El congresal nacional de ATE cargó contra los gobiernos y legislaturas de los últimos años por “exprimir” al sistema previsional y asistencial, y a las clínicas privadas por facturar todo tipo de estudios que no considera necesarios, y termina pagando el Estado. “Hay una presión de estos sectores empresariales de la salud que han llevado a la quiebra a la obra social y lo único que falta es que se queden con el sistema asistencial”, dijo. Afirmó que no se soluciona el problema para no tocar sus intereses y que con un buen sistema público de salud se podría competir en calidad y costos, pero no hay voluntad política. Avizoró que se va a intentar paliar la crisis de la obra social aumentando el aporte de los trabajadores, pero a su criterio debería haber un presupuesto que reconozca las deudas y los intereses, y que se empiece a pagar lo que se debe, además de cambiar la “estructura obsoleta” del sistema.
Río Grande.- Marcelo Córdoba, congresal nacional de ATE, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la crisis de la OSEF, tras el anuncio de la clínica CEMEP del corte de prestaciones por una deuda de más de 230 millones. “Esto no es ninguna novedad y la situación se agudizó en los últimos años pero nadie da respuesta sobre el tema. Es lamentable la situación de nuestro sistema previsional y asistencial, que viene de arrastre desde hace más de 15 años. Todas las decisiones que se tomaron desde la ley 561, los 25 inviernos y todas las reformas, fueron propuestas del Ejecutivo y levantada de manos del Legislativo. Los trabajadores hemos luchado para que nos den participación y nunca se dio esa posibilidad de resolver la problemática. Ahora pareciera que los laburantes son los responsables”, criticó.
“Hay privilegiados en el sistema, como la justicia y otros entes del Estado, que cuando les conviene son una cosa y cuando no, son otra”, dijo del aporte a OSDE mientras son activos y el uso de la OSEF cuando se jubilan. “Esto lo han permitido los Poderes Ejecutivos con los Legislativos y los trabajadores reclamamos el derecho que nos corresponde. Nos han llevado a la quiebra y quiero saber qué va a hacer el Ejecutivo y el Legislativo ahora”, reclamó.
“Con la cantidad de empleados que tiene el gobierno, y la cantidad de jubilados, es el único lugar donde existe esto. También hay que decir que en los últimos ocho años los salarios han caído y los aranceles se elevaron al mil por ciento. No hay ningún sistema que funcione de esta manera. Cuando no se aumentaba la cápita por prestaciones a los sanatorios, que son los únicos que aumentaron su estructura edilicia y económica, cortaban las prestaciones. Hace diez o quince años ibas a un médico y te daba una receta con dos analgésicos, pero hoy hacen plata con los estudios. Te vas a hacer ver porque te duele el dedo y te hacen miles de estudios que paga el Estado, nuestra obra social. Las auditorías no existen y el problema de la obra social es estructural. Nadie quiere meter mano donde corresponde porque afectan intereses que no son de los trabajadores. Si cierra el CEMEP y la San Jorge, quedan en la vía, y hay una presión de estos sectores empresariales de la salud que han llevado a la quiebra a la obra social y lo único que falta es que se queden con el sistema asistencial”, alertó.
Consultado sobre el proyecto de elevar el aporte de los empleados, pronosticó que es “lo que seguro va a suceder. Van a aumentar los aportes personales y van a pretender que pongamos más, pero tenemos que debatir en serio, ver quién hace la auditoría externa e interna. No existe y los prestadores hacen lo que se les da la gana, porque están enquistados en un sistema donde nadie los controla”.
“Si hubiera un sistema de salud pública acorde, no sucedería esto. El Estado se olvidó de la salud pública en los últimos 15 años. La salud pública debería competir mano a mano con la privada para nivelar calidad y costos, pero acá se entregó la salud pública a manos de las privadas”, acusó.
“Hoy con los grandes aranceles que tiene nuestro sistema, los compañeros caen en la salud pública, que está abarrotada permanentemente. Con las crisis de los últimos cuatro o cinco años, no hay plata para hacerse atender en el privado”, señaló.
Un directorio “formal”
Respecto de la posibilidad de accionar a través de los representantes en el directorio, indicó que “ATE desde hace ocho años no tiene ningún representante, ni a nivel legislativo ni en la obra social. Tampoco tiene representación en el sistema previsional. Han sido prácticamente los mismos. La reforma previsional del 2016 dejó las decisiones en manos del Ejecutivo, porque los directores que representan a los activos y pasivos son una formalidad. La votación se define con el voto del presidente y el vicepresidente, que pone el Ejecutivo, y los directores no pueden hacer absolutamente nada”.
“El sistema previsional y asistencial ha sido una caja política permanentemente. Hay que ver cómo crecieron las RUPE en los últimos años y ese sistema se mantiene con los aportes y contribuciones de los activos, porque el Estado tiene una montaña de deudas y no ha puesto un peso. El Estado ha exprimido al sistema, después no reconoce deudas ni intereses. Es el resultado de las normativas que plantearon los Ejecutivos al Legislativo, que son los mismos en los últimos 25 años”, aseveró.
Soluciones posibles
Según Córdoba hay soluciones pero no se quiere tomar la decisión política. “En primer lugar el Estado debe poner el presupuesto para el año que viene con una distribución justa. Pareciera que los trabajadores del sistema asistencial y previsional no son parte de estos Ejecutivos que han destruido el sistema. Se tiene que discutir un presupuesto que reconozca deudas, intereses, y que comiencen a pagar en tiempo y forma lo que adeudan al sistema, que haya un proyecto de sistema integral y se saque la estructura obsoleta que tiene. No se animan porque van a lesionar algunos intereses y a algunos prestadores privilegiados”, sostuvo.
Tampoco ve margen en la Legislatura donde “hay representantes legislativos de extracción gremial pero yo no le puedo ir a pedir nada a Rivarola, a Trentino o a Acosta, que antes era Juana Azurduy y hoy es carmelita franciscana. No le puedo ir a pedir nada a ellos, le pediría a aquellos que son empleados estatales y llegan por el voto de los trabajadores. Evidentemente el poder económico y financiero en las campañas es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos transmitir a los compañeros. Son las reglas de juego y yo no voy a ir por otro camino que no sea el de la realidad y la verdad”, concluyó.
