“Yo no veo cómo va a aumentar el desarrollo económico si expulsan empresas”

El representante de CAFIN, Alberto Garófalo, cuestionó que se pretenda ampliar la matriz productiva y a la vez se esté expulsando al sector textil de los beneficios promocionales. Dio a conocer versiones sobre un llamado a las empresas “una por una”, no a través de las cámaras, para analizar plazos diferentes de prórroga para cada una de ellas, lo que rechazó de plano. El jueves se les dijo claramente que no pueden adherir al decreto de prórroga, y el plazo vence hoy. “Hace dos años veníamos advirtiendo que sabíamos que había presiones y movimiento en Buenos Aires para dejar afuera el sector. Nos dijeron que éramos alarmistas pero la realidad nos dio la razón”, lamentó, recordando que las textiles aportan el 18% del PBI industrial de la provincia.

Río Grande.- El licenciado Alberto Garófalo, representante de CAFIN, informó por Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23 sobre la reunión con las empresas textiles, y con el representante de la Secretaría de Industria, teniendo en cuenta que hoy vence el plazo de adhesión a la prórroga del subrégimen industrial. “Al día viernes se habían adherido 26. La realidad del sector textil es muy distinta y desde CAFIN hace dos años veníamos advirtiendo que sabíamos que había presiones y movimiento en Buenos Aires para dejar afuera al sector. Nos dijeron que éramos alarmistas pero la realidad nos dio la razón. Esos sectores han influido de tal manera que desde el dictado del decreto 727 ya quedaron afuera y esta reglamentación no las alcanza”, dijo.

“Ninguna de las textiles puede adherir porque el decreto 727 dice en su artículo primero quiénes son las empresas que pueden adherir a la prórroga y bajo qué condiciones, y el artículo segundo excluye taxativamente a los proyectos que nunca iniciaron actividad y a las actividades comprendidas en el capítulo 11 de la nomenclatura del Mercosur, que son justamente textiles y confeccionistas. Para las confeccionistas dice que la autoridad de aplicación podrá establecer plazos plurianuales, pero no dice por cuántos años, una vez que se compruebe el efectivo cumplimiento del régimen de la 19.640. Nos parece algo puesto de apuro, porque permanentemente ha verificado el cumplimiento la autoridad de aplicación, que forma parte de la comisión del área aduanera especial. Como argumento para discriminar a las textiles, es un tanto pobre”, consideró.

“La reglamentación tampoco incluyó a las textiles y, de forma extraoficial, se dice que van a ser convocadas próximamente a discutir las condiciones para que se les otorgue un plazo plurianual, que no sabemos de cuánto es, porque pueden ser dos, tres, cuatro años y seguramente no van a ser 15, porque si no hubieran sido incluidas en el artículo primero del decreto”, barajó.

 

Plazos selectivos

 

Garófalo alertó sobre “un punto que se va a poner complicado, porque aparentemente la intención de la autoridad de aplicación es convocar a las empresas de a una, no a las cámaras, para ver en qué condiciones se les puede otorgar el plazo. Imagino que ahí les pedirán condiciones de inversión, de ocupación, de producción, y me llama la atención porque condicionarlas a seguir si invierten más no parece muy razonable. Están todas bajo el mismo régimen, con los mismos beneficios, y todas cumplieron con las mismas exigencias de proceso”, afirmó.

“El Ejecutivo tiene potestad para tomar la decisión de excluir a las textiles porque el artículo 32 de la ley dice que, una vez que transcurrieron diez años, el Ejecutivo puede hacer de todo, bajar aranceles, aumentar aranceles, pero dice que esto será así según convenga al desarrollo de la zona promovida. Yo no veo cómo va a aumentar el desarrollo económico si expulsan empresas”, criticó.

“En otro punto dice que lo puede hacer para determinada actividad o conjunto de mercadería. Evidentemente cuando se excluye a la sección 11, fueron por las que tienen productos finales de textiles y confeccionistas. Esto de suponer que a una empresa se le van a dar dos años, a otra cuatro y a otra ninguno, es un tema a estudiar. Por ahora no tenemos ninguna precisión porque no hay ninguna comunicación oficial”, aclaró.

“En la reunión del jueves con un representante de la Secretaría de Industria, que explicó el trámite a distancia para la adhesión, yo planteé qué conducta deberían seguir las textiles y me dijeron que no se tienen que presentar en esta oportunidad. Había 65 personas presentes como testigos de que dijeron que no se tenían que presentar, para que no vayan a decir después que quedaron afuera porque no se presentaron. Hoy las textiles tienen sus beneficios garantizados hasta el 31 de diciembre de 2023, y esperamos que en los próximos días empiecen a convocar a las empresas para ver en qué condiciones pueden continuar. Yo creo que el plazo debería ser igual para todas”, sostuvo.

Lo cierto es que con un horizonte de un año y medio, no se puede pensar en inversiones de las textiles. “Justamente no hay nuevas inversiones por esta razón. Para invertir el horizonte mínimamente debe ser de tres o cuatro años. A futuro quiero saber qué plazo van a dar para amortizar la inversión que piensan hacer. Espero que no sea más que un amago de pelea por las presiones de las empresas del continente y que esa presión pueda disminuir, pero sabemos por qué está sucediendo esto. Hay cierta incidencia en los precios del mercado nacional con los productos de Tierra del Fuego, por eso odian más a la producción de Tierra del Fuego que a la importación de China y de Pakistán”, aseveró.

“Si el objetivo es ampliar la matriz de Tierra del Fuego, hay que hacerlo sobre una base sólida como la que tiene hoy la provincia, con todas sus industrias funcionando”, sentenció.

 

Visita de Kulfas

 

Se espera la presencia del Ministro de la Producción este miércoles en Ushuaia y la expectativa es poder dialogar. “Nosotros nos hemos cansado de pedir audiencias con Kulfas, con Schale. Ahora llega a la provincia y me imagino que la visita está organizada por el gobierno provincial. Quisiéramos estar presentes para hablar con él, pero respetamos la decisión del gobierno. Seguramente ellos van a poder hablar con más tranquilidad con Kulfas y, si encuentran un lugar para que reciba a las cámaras o a una representación de las textiles, vamos a estar ahí”, adelantó.

 

Acciones judiciales

 

Respecto de los rumores de acciones judiciales de parte de las empresas textiles, puso en duda que resulte efectivo. “Se puede habilitar una instancia judicial, pero sabe dios cuánto va a durar. Esto pasa por el diálogo, por que las autoridades nacionales entiendan cuál es la real actividad de las textiles en la provincia. Las textiles que más producen trabajan con insumos que no se fabrican en el país. Son productos que, de no ser fabricados en Tierra del Fuego, llegan al mercado interno por la vía de la importación del producto terminado. Nos vienen martirizando desde hace décadas con que Tierra del Fuego debe aprovisionarse de materia prima nacional, pero hemos demostrado en muchas mesas que se han celebrado que no existe esa materia prima nacional y que eso es inviable. Hay mucho de fábula y hay que compenetrarse con la industria textil en general para ver cuál es la incidencia en Tierra del Fuego”, enfatizó.

“En la cámara tenemos empresas de otros sectores que afortunadamente están pudiendo adherir y todas han expresado su deseo de continuar. Hay muchas dudas en las reglamentaciones, pero reconocemos que la prórroga de 15 años es muy valiosa. Si el fondo, una vez constituido, se ejecuta como está pensado, van a aparecer nuevas inversiones. Todavía no está constituida la cuenta donde se van a depositar los fondos y creo que este proceso se va a acelerar. También falta integrar el comité ejecutivo”, observó.

 

Sin participación

 

Por otra parte fue crítico de la falta de participación de los actores interesados. “Yo llevo 44 años en este tema y la primera vez que se da un escenario importante de prórroga al que no pude ni asomarme. La propia provincia dijo que no ha participado de la reglamentación. Nosotros trabajamos con la provincia en los últimos dos años y habíamos acordado una serie de puntos que suponíamos que iban a estar sobre la mesa. Hoy no sabemos si estuvieron y los desecharon, o nunca se discutieron, porque prácticamente nos enteramos por los diarios”, lamentó.

“Hubiéramos querido que se hubiera respetado más la representación orgánica que tienes las cámaras sobre sus afiliados, y eso no ha sucedido. El sector textil está aportando alrededor del 18% del PBI industrial de la isla, y es un número importante. De ahí derivan las tasas de verificación y algo fundamental: el personal de las textiles en general es permanente, no tiene contratos, y la gente tiene 20 años de antigüedad en su mayoría. No es que están pensando en que van a ser reconvertidos para pasar a otro tipo de industria, y esto no es algo sencillo de hacer. Es gente especializada en el sector”, remarcó.

En cuanto a las textiles del continente que podrían estar ejerciendo presión, mencionó que “en el cordón de Buenos Aires el proyecto San Martín siempre fue una referencia en la industria textil. No es lo que era antes, pero en una época el partido San Martín era el corazón de la industria textil. En el gran Buenos Aires está en grueso de las industrias, luego hay una planta en Santiago del Estero, que es una empresa brasileña. Lo que producimos en la provincia va al mercado nacional y básicamente son hilados. Se trae la fibra cruda del exterior y se hila en Tierra del Fuego. Ese mismo hilado continúa el proceso y se teje. En otros procesos se importan hilados y se hacen telas. Luego tenemos la tintorería que tiñe. Las confeccionistas hacen sábanas, acolchados, todo lo que se conoce como ropa blanca. Uno ve la pertenencia de los operarios con sus empresas y creo que eso debe ser valorado. Son 11 empresas y no creo que eso esté perforando nada a nivel nacional. Esperemos que cambie el panorama y que los plazos plurianuales que se otorguen sirvan para renovar inversiones”, deseó.

“Si las condiciones van a ser distintas para cada empresa, no nos parece que se pueda asignar la promoción por nombre y apellido. Si se restringen beneficios, debe ser igual para todos”, concluyó.

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