencionó.
“Con el edificio de San Martín y Fadul se trató de hacer algo en diferentes directorios y nunca se llegó a nada, porque nunca se pusieron de acuerdo los directores de gestiones anteriores. Desde el inicio de la gestión hicimos un relevamiento de ese edificio y no es fácil hacer algo con dos años de pandemia en medio. Igualmente hay intenciones de hacer algo pero a veces lo diario nos tapa, la movilidad, los reclamos, los pagos, que llevan su gestión y su tiempo. En pandemia muchas veces trabajamos con personal en la casa, no estamos teniendo atención al público y la demanda y reclamos son mayores. Nosotros seguimos con restricciones y atendemos por turnos, se sigue respetando el protocolo, y los turnos se solicitan por la página. Tampoco en Casa de Gobierno están todos los empleados presentes en las oficinas. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que disponen desde nación y desde la provincia. Si me preguntan a mí, yo trabajé durante toda la pandemia, me cuidé como me tenía que cuidar, respeté los protocolos y nunca tuve inconvenientes, pero si hay decretos nacionales y provinciales uno tiene que adaptar la atención y respetar lo que está escrito”, manifestó.
Impacto de la crisis de OSEF
Además se le preguntó sobre el impacto de la crisis en la OSEF y cómo afecta la falta de medicamentos en las farmacias. “La OSEF es un organismo y la caja es otro, y por respeto a las autoridades de OSEF hay cosas que no tengo que contestar. Yo soy una afiliada más y no tengo que meterme a opinar qué hacen las autoridades de la obra social. Yo no me meto ni en lo político ni en lo gremial, porque los conozco y sé quiénes son. Yo estoy en la caja y mi causa son los jubilados. Al inicio de la gestión tuvimos nuestras diferencias con el presidente pero las cosas se discutieron, se hablaron, en algún momento tuve que presentar una denuncia en la Fiscalía de Estado y eso ayudó a que se pueda trabajar mucho mejor. Al margen de las diferencias políticas, los cuatro integrantes del directorio trabajamos y gestionamos, y eso es lo que la gente quiere”, concluyó.
