El abogado del gremio que nuclea a los trabajadores de CityBus expuso un conflicto generalizado por el incumplimiento de la empresa Angus Catering, adjudicataria del servicio de transporte público en Río Grande, que está pagando la mitad del sueldo fijado en la escala salarial y “el 100% es en negro”, porque hace dos años y medio no pagan aportes y contribuciones, dijo. Cuestionó la actitud de los responsables que, ante el reclamo de los trabajadores, han procedido al despido sin causa, e informó que son varias las demandas iniciadas, a las que se sumarán entre 15 y 20 más, por otros choferes que se han animado a accionar. La empresa sigue cobrando 600 mil pesos mensuales por unidad del municipio y son 21 colectivos, más el subsidio del transporte que son 80 millones de pesos anuales y del boleto estudiantil, y “todos son fondos públicos”, remarcó Rossi, recordando que legalmente el municipio es “responsable solidario” y se está acumulando una deuda multimillonaria que lo podría afectar.
Río Grande.- El contador y abogado Paulino Rossi explicó por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 el alcance del conflicto de los trabajadores de Citybus, que comenzó en Río Gallegos y se trasladó a Río Grande. “Yo soy el representante legal del sindicato, pero esto no es un problema de discusión sindical, sino que hay un conflicto de intereses con una persona que tiene un cargo a nivel patagónico junto con Aguilera. Por el rol que estaba cumpliendo en la empresa llegó al extremo de ser testigo de parte a favor de la patronal en la demanda que iniciamos, testificando en contra de los trabajadores. Se le quitó la adscripción y actualmente es personal dependiente de la empresa, sigue teniendo el cargo, pero fue separado de las funciones dentro del sindicato”, señaló sobre la interna gremial.
“La situación es generalizada, si bien se ha hecho más evidente por algunos trabajadores que fueron despedidos. Nosotros empezamos a tomar distintos casos individuales, pero empezamos a ver que era una situación generalizada. La empresa estaba liquidando mal los sueldos, hay gente que tenía un 50% de diferencia entre la escala salarial vigente y lo que liquida la empresa; y la situación se agravó porque hace más de dos años y medio está pagando en negro. Esto empezó en la pandemia, y fue una avivada porque el servicio nunca paró. Lo utilizaron como mecanismo y al día de hoy no pagan aportes y contribuciones, y abonan los salarios como no remunerativos. Podría entrar dentro de una figura penal económica, pero eso lo tiene que determinar la AFIP”, observó.
“En Ushuaia están pagando como corresponde la escala salarial y ahí tenemos un ejemplo cercano de que no es como lo está planteando la empresa en Río Grande y Santa Cruz, donde la escala salarial vigente es la misma. Hay dos ciudades en toda la Argentina que tienen un conflicto generalizado, y son Río Grande y Río Gallegos desde hace un tiempo, con este grupo empresario, junto con otra firma subsidiaria, pero con el mismo personal directivo. Han tomado la misma actitud y en Río Gallegos el conflicto es mayor porque hay una paralización total del servicio”, dijo.
Fondos públicos en juego
El Secretario de Finanzas había señalado a este medio que por cada unidad el municipio está pagando 600 mil pesos mensuales por unidad, y alrededor de 80 millones anuales por el boleto estudiantil. “Eso es lo que agrava más la situación porque a la ciudad de Río Grande le sale muy caro mantener este servicio de transporte público, y se paga con fondos públicos. Esta actitud de la empresa de pagar menos salarios y en negro, es robar los aportes y contribuciones de los trabajadores, que son fondos de los vecinos de la ciudad”, cuestionó Rossi.
“El municipio les paga en tiempo y forma y sobre la totalidad. La empresa fue muy prepotente en una primera instancia y, al prolongar en el tiempo esta actitud de no pagar aportes y contribuciones, se empezó a evidenciar la problemática en los jubilados, que no tienen los aportes y ven licuada su jubilación. Quedan condenados de por vida, porque los últimos años son los que más fuerza tienen en el cálculo del haber jubilatorio”, enfatizó.
“Hay muchos jubilados que están llevando adelante el reclamo y no es común ver que lleven acciones los jubilados contra su patrón, por no querer regularizar y pagar los aportes. Hoy la empresa paga el 100% de los sueldos en negro, y a su vez paga la mitad de lo que debería ser. Hay meses que la diferencia es del 50% con la escala salarial vigente. Son dos problemas muy graves y por eso se está empezando a judicializar. Hay casos individuales y además se origina este reclamo general por parte del sindicato. También hay acciones en el Ministerio de Trabajo”, informó.
Ante reclamo, despido
Relató que “cuando empezaron a plantearse los reclamos, la actitud de la empresa fue echar al personal que estaba reclamando. En este último tiempo echaron más de 7 personas, tomó intervención el Ministerio de Trabajo de Nación y la empresa no los reincorpora, se niega a reconocer al Ministerio de Trabajo de Nación en este conflicto en Santa Cruz y Río Grande. Ante una postura tan intransigente, es entendible que el sindicato esté tomando medidas directas”.
“Desde el sindicato se está tomando con responsabilidad el caso, porque la primera medida de corte de servicio fue un sábado a la mañana, para minimizar el impacto en la sociedad. No hay una intención de perjudicar al vecino, que es la razón de ser del transporte público y es el sector más vulnerable de la sociedad. Obviamente las medidas van a escalar si la empresa no depone su actitud, más allá de las acciones judiciales, que tienen su tiempo y ese tiempo no condice con la necesidad del trabajador que tiene que cobrar su sueldo”, anticipó.
“El municipio paga 600 mil pesos por mes, hay que sumar el subsidio del combustible, y que todas las unidades que compró la empresa fueron con tasa subsidiada del Banco Tierra del Fuego, donde también aportamos todos los fueguinos”, apuntó.
Sin medidas del municipio
Consultado sobre la actitud de la municipalidad, que debería exigir el cumplimiento de las leyes laborales, dijo que “a principios de año hicimos un planteo al municipio sobre lo que se estaba viviendo. En vísperas del 2 de abril hubo una movilización grande y vino gente de Río Gallegos a expresar esta situación. Nosotros consideramos que el municipio es responsable solidario, pero plantearon que recién cuando haya una sentencia judicial firme van a tomar acciones. Creo que se podría tomar una actitud más activa, sobre todo por el tiempo que ha pasado”, consideró.
“Esto se planteó ante el Tribunal de Cuentas, donde se presentaron un par de notas, y estamos usando todos los canales administrativos y legales, porque de hecho presentamos la demanda. Cuando uno no tiene respuesta, obviamente hay que ir tomando distintas acciones. No queremos distraernos del responsable primario. Acá hay una SRL que es una empresa de amplia trayectoria en la ciudad y la provincia, que jamás tuvo problemas. Como empresa de catering jamás tuvo un conflicto sindical. Ha hecho una unidad de negocios vinculada con el transporte público y ha delegado el manejo a ciertos gerenciadores que han tomado esta postura intransigente, generando este conflicto, pero el principal responsable es la empresa Angus Catering”, precisó.
“Sin duda hay otras instituciones que podrían accionar, pero nosotros no queremos distraer la atención en esta primera etapa y la empresa es la que tiene que cumplir con las obligaciones con los trabajadores. Después veremos los demás mecanismos”, señaló.
Respecto de los responsables, indicó que “el socio mayoritario siempre fue el señor Gustavo González, que tiene su empresa de catering y provee del servicio hace mucho tiempo a las fábricas electrónicas, y creo que el gerente en Río Grande es el señor Norberto Ocorso. Desconozco el resto de la composición societaria, pero es una empresa muy sólida, que tiene un patrimonio muy grande, y de hecho esto le permitió presentarse en el segundo contrato más importante del municipio”, subrayó.
“Hoy tenemos 7 despedidos en Río Grande y un número similar en Santa Cruz. El Ministerio ordenó que los reintegren y no lo han hecho. Hicimos los reclamos en el Ministerio de Trabajo de la provincia también, y al día de hoy se niegan a presentar los libros de salarios y jornales para hacer las auditorías. No hemos podido acceder a esa información. Estamos preparando alrededor de 15 ó 20 demandas de personal que se ha animado a plantear esto a la patronal, pero todos los empleados están en las mismas condiciones. Lo real y cierto es que, al que reclaman, lo echan. El que reclama algo es despedido de la empresa y el caso emblemático es el de Carina Camacho, que es la primera choferesa de la ciudad y ha sufrido maltrato psicológico y fue dañada su salud producto de la actitud de la empresa. Es el caso más grave, además de emblemático, y rescato la valentía de ella porque fue la primera empleada en actividad que se animó a reclamar. Por eso fue despedida”, afirmó.
Sin ingresos
La preocupación mayor de Rossi es que “el proceso judicial no es rápido, y se está generando una deuda millonaria hacia los trabajadores y hacia los organismos de seguridad social. Esto podría afectar a la municipalidad porque es responsable solidaria”, advirtió.
“Un juicio como rápido toma dos años y acá hay gente que fue despedida sin justa causa que no tiene su sueldo a fin de mes. Es difícil compatibilizar la necesidad de muchos trabajadores que fueron despedidos incluso con carpeta médica y ART. Esto va a tardar lo que tarda un proceso judicial y por eso seguramente se van a seguir tomando acciones sindicales directas en defensa de los derechos colectivos de los trabajadores”, concluyó.
