El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia acusó al gobierno nacional de “mentir” respecto del desvío de fondos de la soja a gastos corrientes, luego de las afirmaciones de la legisladora Martínez Allende. Remarcó que es “un fondo de afectación específica” y su utilización “está absolutamente controlada”. Expuso la reacción en cadena generada a partir de la eliminación por decreto, y hoy se espera que la FAM encare una presentación judicial acompañando a varios intendentes. También apunta al acuerdo del foro patagónico, que vuelve a reunirse el 31 de este mes, para rechazar los DNU en el Congreso. A nivel local, destacó la unidad del gobierno y los municipios para resistir el ajuste.
Río Grande.- El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, afirmó por FM La Isla que el desvío de fondos de la soja a gastos corrientes, expuesto por la legisladora Martínez Allende, “es una enorme mentira”.
“Es imposible utilizar el fondo de la soja en otra cosa que no sea obra pública. Es un fondo de afectación específica, y los fondos de afectación específica son absolutamente controlados. Es imposible destinarlos a otra prestación que no sea la de obra pública, para eso se creó ese fondo en 2009 por decreto”, sostuvo.
“El fondo se pensó para que las provincias y municipios pudiesen hacer escuelas, repararlas, hacer obras de infraestructura como agua, tendido eléctrico, obras viales y todo lo que tenga que ver con obras de infraestructura. En el caso particular de Ushuaia, nosotros lo hemos utilizado para obras y sabemos que esto es así en todos los municipios del país. No pueden ser utilizados en gastos corrientes, por lo tanto es una mentira más del gobierno nacional”, reiteró.
Consultado acerca de si la eliminación del fondo de la soja estaba prevista en el pacto fiscal, donde dice que se distribuirá “mientras exista”, como sostuvieron desde Cambiemos, lamentó que “el gobierno nacional diga una cosa en público y otra en este caso frente a un acuerdo firmado. Estamos cansados de las mentiras de Macri desde la campaña. Nosotros teníamos claramente otra mirada y nos acusaron de hacer una campaña del miedo, pero el miedo ha llegado y hoy miles de argentinos tienen miedo de perder su fuente de trabajo, y otros millones de no llegar a fin de mes porque su salario se ve absolutamente depreciado”.
“Hay intendentes y gobernadores que tienen que reducir su obra pública y no están perjudicando a una gobernadora y tres intendentes de nuestra provincia, sino que le están haciendo la vida más difícil a más de 200 mil fueguinos que todos los días se levantan con la ilusión de vivir en este lugar que han elegido para crecer y desarrollarse, y encontrar oportunidades que no tenían en otro lugar. Hoy se encuentran con esta realidad que lamentablemente está multiplicada por todo el país”, enfatizó.
Lo cierto es que este DNU desató una reacción en cadena: “Hay reuniones en forma permanente, hace 15 días hubo un encuentro patagónico de intendentes, legisladores nacionales, diputados. Hay 2.200 municipios en la Argentina y en 2.100 seguramente el intendente camina por la calle, los vecinos lo conocen. Ese vecino sabe que le golpea la puerta y, si el intendente tiene sensibilidad, va a estar ahí para dar explicaciones. Estamos ante un gobierno que hace tres años decía que era el mejor equipo de los últimos 50 años, todos provenían de la actividad privada y se decía que iban a ser buenos gestores, que iban a mejorar lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal. No sólo no cambiaron lo que estaba mal, sino que todo lo que estaba bien lo están destruyendo día a día”, acusó.
“Esta relación con las provincias y los municipios es una muestra. En la Patagonia con este gobierno tenemos siempre una espada sobre nuestra cabeza. El decreto de las asignaciones familiares está suspendido provisoriamente pero ahora sacan el fondo federal solidario, y por otro lado la misma espada está sobre la zona de las jubilaciones nacionales, sobre los subsidios tanto del combustible como del transporte. Esos son miles de millones de pesos”, alertó.
“La verdad nos preguntamos qué vinieron a cambiar, porque lo que se estaba haciendo bien se quitó, y si había cosas que estaban mal, se han profundizado. Si había inflación, ahora vamos a terminar arriba del 32%”, comparó.
Intervención de la FAM
Por otra parte, Souto informó que hoy en Buenos Aires se reúne la Federación Argentina de Municipios -FAM- y “voy a estar presente porque el intendente Vuoto se ha tomado una semana de licencia. Es un foro en el cual venimos participando en forma activa desde hace dos años con intendentes de todo el país. Se está planteando una presentación judicial, siguiendo otras que se han hecho en distintos lugares del país, como en la provincia de Buenos Aires, que la hizo el defensor del pueblo; otra la realizó el intendente de Resistencia Jorge Capitanich y en otras ciudades se va a consensuar una presentación en conjunto a través de la FAM”, anticipó.
Agregó que el 31 de agosto “se va a realizar el segundo encuentro del foro patagónico, en este caso en Comodoro Rivadavia, y volveremos a asistir. Desde La Pampa a Tierra del Fuego han participado representantes no sólo a nivel de los intendentes, sino también gobernadores, vicegobernadores, diputados nacionales, provinciales, concejales de muchas ciudades. A través del rector de la Universidad de Tierra del Fuego, que estuvo presente, todas las universidades públicas de la Patagonia firmaron una carta de adhesión, también expresando los problemas de las universidades nacionales, porque la mayoría no comenzó las clases en el segundo cuatrimestre, y desde fines del año pasado los trabajadores están recibiendo un 5% de aumento. Se está desfinanciando brutalmente a las universidades, del mismo modo que se está desfinanciando el CONICET. Vemos tristemente lo que pasa en La Plata con los trabajadores del astillero Río Santiago, que van a pedir insumos porque saben que el astillero tiende a desaparecer. El presidente días atrás dijo que había que dinamitarlo y es una locura que un presidente diga que una empresa estatal que da trabajo a más de tres mil personas y que tendría que ser un orgullo por todo lo que se hace, haya que dinamitarlo como manifestó”.
“Hay un enorme desprecio por el trabajo y por los trabajadores. Este gobierno comenzó despidiendo a mansalva trabajadores del sector público, que luego fueron reemplazados por otros, que venían de la mano de este gobierno, y echaron a personas que tenían 20 ó 30 años. Estamos viendo lo que pasa en Télam y ha ocurrido algo similar muy fuerte en el sector privado, en Río Grande la situación social es cada vez más preocupante. Nosotros en otra escala también estamos viviendo una situación muy compleja en Ushuaia, porque día a día hay requerimiento de subsidios para pagar el alquiler, se piden alimentos, lugares para pasar la noche porque hay familias que se quedan en la calle y hay que alojarlas”, planteó.
“Sabemos que esto también lo está haciendo la ciudad de Río Grande y son vecinos que uno se cruza todos los días”, dijo, contrastando la realidad con “la insensibilidad y la mirada pequeña que se tiene desde un sector de privilegiados. Esto es una oligarquía y no hay otra forma de definirlo”, sentenció.
“Es el gobierno de algunos que se consideran los mejores y ni siquiera son una aristocracia. Es un grupo que se ha adueñado legítimamente del poder, al haber ganado las elecciones, pero con un ejercicio del poder que cada vez es más ilegítimo, porque fueron en contra de todas las promesas que habían hecho para ganar una elección. Hay retrocesos enormes en materia de derechos y en estos días se lo escuchó al ministro Dujovne decir que en muchas mesas le piden que dé marcha atrás con las jubilaciones que dio el kirchnerismo, cuando hubo más de tres millones de personas que pudieron jubilarse a través de dos moratorias”, subrayó.
Trabajo conjunto con gobierno
Frente a estos avances, Souto destacó la unidad interna en la provincia contra el ajuste nacional. “Los senadores tienen expresas directivas de la gobernadora de no votar un presupuesto con recortes. Los diputados nacionales que responden al FPV no hay votado ninguna de las leyes de ajuste que afectaran a trabajadores y jubilados, la posición de los municipios y del gobierno es firme y no van a ser parte de este ajuste. Que se haga cargo el gobierno nacional, que lo está haciendo a través de los DNU, pero después veremos si son ratificados o no por el Congreso, porque ya hay muchos gobernadores que han comenzado a descreer de las promesas”, aseveró.
“La gobernadora ha adoptado una postura firme frente a este ajuste y lo ha expresado en más de una reunión, además de hacerlo público. En este momento estamos todos unidos frente a esta política de ajuste tras ajuste, que todos sabemos cómo termina”, concluyó.
