Desde CAFIN destacaron en un comunicado que es ya de dominio público que tanto el Gobierno Provincial como las cámaras empresarias que representan al sector textil y confeccionista radicado en Tierra del Fuego han iniciado gestiones que buscan revertir la decisión del PEN expresada en el artículo 2° del decreto 727/21 por la cual se excluye a los sectores mencionados de la prórroga concedida por 15 años renovables al resto de las actividades del subrégimen industrial de la ley 19640. Estas gestiones están impulsadas también por la movilización sindical que salió a reclamar en defensa de los puestos de trabajo apenas comenzaron a circular trascendidos. Bastó que trascendieran tales empeños, para que salieran de las sombras quienes han trabajado incansablemente para alcanzar tal objetivo.
Es en ese contexto que debe entenderse el comunicado de la Fundación Pro Tejer, que con fina ironía dice apoyar lo dispuesto en el Decreto 727.
Es interesante observar que se habla allí de “equidad y competencia leal” como si los beneficios que podrían extinguirse a partir del 31 de diciembre de 2023 no estuvieran dirigidos a compensar los sobrecostos por deslocalización que padecen las empresas fueguinas por su lejanía de los centros de consumo. También suena cuanto menos pretencioso que una entidad sostenida por capital privado, se arrogue la facultad de dictar dónde necesita nuestro país recibir nuevas inversiones y creación de empleo. Cabe preguntarse porqué Pro Tejer no ha incluido en su mapa a la zona más austral de la Argentina y la más expuesta en términos geopolíticos.
Luego sobreviene en el comunicado lo que parece ser una declaración jurada de ineficiencia. Cómo se explica que “sólo por reemplazo de las importaciones textiles provenientes del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, estamos frente a la posibilidad de fortalecer el camino hacia el desarrollo industrial con inversiones, creación de valor agregado y generación de al menos 20 mil puestos de trabajo de calidad en las zonas más relegadas y postergadas del país…”
Es notable descubrir que lo que en en el Área Aduanera Especial -cumpliendo con los mismos procesos productivos que se desarrollan en el TCN- requiere de la participación activa de 1000 operarios directos, por el solo hecho de trasladar dichas actividades al Territorio Continental se multiplicaría por 20. Claramente una perspectiva inviable, y una aseveración sin fundamento como aquella que alega que “Argentina no puede permitirse el lujo de tener regímenes de promoción impositiva que destruyan las cadenas industriales radicadas en el país…”
Quizás no hayan tenido en cuenta que Tierra del Fuego está DENTRO del país, siendo su orgulloso bastión austral, donde hace ya muchos años, en los albores de la ley de promoción, un puñado de empresarios audaces decidieron invertir y dar empleo en condiciones desfavorables, y a su propio riesgo. Una época donde el subrégimen industrial estaba abierto para la recepción de nuevos proyectos, pero a quienes hoy se quejan y operan contra los fueguinos “no les cerraron los números” para tomar tal decisión, y al tiempo, al ver que las empresas fueguinas prosperaban, comenzaron con una campaña de lobbing que continua hasta nuestros días, en los que han obtenido un notable éxito.
Porqué las textiles del Continente se han quejado siempre de Tierra del Fuego, siendo que ellas mismas gozan de la protección que siempre tuvo el sector a nivel nacional, con altos aranceles que lo ponen a resguardo de la competencia del sudeste asiático? No será que la existencia de Tierra del Fuego opera como un moderador en los precios al público? Una hipótesis que merece ser profundizada.
Las divisas que utiliza Tierra del Fuego son las mismas que demandan los sectores importadores del Exterior de bienes finales, que resultarán los verdaderos beneficiarios de lo expresado en el artículo 2°, marginando toda producción nacional de la demanda insatisfecha que generará el desplazamiento de los productores fueguinos.
Conociendo de antemano el resultado que lo dispuesto por el art. 2° provocará sobre el mercado interno, cabe preguntarse si vale la pena destruir la inversión realizada y los empleos involucrados en Tierra del Fuego, en beneficio de la importación de productos terminados.
Desde la CAFIN no aceptaremos resignadamente tal destino, estaremos a disposición como siempre para discutir sobre el particular en cuanta oportunidad se presente, de modo de dejar definitivamente zanjada una disputa irracional que tanto daño pretende infringir a los fueguinos.
Texto de CAFIN.
