El ingeniero Enrique Schoua, de vasta trayectoria en la industria fueguina, aseguró que los parlamentarios oficialistas y de otros sectores “mienten cuando dicen que la 19640 le cuesta al país 36 mil millones de pesos; eso es absolutamente falso” remarcó y observó que llegan a este número basado en lo que el Estado dejaría de cobrar en impuestos. Reparó que las políticas erráticas de Alfredo Martínez de Hoz en los ’70 y de Domingo Cavallo en los ’90 provocaron una gran masa de desocupados que hoy son los que viven de los planes sociales sin ninguna contraprestación productiva. “Esto sí es un costo que se tiene resolver porque lo están pagando todos los argentinos”.
Río Grande.- El gerente de planta de Tecnomyl y reconocido referente de la Unión Cívica Radical Enrique ‘Quique’ Schoua, describió la situación de la vigencia de Ley de Promoción Económica 19.640, como “realmente preocupante”.
Schoua fue consultado por los medios de comunicación y manifestó que en el centro de esa preocupación “está la falta de definición respecto de la prórroga de la 19640; no nos olvidemos que nuestros socios del MERCOSUR -Brasil- tiene la promoción de su sector industrial más importante que es Manaos, prorrogada hasta el 2073”.
En ese sentido entendió que “es imperativo, para el futuro desarrollo de Tierra del Fuego, definir los lineamientos generales en lo que hace al desarrollo industrial pretendido para Tierra del Fuego y asimismo señalar un horizonte más amplio. De lo contrario, no podemos hablar de inversiones cuando hay indefinición en lo que hace si vamos a promover o no la 19640”.
Agregó que “he escuchado hablar a gente encumbrada políticamente, unos diputados del PRO que están en Cambiemos, hablar de que la 19640 le cuesta al país 36 mil millones de pesos y eso es absolutamente falso, es para ‘engrupir a la gilada’ como se dice vulgarmente, porque llegan a ese número sumando las exenciones impositivas y pretenden hacer creer a la gente desinformada y desprevenida, que le cuesta al Tesoro nacional esa suma y no es cierto de ningún modo”.
Observó que “lo que sí cuesta al Estado, es que la gente se quede sin trabajo” y recordó que “en los ’90 vivimos un proceso de desindustrialización de la mano de una propuesta económica equivocada con Domingo Cavallo como responsable, sin mirar lo que pasó en la década del ’70 con (Alfredo) Martínez de Hoz a la cabeza. Todo esto nos dejó con un 20 por ciento de desocupación en el país”.
Sobre este punto reparó que “en la década de los ’90 esa política nos dejó a Río Grande con el 40 por ciento de desocupación que fue la tasa más alta de desempleo de todos los tiempos y el nivel de pobreza más alto del país en Tierra del Fuego en aquellos días”.
“La desocupación de los ’90 desembocó en los planes sociales”
Entendió que esta situación desembocó en la realidad actual y habló de costos manifestando que esa masa de desocupados de los ’90, se fue transformando poco a poco en los planes; entonces hoy uno ve que a nivel nacional, hay movilizaciones de miles y miles de personas pugnando por mejorar sus ingresos, pero son gente que vive de los planes y que no están bien remunerados ni tampoco están bien ubicados en un trabajo productivo en muchos casos y esto sí es un costo que hay que resolver, ya que cuesta al Estado llevar adelante”.
Por último dijo que espera del presidente Mauricio Macri que cumpla su promesa de campaña cuando aseguró que “el Gobierno nacional iba a apoyar decididamente el desarrollo industrial de Tierra del Fuego de la mano de la Ley 19.640 y así lo esperamos”.
