Lo hizo el fiscal Diego Luciani al finalizar sus alegatos en el juicio oral. “Ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, sostuvo. La Vicepresidenta había instruido a su abogado, Carlos Berladi, para que pidiera una nueva audiencia para hoy, sin embargo, luego de que terminaran los alegatos y el fiscal Luciani pidiera 12 años de prisión para la ex presidenta, la solicitud no fue tomada en cuenta.
Buenos Aires.- El fiscal federal Diego Luciani pidió ayer que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.
“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.
En la audiencia de hoy (por ayer) el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.
Luego de la descripción de los hechos, Luciani pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal también solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.
Como conclusiones finales, la fiscalía le apuntó al presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”. “El Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran” y la ciudadanía es víctima.
El fiscal se refirió a las palabras de Alberto Fernández cuando habían detenido a José López en 2016. “Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, señaló. Pero subrayó que ahora el jefe de Estado buscó correr el foco de esas declaraciones. “Para defender puerilmente a su compañera de formula evitó hablar de los hechos probados en el caso”, aseguró.
La fiscalía se quejó porque “dirigentes políticos se desentendieron de la corrupción”. “La corrupción dejo de ser un tema de agenda política, se opto por eludirla y se evito hablar de las consecuencias”, afirmó. Fue así que recordó que la Oficina Anticorrupción, durante este gobierno, dejó de ser querellante en diferentes causas o la Unidad de Información Financiera, en esta causa, resolvió no acusar. “Esto demuestra un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz”, afirmó.
Según sus palabras, “algunos altos funcionarios del Gobierno actual se han atrevido a descalificar las investigaciones de graves hechos de corrupción como el único fin de menoscabar al poder judicial”, dijo Luciani, tras subrayar que “el poder de las mayorías no es absoluto”
“La misma imputada Cristina Fernández Kirchner desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que es el Poder Judicial” el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en cumplimiento de garantías constitucionales, subrayó. “Los gobernantes deben rendir cuentas de sus funciones”, afirmó.
Y cerró su alegato hablando de la violación a los derechos humanos cuando se cometen crímenes de corrupción. “La corrupción afecta el Estado de Derecho”. “Los fondos extraídos ilegalmente hubieran servido para paliar la pobreza”, resaltó. “De haberse procedido de manera eficiente, las rutas hoy estarían terminadas”, agregó.
Las acusaciones
A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.
Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años de prisión por abuso de autoridad. Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.
Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años de prisión.
Según se había resuelto, el juicio iba a continuar el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. Sobre el final de la audiencia, el defensor Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, formalizó el pedido de ampliar mañana su declaración indagatoria.
Aquí el resumen de los pedidos de penas:
Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.
Lázaro Báez, empresario. 12 años.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años
José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.
Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.
Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.
Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.
Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.
Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.
Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.
José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.
Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.
Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
El tribunal rechazó la solicitud de Cristina Kirchner para ampliar su indagatoria
La Vicepresidenta había instruido a su abogado, Carlos Berladi, para que pidiera una nueva audiencia para hoy, sin embargo, luego de que terminaran los alegatos y el fiscal Luciani pidiera 12 años de prisión para la ex presidenta, la solicitud no fue tomada en cuenta.
Luego de nueve audiencias presentando evidencias contra Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluyó este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Pidió que la Vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En ese marco, la Vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.
Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de media hora, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que no harían lugar al pedido de la ex mandataria y, de este modo, no le permitieron declarar hoy.
“Cumpliendo con la instrucción de mi representada, la doctora Fernández de Kirchner habrá de ampliar su declaración indagatoria razón por la cual me ha solicitado que introduzca esta petición para que la ampliación se produzca en el día de mañana, ya que es la ida inmediata subsiguiente a la finalización del alegato”, comenzó Beraldi su pedido durante la audiencia.
Y agregó: “No se trata de una solicitud sorpresiva. Quienes hemos escuchado con paciencia el alegato fiscal advertimos de una manera inobjetable que se han introducido cuestiones fácticas que en ningún momento fueron debatidas en el juicio y no estuvieron contempladas en el requerimiento de elevación, como la operación de ‘limpien todo’ o una situación en donde se habla de un apagón informativo. Esto requiere de manera imprescindible que fue objeto de esta imputación de una respuesta y nos permitirá efectuar después un alegato técnico”.
Luego de que se informara la decisión del Tribunal, Beraldi insistió y pidió que se revea la determinación: “Aquí no se trata que estemos duplicando o ampliando cuestiones que se pueden desarrollar en el alegato. Ahí es una respuesta técnica, pero previo a eso es imprescindible que se escuche a la Dra. Kirchner. Es su derecho constitucional. Es una vergüenza que se la limite para contestar las barbaridades que se dijeron en la acusación. Un imputado puede declarar cuantas veces considere necesario y no puede ser confundido con las ultimas palabras. Es imprescindible que revisen esta decisión porque se esta desnaturalizando este proceso. No es posible avanzar en este proceso sin que se escuche a la señora Kirchner”.
A pesar de esto, el Tribunal ratificó su decisión de no hacer lugar al pedido e informó que el juicio se retomará el 5 de septiembre.
En Tribunales receptaron el anuncio de la vicepresidenta con sorpresa. Si bien técnicamente cualquier imputado puede utilizar cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, ese período termina al momento de iniciarse los alegatos; que es el momento de evaluar, para cada parte, todo lo que sucedió en el proceso.
Cada acusado tiene la posibilidad de decir sus “últimas palabras” antes del veredicto, después de que hubiera hablado los acusadores y las defensas. Por eso, ahora, vendrá la discusión acerca de si la Vicepresidenta tiene posibilidad de hablar ahora. Una negativa por parte del Tribunal será leída por la acusada y sus seguidores como una nueva demostración de lawfare.
“Es un disparate que tiende a ensuciar el juicio. Los defensores debieron pedirlo antes del inicio de los alegatos. Ahora es etapa de alegatos”, afirmó a Infobae un funcionario judicial, quien lanzó una hipótesis de lo que podría ocurrir. “La otra posibilidad es que asuma su propia defensa como codefensora y que alegue. Jamás lo vi”.
Según el artículo 393 del Código Procesal Penal, “terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas. No podrán leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente (…) El presidente podrá fijar prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. En último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar, convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el debate”.
Desde el kirchnerismo insisten en una “persecución política”
A pesar de que la acusación del fiscal Luciani fue sustentada con chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideran que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”.
En ese sentido, hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.
Como anticipó el domingo Infobae, Luciani al concluir hoy el alegato tiene previsto pedir una dura sanción penal debido a que consideró probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner encabezó un armado ilegal para adjudicarle al empresario Lázaro Báez obra pública en Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó, pero cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.
Desde hace varios días, el kirchnerismo duro con La Cámpora a la cabeza, viene anticipando en forma pública que habrá una reacción masiva en el caso de que a la Vicepresidenta la condenen. El latiguillo que inundó las redes sociales con el sello camporista es: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
Por su parte, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue las más efusiva en su defensa y convocó a una pueblada para evitar que vaya presa. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una Puebla, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó Bonafini en un efusivo mensaje que brindó el viernes durante la entrega del pañuelo blanco al polémico intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.
De acuerdo a las acusaciones que se presentaron en el expediente de Vialidad, Cristina Kirchner permitió que Lázaro Báez ganara cerca del 80% de las licitaciones para hacer la obra vial de Santa cruz por más de 46.000 millones de pesos.
Además, Luciani constató que hubo licitaciones fraguadas en las que competían entre sí distintas empresas de Báez, que sólo cumplió a tiempo con dos de las 51 obras que se la adjudicaron, y 24 nunca fueron terminadas.
En medio del operativo oficialista para desacreditar la labor de la justicia, otro de los que salieron públicamente a defender a Cristina fue el canciller Santiago Cafiero, con quien la vice mantiene cierta distancia al considerarlo del “riñón” del presidente Alberto Fernández.
Desde su cuenta de Twitter, el canciller alertó que la “extrema derecha” buscar dejar fuera de carrera a Cristina para las elecciones de 2023. “Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @LulaOficial. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”, escribió el titular de la cartera de Política Exterior, ayer por la noche.
Más allá de la feroz interna que hay en el oficialismo, todos parecen haber cerrado filas detrás de Cristina. El objetivo es advertirle a la sociedad que detrás del fallo judicial hay, según su entender, una motivación política para que el Frente de Todos no sea reelecto.
