El contador Ramón Gallardo consideró que la separata del proyecto de presupuesto 2023 que habla de la revisión de los regímenes promocionales, en el caso de Tierra del Fuego está haciendo referencia al subrégimen industrial. Se basa en el índice que se consigna como recaudación que deja de percibir la Nación, en el que se tienen en cuenta sólo las exenciones de las empresas, no de la población en general. Hay varios aspectos del ajuste que preocupan, además de la posibilidad de reducir beneficios promocionales, como el revalúo inmobiliario contenido en el consenso fiscal, que alcanza tanto a bienes en zona rural como en zona urbana y, si bien los fueguinos están exentos de Bienes Personales, no ocurre lo mismo con el impuesto inmobiliario. Hoy la tasación es a valor fiscal pero un revalúo a valor de mercado dispararía los costos para todos los habitantes. Además habló de los beneficios de la resolución 47 de la Secretaría de Industria, sobre lo que ya dio charlas en la UTN y repetirá esta semana en Tolhuin, dado que lo considera “el subrégimen de los recursos naturales”, que no ha sido dimensionado todavía por las posibilidades que abre al permitir exportar como productos originarios aquellos que cuenten con hasta un 50% de insumos extra zona.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 y fue consultado sobre la preocupación expresada por el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, por la separata contenida en el proyecto de presupuesto 2023, y el reclamo a la clase política por no expresarse ante la amenaza a la continuidad de la 19640 y estar más preocupados por el 2023.
“Comparto que debemos estar todos unidos porque en la separata habla del régimen de promoción industrial, dice que está desde la década del ’70 y que se puso para incrementar la población en la isla de Tierra del Fuego; también dice que hay que hacer una revisión de la política pública, y la posible reducción gradual de beneficios. Es lógico que exista preocupación y a mi criterio esa separata habla del subrégimen industrial, no de los beneficios que tiene la población en general por la 19640”, aclaró.
Explicó que “cuando habla del 0,35% del PBI que significa el régimen, dice cómo llegan a ese número y habla de un 0,06% por la liberación del IVA, de un 0,06% por la exención de Ganancias de las empresas y de la exención de los derechos de importación, también de la reducción de impuestos internos, del 0,07%. Es decir que ese 0,35% está conformado por estos ítems y no menciona el impacto de la exención de impuestos para todos los habitantes de Tierra del Fuego, que no pagan Ganancias ni Bienes Personales”.
“Hay una escala y toda persona que supere un patrimonio de 6 millones de pesos, salvo que se trate de vivienda única, tiene que pagar Bienes Personales. Tampoco se menciona el impuesto a la transferencia de inmuebles en carácter oneroso que pagan personas físicas y sucesiones indivisas, que es del 0,15% por mil y nosotros no pagamos. No menciona la reducción que tenemos en créditos y débitos bancarios, donde la alícuota es del 6 por mil y nosotros tenemos una reducida”, apuntó.
“Es preocupante, pero a mi criterio está hablando del subrégimen industrial, porque habla de cuatro impuestos que conforman ese 0,35% vinculados con las empresas. No habla de los beneficios que tenemos como habitantes de la provincia, porque tendría que hacerse una cuantificación de Bienes Personales y de lo que el gobierno deja de percibir. Así que a mi criterio habla del subrégimen industrial y, en caso de tocarse, ya se hizo en 2020 con los impuestos internos. Teníamos una alícuota del 6,55% contra el 17%, que era un diferencial. Si una empresa traía un producto a Tierra del Fuego, pagaba 6,55% de tasa nominal, pero si ese bien lo importaban de un tercer país, pagaban un 17%. Había un diferencial del 10,45% a favor de la producción de la provincia y eso lo habíamos perdido por el decreto 974, que eliminó en forma gradual esa diferencia durante la gestión Macri. Durante 2020, para el presupuesto 2021, se volvió a establecer el diferencial del 10,45% y hay que ver si nuevamente vuelven a tocar los impuestos internos. Por algo lo mandaron al Congreso”, observó.
“Leí las declaraciones del diputado Stefani que dice que quieren llevar el déficit al 1.9 en 2023 y hay un 2.5% de prebendas impositivas, de muchos que no pagan, y ahí es donde entra la separata. El gobierno manda esto al Congreso para que revisen a todos los que tengan un privilegio y se expidan, y ahí cae el subrégimen industrial”, afirmó.
Productores afectados
Informó que “hace poco tuvimos una reunión en la Federación Argentina de la Industria Maderera, y como Federación estamos preocupados porque cayeron participaciones. Se quiere poner impuesto a las Ganancias a jueces y magistrados, tanto nacionales como provinciales. Acá van a estar cubiertos por la 19640 y es difícil que lo puedan tocar, pero crea otras cosas dentro de ese 2.5%, porque quieren aplicar impuesto a las Ganancias a las asociaciones civiles, cámaras, federaciones, y como federación estamos preocupados porque no deja de ser una asociación sin fines de lucro”.
“En el IVA hay todo tipo de alícuotas, la general es del 21%, hay una del 27% que se aplica al servicio de energía, luz, gas; y hay un 10,5% para determinadas actividades, donde está la construcción de viviendas y la medicina prepaga. Esa alícuota también la observó el FMI y quiere que se eleve al 21%. Esto está mencionado dentro del 2.5% y caería la construcción de viviendas. En la federación hay muchas empresas que hacen viviendas y hoy pagan el 10,5% del IVA y esta separata está queriendo que empiecen a pagar el 21%”, alertó.
“También habla de algo que puede afectar a la provincia, que son las contribuciones patronales. Los aportes personales son los que el empleador descuenta del recibo de sueldo -para obra social, jubilación, etc.- pero la parte que paga el empresario son las contribuciones patronales y hoy las pymes pagan el 18%. Lo quieren llevar al 20,40%. Hablan de la temporalidad y que no puede ser que las pymes sigan con el 18% mientras las grandes empresas pagan el 20,4%, y nos quieren equiparar”, sumó a la serie de gravámenes que se verían incrementados.
“Es otro tema que preocupa a la federación, que se caracteriza por nuclear a pymes, y pasarían a pagar el 20,4% por cada empleado. Hasta 655 empleados se considera una pyme y entrarían las grandes empresas en la provincia”, sostuvo.
“Otra preocupación del sector pyme es el cambio que quieren hacer porque les permiten tomar a cuenta el impuesto a las Ganancias y deducir el 100% de lo que pagan por la ley de cheque, y esto también lo quieren sacar. Todo eso es lo que mandaron en la separata y preocupa a más de un sector”, sentenció.
Para el contador hubo un acuerdo político con los gobernadores para que el peso del ajuste recaiga en los contribuyentes: “Creemos que dentro de estos acuerdos las provincias lograron que no bajaran un peso en asistencia social, ahora que llegan las elecciones”, manifestó.
Revalúo inmobiliario
Otro aspecto no vinculado a la separata pero sí al consenso fiscal, es cuánto terminaremos pagando por impuesto inmobiliario: “El revalúo está contemplado dentro de Bienes Personales y nosotros estamos exentos de ese impuesto, pero no del inmobiliario. El OFEVI, que es el organismo federal de valuaciones de inmuebles, va a estar a cargo y esto se firmó en el consenso fiscal, que ya es ley. Se van a revaluar tanto los inmuebles rurales como los urbanos a nivel nacional. Las provincias van a pasar sus datos catastrales a este organismo, y dicen que se puede cobrar una alícuota del 0,5 al 2%, pero ya sobre valores revaluados. Acá no pagamos Bienes Personales, pero no nos salvamos del impuesto inmobiliario, que hoy se paga a un valor fiscal”, dijo, lo que cambiaría drásticamente para los bolsillos de los argentinos si se calcula a valor de mercado.
El “subrégimen de los recursos naturales”
El contador estuvo disertando en la UTN sobre la 19640 y el 4 de octubre repetirá la charla en Tolhuin. Planteó la posibilidad de fabricar viviendas del tipo canadiense que “podrían exportarse al continente”, porque se reconoce por una resolución que con hasta un 50% de agregado de materiales extra zona, pueden acreditar origen.
Se le preguntó si tomó contacto con Mirgor, que ha comenzado a incursionar en un tipo de vivienda sustentable. “Lo que he escuchado es que se trata de contenedores que están tratando de adaptar, pero no he tenido contacto. Seguramente vamos a charlar.En Tolhuin hubo dos o tres aserraderos que hicieron viviendas en la gestión anterior y les costó cobrarlas. Al día de hoy se canceló la deuda y son viviendas más bien sociales, de tipo modular. A lo que yo apunto en la disertación es a viviendas de categoría superior. Si visitan barrios de Ushuaia, como los de Preto, van a ver las viviendas canadienses totalmente de madera, y la resolución permite hoy un agregado del 50% de elementos extra zona, como plásticos, chapas, herrajes. Cuando se firmó la resolución 47 de la Secretaría de Industria no fue dimensionada, porque la provincia es rica en recursos. Salió el 5 de junio de 2018, es decir que tiene tres años, y yo la llamo el subrégimen de los recursos naturales, que no se supo aprovechar”, lamentó.
“En el subrégimen industrial el insumo básico es importado y en este que yo llamo subrégimen de los recursos naturales, los insumos los tenemos en la provincia. Tenemos el petróleo con el decreto 1049 y la resolución de recursos naturales. La reglamentación del decreto hizo posible la reactivación del proyecto Fénix, con una inversión de 700 millones de dólares, y con la resolución se pueden hacer muchas cosas. Si hablamos de cannabis, perfectamente se puede hacer el aceite, porque cuando la 19640 habla de producto originario en el reino vegetal, dice que es el ‘cosechado y recolectado’. La semilla de cannabis no es de Tierra del Fuego, pero puede ser cosechada y recolectada la producción y es totalmente exportable. Si hablamos del hidrógeno verde, utiliza la fuerza del mar y la energía eólica, y termina en un combustible que puede reemplazar el gasoil y las naftas; también ahí se están usando los recursos naturales. Si hablamos de la pesca, he tenido la posibilidad de visitar Vigo, que exporta a todo el mundo y nosotros somos consumidores, pero acá se puede envasar el pescado”, dijo de todas las posibilidades.
“Esta resolución nos dio un vuelo que hay que saber aprovechar y hasta ahora hay tres proyectos aprobados: el de mantas de turba para absorción de petróleo, el de aguas Khami de Tolhuin, y algunas puertas con herrajes que se exportaron. De allí estas disertaciones, en la UTN y ahora en Tolhuin, donde tuve buena apertura de parte del intendente Harrington, y voy a ir acompañado del vicepresidente de la Cámara de la Madera, Ramón Rivero”, adelantó.
Rivero había planteado la fabricación de pelets y “es otro elemento en base a recursos naturales”, señaló Gallardo, asegurando que “cuando la empresa esté en marcha, no va a necesitar de dólares, sino que va a permitir que ingresen porque lo puede exportar; lo mismo las plantas de procesamiento de pescado, el hidrógeno verde, el gas y el petróleo. Estas actividades atraen dólares y vamos al revés, porque a eso tenemos que apuntar cuando hablamos de ampliación de la matriz productiva”, remarcó.
Retraso en la conformación del fondo
Con respecto a la demora en la constitución del fideicomiso al que deben aportar las empresas radicadas, para destinar fondos a ampliar la matriz productiva, recordó que “el dinero lo va a manejar BICE S.A. que es un fideicomiso y, como se atrasó todo, se dieron 120 días más. El plazo vencería aproximadamente el 11 de enero de 2023, y los miembros del comité ejecutivo van a decidir qué proyecto aprueban, incluidos los que presenten los municipios. Hay fondos que no son reembolsables, destinados a obras que impliquen el desarrollo y la ampliación de la matriz productiva”.
“Más o menos hay 17 electrónicas entre las aportantes, 6 del plástico, 2 pesqueras y una de químicos. En total son 26 porque las textiles no pueden adherirse. Se hablaba de 10 mil millones anuales cuando el dólar estaba a 97 pesos. Aproximadamente son 100 millones de dólares anuales, y hay que deducir el 3%, que va a usar el comité ejecutivo por administrar esto. De ese total, el 60% es para proyectos de explotación de recursos naturales para ampliar la matriz productiva y el 40% para obra pública orientada al desarrollo.
Terra Ignis puede presentar proyectos de ampliación de la matriz productiva, no el Estado provincial porque en ese caso sería para obras de infraestructura. Tolhuin puede presentar un montón de proyectos relacionados con el parque industrial que está haciendo, y esto lo hablé con Daniel Harrington, para contar con servicios básicos para el desarrollo, como son agua, luz y gas”, concluyó.
